La burguesía aceita su aparato represivo
Se promulgo la ley Nain Retamal, que busca fortalecer el aparato represivo del estado burgués, garantizando mayor impunidad a policías, militares y servicios de inteligencia, con la figura de “legítima defensa privilegiada”. La ley fue rápidamente aprobada por las cámaras del congreso, lo que luego termino en su promulgación por parte del Boric.
Con la muerte del Policía pudimos ver como se montó todo un funeral del estado donde acudieron prácticamente todos los representantes de los “poderes” del estado burgués. Todos los sectores políticos de la burguesía pidiendo más y más represión, y un lavado de imagen de políticos verdugos del pueblo, etc, presentando a los pacos como víctimas, si hasta el criminal Claudio Crespo que cegó a Gustavo Gatica y atacó a tantos otros llegó a hablar en el televisado funeral.
Con la excusa de combatir el narcotráfico, que el mismo imperialismo y que los estados semicoloniales regentean como “parte de su economía no formal”, en connivencia y protección de los descompuestos aparatos represivos, lo que subyace en la discusión del fortalecimiento de la policía y la optimización de la función represiva del estado, es que la burguesía se prepara para tener una máquina más aceitada para cuando se agudice la lucha de clases. Por eso la militarización de la Araucanía y en las fronteras, y es que quieren anticiparse para evitar cualquier cuestionamiento por “violación de derechos humanos”, de eventuales procesamiento a represores, una suerte de amnistía anticipada por parte de ésta “ley del gatillo fácil”.
Debemos tener claro que conscientemente la burguesía sintió la fuerza de la clase obrera durante la semi-insurrección del Octubre del 19, donde acciones de paralización parcial de la producción, y la intervención de amplios sectores de masas que de forma espontánea, con los límites que imponen la falta de conciencia y organización, se enfrentaron a la maquinaria represiva estatal, que no dudó en asesinar, mutilar, encarcelar y torturar a los que luchan, masificó una experiencia de masas y de las nuevas generaciones en el enfrentamiento al aparato de estado.
Ésta experiencia intentó ser truncada por una batería de elecciones y procesos de reforma al descompuesto anadamiaje jurídico del semi-estado, en un desvío que no cuajó. En el mismo proceso, la cooptación de amplios sectores del activismo en lucha y de la pequeñaburguesía, acompañaron la farsa de apoyar a Boric y el fantoche constituyente en una supuesta lucha contra “el fascismo”. El coro histriónico “antifascista” provenía centralmente de las alas izquierdas de la democracia burguesa, como el PC o Convergencia Social, etc. Lo que motiva a éstos militantes “sociales”, además de las prebendas y repartijas de cargos estatales, es su norte por instrumentar, en medio de una acelerada descomposición mundial del capitalismo, la conciliación de clases, entre la burguesía y el proletariado, subsumiendo éste a la ofensiva patronal e imperialista, conciliación base reaccionaria del bonapartismo pequeñoburgués. Hoy de forma disciplinada se alinean tras esta cobertura de impunidad para fortalecer a la policía, a la que se suman leyes como la de “infraestructura crítica” para solicitar la intervención militar en caso de huelgas obreras y con ello aceitar el aparato represivo, haciéndolo más eficiente para la lucha de clases.
El pueblo trabajador debe reivindicar a sus propios y genuinos mártires, y no tener ninguna muestra de conmiseración ante los Pacos y policías en general, lúmpenes que organiza el estado burgués, que desde su génesis la burguesía los organizó como “brazo” de la represión estatal contra la clase trabajadora y el pueblo para defensa de la propiedad privada capitalista.
Las atrocidades cometidas por las policías contra la clase obrera son innumerables, habría que recordar cómo fueron parte de la eliminación de compañeros durante la dictadura militar y las cometidas durante el levantamiento de octubre; como decía León Trotsky, un policía es burgués al servicio del estado capitalista. La clase obrera debe organizarse incluso en el plano militar para enfrentar a la policía que es parte de sus enemigos de clase y de su estado.
Se conmemora un nuevo 29 de marzo del joven combatiente, donde reivindicamos el arrojo de esa juventud que se enfrentó a la represión estatal de Pinochet, debiendo sortear persecuciones, cárcel, tortura, asesinatos, etc. Asimismo reivindicamos a la juventud que ha salido a luchar el 2006 y 2011, así como en el 18O, y la viene protagonizando luchas en Perú contra la represión Boluarte, y la juventud que interviene en las luchas de la clase obrera en Francia.
El gobierno de Boric ha sido continuidad en la represión hacia el pueblo y a la clase obrera, ha salido recientemente a dar un “espaldarazo” a esa institución lumpen como son los Carabineros y la Policía, ha acelerado la agenda de “seguridad” y pretenden desde la UDI al PC darle manga ancha a la policía para reprimir mediante leyes que les aseguren mayor impunidad. Si ya las mutilaciones, asesinatos y atrocidades cometidas por esta institución podrida durante el levantamiento de octubre y posteriormente había quedado casi sin sanción, ahora el margen para dar rienda a la represión será mayor contra la juventud y los trabajadores. Ya lo vemos con la represión constante contra las movilizaciones estudiantiles, la implementación de medidas de expulsión de alumnos, y los ataques a las organizaciones estudiantiles.
Una nueva generación de jóvenes comienza a salir luchar y organizarse, enfrentando las consecuencias de la descomposición capitalista y la ofensiva de la dominación imperialista.
Es necesario que en esta nueva generación se forjen la militancia revolucionaria e internacionalista, que impulsando las luchas de la juventud como fuerza auxiliar de las luchas de la clase obrera, salga a luchar para enfrentar la crisis del capitalismo en descomposición, como lo viene haciendo en Francia, por ejemplo, como ya lo ha hecho en el pasado.
Luchemos por construir la organización de la juventud revolucionaria, levantemos las banderas de la juventud cuarta internacionalista.
¡Abran paso a la juventud!
¡Abran paso a los hijos de la clase obrera!
O terceiro mandato de Lula/PT se aproxima de completar 3 meses, eleito na esteira da onda rosa, que recoloca no poder na América Latina governos de frente popular. Expõe o desbotamento político desses setores e reafirma a fragilidade desses governos diante dos processos de crises que se aprofundam pelas tendências abertas pela pandemia e pela Guerra na Ucrânia e, sobretudo, diante da política do imperialismo estadunidense na busca da recuperação da sua hegemonia econômica e da de assimilação dos ex-Estados operários, especialmente Rússia e China. Cenário esse que acirra as disputas por mercados, pelo controle de recursos naturais, pelo monopólio de semicondutores e pelo controle das cadeias da produção.
O prolongamento da Guerra na Ucrânia, a tendência cada vez mais concreta de recessão mundial, preconizada pelo organismos internacionais, a persistência da alta inflacionária, e, internamente, a pressão do rentismo e da oposição bolsonarista enraizada socialmente e em maioria no congresso nacional, exigem do atual governo um alinhamento estreito com setores do capital monopolista e da burguesia nacional.
Mesmo com a recrudescimento do regime após os eventos de 08 de janeiro apoiado e aplaudido pela esquerda reformista, a polarização política segue aberta, e Lula se mexe para atuar na reestruturação de sua relação com as forças armadas e auxiliares e com as instituições da democracia burguesa em sua relação com as massas. No entanto, está claro que a governabilidade e as condições políticas necessárias para o cumprimento das promessas de campanha dependerão da consolidação da frente ampla, inclusive com os bolsonaristas.
Conter a grave crise social que assola o Brasil terá um alto custo político e econômico. Desde o governo de transição, o discurso é de que o orçamento está depauperado. A dívida pública bruta beira a 7 trilhões, ou 74% do PIB, continuará restringindo fortemente o poder de investimento do governo. A nota do diretório nacional do PT, publicada em meados de fevereiro, apresenta um projeto de defesa da democracia, um governo popular e soberano. Todavia, logo na largada teve de recorrer ao congresso, e bancar a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para aprovar uma emenda constitucional que permitisse governar fora do teto de gastos. Essa nota busca convencer que esse governo colocará o Estado burguês em prol dos trabalhadores; engodo maior não há.
Diante dessas barreiras, a estratégia foi girar as ações para a política externa, e recolocar o país na cena política mundial depois dos anos de isolacionismo adotado por Bolsonaro. Desde a cúpula da CELAC, Lula vem tentando remontar o papel de liderança na América Latina, mas, principalmente, de parceiro de primeira hora dos EUA, sem constranger os interesses chineses, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil.
Dessa forma, os EUA querem pôr um freio no avanço chinês sobre as semicolônias da região. Têm o objetivo de que o Mercosul seja um obstáculo aos interesses da nova rota da seda da China. Para tanto, vê no atual governo brasileiro uma peça-chave para que os Estados semicoloniais latino-americanos se submetam aos interesses imperialistas. Não à toa, Lula vem tentando acelerar o acordo de livre comércio entre UE e Mercosul.
A visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil e o encontro de Lula com Biden, nos EUA, no fim de fevereiro, serviram para acelerar esse realinhamento. Em Washington, na pauta estava o combate à extrema direita e a defesa da democracia, e mais centralmente o debate acerca do papel norte-americano no Fundo Amazônia, financiado por Noruega e Alemanha. Biden exerceu pressão para disciplinar Lula acerca da questão da Guerra na Ucrânia. Depois dessa visita, na ONU, o Brasil, quando se completava um ano do conflito, votou pela resolução que exigia a retirada das tropas russas da Ucrânia. Mas, para além do alinhamento com o imperialismo e na tentativa de se demonstrar como um grande estadista, Lula propôs a criação de um “clube da paz", para negociar o fim da guerra.
Já acerca do debate amazônico, o que está posto é que a “preservação” da floresta e a defesa dos territórios dos povos originários também são foco de negócios burgueses. Por trás da questão do desmatamento e a problemática do aquecimento global, temas com forte apelo popular no imperialismo, está o interesse pela exploração recursos naturais da região amazônica, suas riquezas minerais, sobretudo, as terras raras, matéria prima fundamental para o controle da cadeia de semicondutores, fundamentais para o desenvolvimento da indústria 4.0, produção dos automóveis elétricos e as altas tecnologias. Por tanto, o discurso de preservação do meio ambiente não passa de cortina de fumaça, se na ordem do dia não estiver a superação do modo de produção capitalista. Da forma que está posto, servirá apenas para camuflar o avanço dos interesses dos monopólios da mineração, do capital financeiro vinculado à denominada economia verde.
Essa movimentação na política externa desloca o foco da crise interna que segue aberta. A previsão de crescimento abaixo de 1%, a inflação que persiste e segue corroendo o poder aquisitivo dos trabalhadores, o alto desemprego que repercute o profundo processo de desindustrialização, a grave crise de solvência em grandes empresas do varejo, (vide caso “Americanas”) e as demissões das gigantes da computação são elementos que implicam na dimensão da grave crise social, que ganha contornos de barbárie com o flagelo da fome no território Yanomami, as denúncias de trabalho análogo à escravidão em grandes vinícolas no Rio Grande do Sul e a catástrofe das enchentes no litoral norte de São Paulo.
Esse cenário exige que o governo avance com o anúncio de medidas que mitiguem essa crise. Todas as medidas do governo figuram no campo das ações afirmativas que pautam as demandas movimentistas e amplia as mãos do Estado para remediar uma possível explosão social. Pauta essa que vai ao encontro com as políticas apresentadas pelas esquerdas reformistas e centristas, no qual apontam o estatismo como saída para os trabalhadores. O governo de Lula tem se ancorado no reajuste do salário-mínimo, no reajuste da bolsa para pesquisadores universitários e na manutenção de programas como o Bolsa Família, no valor de 600 reais; programas estes que tinham sido negligenciados pelo governo anterior. O discurso do PT é de construção de um estado de bem-estar social, que precisa estar na agenda do governo. Só esqueceram de combinar com os seus parceiros da frente ampla.
Para dar conta desse suposto estado de bem-estar social petista, Fernando Haddad, ministro da economia, vem se equilibrando entre os arroubos de Lula contra o mercado financeiro, a política de preços dos combustíveis da Petrobrás, a alta taxa de juros do Banco Central e a tarefa de fazer a economia acelerar. Para tanto, aponta a necessidade de aprovação da Reforma Tributária. Nessa linha, um pacote de medidas foi apresentado visando um ajuste fiscal. O objetivo é transformar o rombo previsto nas contas do governo federal para este ano, de R$231,55 bilhões, em um superávit de R$11,13 bilhões. Segundo Haddad, o déficit deve ser reduzido para o patamar de 0,5% a 1% do PIB. Um dos principais pontos dessas medidas é o retorno do imposto federal sobre os combustíveis, que havia sido suspenso por Bolsonaro; medida cara ao governo, pois pressiona a inflação dos alimentos.
Fato é que esse o cenário econômico recessivo, exige que os trabalhadores se organizem para defender seus interesses e responder a altura ao aumento da exploração e à barbárie a qual estamos submetidos. Todavia, as direções políticas e sindicais da classe trabalhadora restringem-se a exigir, que o governo revogue as Reformas aprovadas por Bolsonaro: a trabalhista e previdenciária e, na educação, a reforma do Ensino Médio, bem como a suspensão do pagamento da dívida pública. O governo já acenou que não o fará e mesmo assim, nenhuma mobilização é encampada. Greve geral é palavra proibida. Concretamente, o fato é que centrais sindicais e movimento sociais abraçaram o governo, com a desculpa de defesa da democracia contra o bolsonarismo, recrudesce cada vez mais as instituições do estado burguês. No Brasil sob os desígnios de Lula, lutar hoje pode ser uma ação terrorista. Portanto, a política dessas direções será o de conter qualquer luta que tente se erguer daqui para a frente com o argumento de que o governo precisa de tempo e que a tarefa central dos trabalhadores é defender a democracia das garras da extrema direita.
O centrismo trotskista repete o discurso da independência de classe contra o golpismo e o bolsonarismo, pelas liberdades democráticas. Caracterizam que as eleições não derrotaram a extrema direita, mas a vitória eleitoral de Lula/Alckmim foi uma conquista da classe trabalhadora. Dessa forma, defendem o regime democrático burguês e a frente ampla de Lula/Alckmim em última instância. A cada nota, a cada discurso, mostram-se cada vez mais distantes estratégia da revolução e da ditadura do proletariado, transformando cada vez mais a ideia de “independência de classe” numa possível ação parlamentar que melhor atenda os direitos dos diversos segmentos populares. O corte de classe está longe de qualquer análise, reivindicações e consignas.
Para nós, trabalhadores, não há caminho possível pelo Estado burguês. Para isso, é urgente batalhar pela recuperação dos nossos sindicatos e centrais das mãos da burocracia que tem atuado cada vez mais na supressão de qualquer democracia sindical e para impedir qualquer possibilidade de luta organizada e, internamente, lutar contra a adaptação do centrismo ao regime democrático burguês. Só assim, poderemos organizar o enfrentamento aos governos de turno. Para nós, trabalhadores, a política não pode ser a defesa da democracia burguesa, mas a construção do Partido Revolucionário, sob a IV Internacional, que coloque em marcha o programa transicional à ditadura do proletariado.
"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres" [Rosa Luxemburgo]
El 8 M conmemoramos el día internacional de la mujer trabajadora, fecha instaurada a partir de una gesta obrera de fines del siglo XIX en el corazón de EEUU que puso a las mujer trabajadora en primera fila contra la desigualdad salarial, por la disminución de la jornada de trabajo, el acoso y vejación de patrones y las condiciones laborales paupérrimas. Esa gran lucha fue respondida con el incendio de una fábrica textil donde murieron más de 120 trabajadoras, encerradas con llave por sus patrones para ser consumidas por las llamas, en un acto más de brutalidad de la esclavitud asalariada. Aunque el 8M fue fijado por el inicio de la Revolución Rusa en Febrero (8 de marzo según nuevo calendario) donde el impulso de la conquista del primer Estado Obrero fue dado por las mujeres trabajadoras rusas derrocando al zar.
Cientos de luchas revolucionarias protagonizadas por la clase obrera y el pueblo, teniendo como protagonista decidido y abnegado a la mujer trabajadora, lograron arrancar a la burguesía algunas concesiones mínimas como el derecho al voto, la incorporación al trabajo o los derechos de descanso pre y posnatal entre otros.
Sin embargo, la sociedad capitalista en descomposición torna cualquier reforma en ilusoria volviendo a relegar a la mujer trabajadora a labores domésticas continuamente, siendo parte del ejército de reserva, utilizada su fuerza de trabajo para bajar los salarios y precarizar las condiciones de vida de las familias obreras.
La farsa del feminismo burgués y pequeñoburgués de colocar paridad o cupos de mujeres en cargos políticos, de dirección de empresas o en las instituciones represivas, puede haber aumentado la presencia mujeres en los cargos de administración de los negocios de la burguesía, mientras las condiciones de explotación de nuestra clase y de la mujer trabajadora en particular siguen empeorando. La política de “no discriminación” por género hecha ley, sólo aplica para cargos iguales, no para las concentraciones obreras como la industria alimenticia, supermercado o las empresas de limpieza donde la mayoría son mujeres trabajadoras que apenas ganan un poco más que el salario mínimo. La crisis que acentuó la pandemia aumentó la desocupación de la mujer trabajadora en mayor medida sin considerar el impacto en el sistema de salud, lo que agrava las deplorables condiciones de la salud reproductiva, las labores de cuidados, etc.
El 8 M fue puesto en el centro por las mujeres socialistas a principios del siglo XX. Ellas se delimitaban claramente del feminismo “las feministas burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del sexo femenino en el marco de la sociedad burguesa, a través de una lucha entre los sexos y en contraste con los hombres de su propia clase, no cuestionan la existencia misma de dicha sociedad. Las mujeres proletarias, en cambio, se esfuerzan a través de una lucha de clase contra clase, en estrecha comunión de ideas y de armas con los hombres de su clase – los cuales reconocen plenamente su igualdad – por la eliminación de la sociedad burguesa en beneficio de todo el proletariado.” [Clara Zetkin]
Las actuales marchas del 8M han tomado un carácter reaccionario al expulsar de su participación y lucha a trabajadores, jóvenes y militantes que levantan la liberación de la mujer de toda forma de opresión. Central responsabilidad la tienen las direcciones de la izquierda centrista quienes de forma oportunista se han hecho eco del feminismo burgués y pequeñoburgués llegando a modificar sus programas, suplantando la necesidad que los militantes se levanten contra toda injusticia y forma de opresión, por exigencias de reformas de inclusión al aparato estatal burgués o institucional. Del mismo modo han obrado con las “posmodernas” políticas burguesas “identitarias” relegando la lucha de clases y fragmentando a nuestra clase en disputas de géneros e individualidades.
Es prioritario recuperar el 8M como un día de lucha, organización y combate de nuestra clase, con la mujer trabajadora en la primera fila, por la liberación de la mujer de toda forma de opresión que inscribirá la clase obrera en la tumba del capitalismo.
“El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general” [Marx]
Paso a la Mujer Trabajadora
Em 24 de fevereiro de 2022, Putin, no que chamou “Operação especial”, invadia a Ucrânia para impedir o avanço da OTAN na zona e a possível incorporação deste país como membro de tal instituição.
Há um ano dessa invasão, a operação especial fracassou e a guerra segue se desenvolvendo. A Ucrânia, com o apoio da OTAN, segue resistindo ao ataque russo e conseguiu atolar a frente militar da Rússia, inclusive fazendo que retroceda em algumas zonas conquistadas ao longo do conflito.
A guerra se desenvolve em meio a uma crise mundial, com o recuo da pandemia, o que agudizou e acelerou esta situação, levando a economia mundial a um processo de recessão, com inflação e tendências a depressão. A extensão da guerra sem saída aparente, pelo menos no curto prazo, gera grandes desequilíbrios políticos nos regimes com intervenção em alguns lugares de processos de massas; alguns mais diretamente vinculados à guerra, como as mobilizações que levaram à queda do governo na Moldávia, e outros estimulados pelas consequências da mesma, como as greves por salário na Grã-Bretanha, França e outros países europeus.
Nesse cenário, se mesclam uma linha diplomática de saída do conflito com uma política mais belicista de preparação frente a uma escalada militar mais ampliada. A Rússia rompe pactos em acordos nucleares e simula uma ofensiva no campo militar na Ucrânia. Os EUA anunciam maior apoio militar e econômico para a Ucrânia e com isso disciplina a UE e os países que são parte da OTAN. A China tenta mediar frente estas linhas, buscando manter sua aliança com a Rússia, mas buscando outro interlocutor interno na Rússia que não seja Putin. A China busca uma negociação para um hipotético processo de paz, defendendo plebiscitos pela autonomia na zona do Donbass, e que a Criméia continue nas mãos da Rússia, mas que se retire militarmente no resto da Ucrânia.
A OTAN utiliza este conflito bélico para acelerar o processo de assimilação dos ex-Estados Operários, tratando de lhes impor condições de caráter semicoloniais. Por isso, no território ucraniano estão se definindo processos históricos inconclusos, na necessidade de sobrevivência do sistema capitalista.
A assimilação dos ex-Estados Operários se coloca na arena mundial e não nas particularidades de cada país. É um grave erro caracterizar esta guerra como um problema de autodeterminação nacional ou a defesa da soberania de alguns dos lados em disputa, deixando de lado o problema fundamental das relações sociais de produção e as contradições ainda não resolvidas no processo de restauração capitalista dos ex-Estados Operários. Por isso, sustentamos a unidade revolucionária do proletariado ucraniano e russo contra seus governos atuais, contra esta guerra que não defende nenhum de nossos interesses como classe. Para que se desenvolva o internacionalismo é de primeira ordem a reconstrução da IV Internacional.
Chamamos as correntes trotskistas que ainda reivindicam a ditadura do proletariado para uma Conferência Internacional. Pela unidade internacionalista dos trabalhadores contra o imperialismo e a OTAN. Pela expulsão das tropas russas da Ucrânia! Por uma federação de repúblicas socialistas da Europa e Ásia.
Conmemoramos 10 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, cuando se encontraba dando lucha contra la patronal Azeta, contratista de Chilectra e impulsaba la organización de los trabajadores subcontratados.
Su asesinato ha quedado impune a manos de la justicia burguesa, donde salieron ridículas teorías como lo de “la bala loca” que habría matado a Juan Pablo. En su momento nuestra corriente señaló la necesidad de que, al mismo tiempo que exigíamos verdad y justicia, no depositáramos un ápice de confianza en el Estado y sus descompuestas instituciones como la PDI y sus peritajes.
La lucha de Juan Pablo y de cientos de luchadores contra el subcontrato es fundamental. Con el subcontrato la burguesía asestó un golpe a la organización sindical, fragmentando y atomizando a la clase obrera, así como redoblaron la explotación para maximizar sus ganancias.
No fue sólo mediante contratos, tercerizaciones y precarización, sino que impulsaron ataques a los intentos de lucha y organización que incluyeron asesinatos obreros, como el del trabajador forestal Rodrigo Cisternas o del obrero minero Nelson Quichillao, donde -bajo la dirección del PS y el PC, la CUT entregó la lucha de los subcontratistas durante los gobiernos concertacionistas.
Nuevamente la burocracia sindical vuelve a jugar un rol pérfido de colaborador con el gobierno “progre de turno” pactado un miserable reajuste que pulveriza el salario. Así como la burguesía impuso la subcontratación para “regular” la responsabilidad de las empresas mandantes, o mediante la reforma laboral del 2016, donde acabo la huelga de los trabajadores del subcontrato; ahora lo hará con el proyecto de ley de 40 horas, donde la burguesía ya empezó a desplegar la flexibilidad laborar y los aumento de los ritmos de producción en las empresas para mantener las tasas de explotación y plusvalía, incluso a incrementarla.
La lucha de las organizaciones sindicales debe tomar las banderas de lucha de Juan Pablo, es necesario organizar a los trabajadores y cuestionar la subcontratación de raíz. El actual gobierno inició su mandato reprimiendo la lucha de los trabajadores subcontratistas de Enap que exigían condiciones de trabajo equivalentes a las de los trabajadores de planta.
Es necesario organizar a nuestra clase y golpear a la burguesía en el plano de la producción imponiendo el control obrero y establecer escala móvil de salario y horas de trabajo.
Levantemos bien alto la bandera la lucha contra la impunidad del asesinato de Juan Pablo y de todos nuestros caídos.
Los incendios de enorme magnitud asola el sur del país, afectando a miles de familias, más de 1200 casas quemadas, ciudades y pueblos, con más de 25 muertos, enormes hectáreas arrasadas completas por la voracidad de las llamas.
El gobierno, reaccionando tarde al naturalizar una “época de incendios”, ha salido a plantear la “alianza público y privada” que otorga manga ancha para que las forestales e inmobiliarias hagan jugosos negocios en las zonas afectadas, lo que muestra una vez más el carácter depredador y anárquico del capitalismo.
Las patronales forestales son las responsables directas o indirectas, por la resequedad del suelo, la expansión de las plantaciones, las medidas de eliminación de plagas, la falta absoluta de medidas de prevención, contención y eliminación de focos de incendio. Sobre las cenizas y los cadáveres volverán a expandir su dominio y a llenar sus suculentas arcas como lo vienen haciendo en las zonas de la V región, ya lo vienen haciendo todos los años en las regiones del sur.
La catástrofe afecta a miles de hogares obreros y de campesinos pobres que se traduce en las pérdidas de sus precarias casas y enseres. La solidaridad obrera mostrada por la población en este tipo de sucesos debe ser el impulso para que los sindicatos planteen un Plan Obrero de Emergencia, que junto con exigir y disponer de todos los recurso para el combate a los incendios y ayuda a los damnificados, contemple un plan de construcción de viviendas (no de cajas de emergencia), la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los grandes terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo, asimismo ante la desidia de la patronal forestal, debe impulsarse por los sindicatos de las empresas forestales brigadas de seguridad que impulsen el control obrero de CONAF y de todos los recursos para la prevención y el combate a los incendios.
El gobierno balbucea sobre que esto es producto ora del cambio climático, ora de individuos aislados que hacen un asado en medio del bosque, sobre los que dejarán caer “todo el peso de la ley”. Maniobras distractivas para sacar del foco a las patronales forestales e impulsar la expansión de sus negocios; muestra de ello es el llamado a los ex funcionarios experimentados, experimentados en la prestación de servicios a la burguesía como los ministros de Piñera y Bachelet.
El control obrero de la industria forestal se vuelve de vital importancia para imponer la planificación consciente de la producción, imponiendo como, cuanto, que, donde y para quien se produce.
A cúpula da CELAC aconteceu na última terça-feira, 24 de janeiro, em Buenos Aires. Foi uma cúpula marcada pela crise dos governos dos países que compõem o fórum, crises estas, políticas no contexto da crise mundial, a sombra da estagnação econômica e do recrudescimento das tendências militaristas a partir da guerra no leste europeu.
Em primeiro lugar, a cúpula assumiu uma posição de cumplicidade com a selvagem repressão do governo Boluarte no Peru, que já registrou mais de 60 vítimas fatais. Apenas o chileno Boric (depois de ter sido o primeiro a alinhar-se com Boluarte e com a política dos EUA) ensaiou uma denúncia muito morna, enquanto os demais líderes se alinharam com a orientação imperialista que tenta fechar a crise através da derrota da insurreição espontânea, protagonizada pela população trabalhadora e camponesa, através dos mecanismos das instituições estabelecidas do semi-Estado peruano. A presença na Cúpula da Ministra das Relações Exteriores do Peru, Ana María Gervasi, foi repudiada pelos autoconvocados residentes peruanos e pela esquerda em um ato do qual participamos. Mas limitar-se a isso faz com que se cubra o cenário mais amplo: é apenas a expressão mais brutal e dura de uma orientação geral em favor do imperialismo por parte dos governos da região.
Outro ponto notável foi a política ativa do governo brasileiro, com Lula à frente, para posicionar-se como líder de uma ordem regional, que lhe permita negociar com a Europa e os EUA o preço deste alinhamento. Para ele, a própria CELAC é uma organização muito ampla e difusa, por isso buscou em primeiro lugar o apoio do governo argentino na necessidade de desenterrar a UNASUL, através do resgate do moribundo MERCOSUL. Isso permitiria deixar de lado (para esses cipaios) os desconfortos caribenhos, incluindo Ortega, com foco na "sub-região" sul-americana. O lema de "ordem e progresso" tem um conteúdo: apoiar-se nos EUA e apoiar a política externa militarista de Biden. Não à toa, duas das principais discussões do fórum, a suposta moeda única SUR e a insolência de Lacalle Pou, trataram do problema da influência chinesa na região. O outro grande problema, o dos direitos humanos e da democracia, visa usar a Venezuela como moeda de troca agora que Biden e a Casa Branca foram forçados a negociar com Maduro sob pressão de um mercado internacional de energia tensionado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Mais polido, o ministro da Economia do Brasil, Haddad, explicou claramente que, por enquanto, o único acordo entre Argentina e Brasil que existe é um financiamento de 366 dias por bancos oficiais às empresas de cada um dos países para operações bilaterais de comércio exterior. E foi explícito: isso permitirá às empresas brasileiras entrarem no negócio de gasodutos, do qual, caso contrário, seriam inevitavelmente deixadas de fora pela concorrência chinesa. Massa, seu homólogo argentino, indicou que esse mecanismo permitirá evitar um maior sangramento de reservas do Banco Central, por um ano, provavelmente pensando nas eleições. É claro que não se trata de uma integração de "nações" abstratas, mas da viabilidade de certos negócios a um punhado de monopólios brasileiros e argentinos, associados aos ianques e à UE.
As bravatas de Lacalle Pou, baseada na defesa da democracia e dos direitos humanos (embora não para o Peru), não acaba escondendo a defesa do TLC Uruguai-China, que é uma pedra no sapato da linha lulista. Por essa razão, Lula atravessou o Rio da Prata para tentar negociar a ordem de um acordo mais amplo entre o Mercosul como um todo e a China. Pôs a condição de assinar o acordo com a UE primeiro, mostrando não uma simpatia "eurocêntrica", mas às empresas burguesas às quais seu governo responde.
O convite para a cúpula ao governo norte-americano não deixa dúvidas de que essa tentativa, (porque por enquanto não é nada mais do que isso) de o Brasil se posicionar como um interlocutor privilegiado na negociação das sub-burguesias regionais com o mestre imperialista, tem o apoio de Biden. Os ianques sabem o que querem, tal como revelam as declarações escandalosas da chefe do Comando Sul, Laura Richardson, sobre os recursos estratégicos da região, como lítio, terras raras em geral, ouro, petróleo, gás e aquíferos. As negociações bilaterais (país por país, não por blocos) que Trump havia promovido, por sua vez, não só abriram brechas para a China integrar vários países da região à Rota da Seda, mas também geraram uma multiplicidade de conflitos e processos de desordem institucional que também impactam nas estruturas institucionais podres imperialistas. É verdade que a China está atualmente em sérios problemas econômicos como resultado da guerra e do ressurgimento da pandemia, mas é evidente que Biden segue Trump nisso e pretende empurrar para trás seu "concorrente estratégico" (a China) o máximo possível, e a sub-burguesia brasileira é postulada como o principal parceiro nessa tarefa. Não sem contradições internas, já que não podemos esquecer a ocupação dos prédios federais em Brasília realizada pelos bolsonaristas e com a permissão de setores das Forças Armadas e dos patrões.
Pelos Estados Unidos Socialistas da América Latina e do Caribe
O decadente renascimento dos anos 2000 encenado pelos governos da região tem como conteúdo uma tentativa de resistir à profunda decomposição dos semi-Estados latino-americanos e suas instituições, parte de uma situação mundial marcada pela decomposição geral do sistema capitalista em sua fase imperialista e pela assimilação (cada vez mais violenta) dos ex-Estados operários como a Rússia e a China. O avanço da penetração imperialista decompõe as instituições e torna os bonapartismos sui generis ainda mais farsescos. No entanto, o papel mais nefasto desses governos "semidemocráticos" é a condução do proletariado, por suas direções burocráticas, ao engano, que lamentavelmente têm o flanco coberto pelo centrismo trotskista, que se limita a propor uma linha democrática contra "a direita", "antifascista" ou, no máximo, "unidade anti-imperialista" sem propor um programa operário que permita ao proletariado se levantar como caudilho das nações oprimidas latino-americanas. Assim, as correntes da região, como a FT, LIS, ITU, LIT etc., levantam acriticamente a palavra de ordem "assembleia constituinte livre e soberana", que sustenta os movimentos em luta no Peru, e levanta a rejeição ao governo "golpista"... para defender as instituições supostamente democráticas do país. Enxergam golpes, opondo a democracia à ditadura, em todos os lugares, quando na realidade a burguesia ainda não tomou esse caminho porque conta com as instituições, ainda que totalmente decadentes e em crise, dos semi-Estados para executar suas manobras contra as massas e apoiar suas ofensivas mais sanguinárias, exercendo a ditadura do capital. Isso não significa que não devamos levantar o "abaixo Boluarte" no Peru, muito pelo contrário, mas não para ir em direção a uma saída dentro dos marcos da institucionalidade capitalista, mas para impor um governo operário e camponês baseado nas organizações dos trabalhadores e do povo pobre que imponha as medidas para atacar o imperialismo na região, expropriando as empresas de mineração e os grandes latifundiários, impondo o controle operário de indústrias e serviços estratégicos, convocando o movimento operário em todo o continente, especialmente nos EUA, a apoiar a luta contra o imperialismo em toda a região. Não há democracia na América Latina sem a revolução agrária e a expropriação de indústrias e bancos estrangeiros. Qualquer monopólio do comércio exterior, ou acordo cambial, ou nacionalização de bancos é uma farsa sem essas medidas baseadas em derrubar os inimigos de classe do poder, impondo a ditadura do proletariado. É claro que a própria dinâmica da luta de classes baseada na estrutura econômico-social da região levará à extensão do processo revolucionário a todo o continente, mas sem uma direção proletária consciente será a contrarrevolução imperialista que será capaz de estrangular nossa classe. Portanto, lutamos pelos Estados Unidos Socialistas da América Latina e do Caribe, preparando uma direção operária internacionalista. Para este fim, é urgente avançar na reconstrução da Quarta Internacional. Convocamos urgentemente as correntes que defendem o programa da ditadura do proletariado a uma conferência latino-americana para discutir o programa e as medidas políticas e organizacionais para avançar neste objetivo.
COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina
Polémica ha causado en la superestructura política burguesa los 13 indultos otorgados por el gobierno de Boric, lo que constituye en primer lugar un reconocimiento de la existencia de la prisión política en Chile, y que sirvió para tranquilizar a los sectores de apruebo dignidad (PC-Frente Amplio) que veían como Boric venía de aprobar el TPP11, alinearse con Dina Boluarte en Perú, etc. Es decir, no teniendo ningún atisbo siquiera de política estatista y reformista, que pudiese reivindicar ante las alas populistas de su militancia.
De inmediato los sectores de derecha y ultraderecha pusieron el grito en el cielo anunciando acusaciones constitucionales, la Corte Suprema aludiendo a su "independencia de otros poderes", etc de inmediato el gobierno retrocedió sacando la ministra de justicia y un asesor de la confianza de Boric. Ninguna de las estas fracciones burguesas tiene la fuerza para imponer su agenda, que en todo caso coinciden en hacer pagar la crisis sobre los clase trabajadora, ya que solo diferencian en los tiempos y formas.
La burguesía sabe que una política abiertamente reaccionaria puede crispar a las masas y provocar otras insurrecciones como las que hace más de un mes sacuden al Perú, donde incluso han sido tomadas fabricas por trabajadores y comunidades, y se han desarrollado enfrentamientos con las fuerzas policiales. Coinciden todos los gobiernos de la región en su extrema debilidad y crisis, como el de Lula en Brasil.
El gobierno de Boric con esta medida y su actuación muestra claramente su carácter bonapartista, comenzando a jugar el rol asignado por el imperialismo de cerrar procesos y abrir paso a una transición, buscando mantener la casa ordenada. Estos indultos son el subproducto de la lucha que han dado organizaciones y familiares de presos políticos, pero aún quedan presos por liberar; no podemos conformarnos con las maniobras del gobierno de Boric al dar migajas para posar de izquierda.
Para el gobierno se trata de surfear la crisis social que golpea la clase trabajadora y el pueblo, donde los salarios han sido pulverizados. Ya el irrisorio aumento del salario mínimo, pactado y celebrado como un "acuerdo histórico" por la burocracia de la CUT aumentando en un 2,5% (10 mil pesos) mientras el truqueado y manipulado IPC subió un 12,8%.
Es necesario que los sindicatos desarrollen el control obrero de la producción desarrollando comisiones para determinar la real canasta familiar de la familia obrera y no mediante la burocracia estatal que maquilla los precios. Está y otras medidas para luchar y defender a los que luchan, deben ponerse a la orden del día en un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora.
La lucha también debe ser por arrancar de sus cárceles a todos los presos por luchar contra la democracia para ricos.
En eso será clave la organización obrera, por su centralidad en la los procesos de lucha de clases para acaudillar a la nación oprimida.
Na tarde de ontem (08 de janeiro), exatamente uma semana após a posse do presidente Lula, bolsonaristas invadiram, ocuparam e destruíram os prédios oficiais (Congresso Nacional, STF e Palácio da Alvorada) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ação que estava sendo planejada na semana anterior, pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, mobilizou mais de 80 ônibus e cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por setores de empresários do comércio varejista, do transporte e do agronegócio, e contou com a conivência do governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e seu Secretário de Segurança e ex-Ministro da Defesa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abertamente bolsonaristas, permitiram e facilitaram a entrada dos apoiadores de Bolsonaro à Esplanada, diminuindo o efetivo policial e ordenando que não realizassem nenhuma resistência (os policiais presentes estavam tirando fotos e comprando água de coco).
Longe de ser uma tentativa de golpe de Estado, pois caracterizou-se por uma ação de uma minoria sem a atuação efetiva das Forças Armadas e/ou policiais e sem uma nítida tentativa de mudança ou controle do aparato estatal e destituição do presidente, o episódio é uma clara expressão da decomposição do bonapartismo sui generis em sua relação com o imperialismo e as massas. Ao incorporar e ampliar as Forças Armadas às tarefas do estado, o bolsonarismo ampliou as contradições e, portanto, a crise do estado semicolonial brasileiro. É nessa crise que buscam intervir o bolsonarismo por um lado e o atual governo por outro, reforçando a defesa das instituições do estado democrático de direito.
Nesse sentido, Lula responsabilizou o governo do Distrito Federal e decretou intervenção federal na capital até o final do mês; para isso, designou o assessor do Ministro da Justiça Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal da Segurança Pública no DF. Na sequência, a Advocacia Geral da União (AGU) solicitou ao STF o pedido de prisão de Torres e durante a madrugada, Alexandre de Moraes, ministro do STF determinou o afastamento de Ibaneis Rocha por 90 dias, além de determinar a prisão e oitiva de todos os bolsonaristas dos ônibus que chegaram à Brasília (que já somam cerca de 1200 prisões no momento de escrita desta nota) e desmonte de todos os acampamentos nos quartéis em todo o território nacional.
A intervenção federal de Lula deve ser ratificada pelo Congresso nas próximas horas, além de receber o apoio do Judiciário. A burguesia nacional, representada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entre outras entidades empresariais, também cobrou “reação firme” contra os atentados ao estado democrático de direito e pela retomada da ordem. Além disso, o imperialismo já deu o recado de que está acompanhando a situação em total e irrestrito apoio à Lula. Deputados estadunidenses do partido democrata também já levantaram a necessidade de extradição Bolsonaro ao Brasil, pressionando o Congresso pelo não abrigo e refúgio em solo estadunidense do ex-presidente brasileiro, numa clara associação deste com os atos de invasão à Esplanada e dessa com a invasão ao Capitólio há exatos dois anos atrás. Governos regionais também saíram na defesa de Lula e sua intervenção contra o que denominaram “atentados golpistas”.
Dessa forma, o governo Lula tem total carta branca para atuar no sentido de reestruturar sua relação com as Forças Armadas e forças auxiliares e com as instituições da democracia burguesa na sua relação com as massas. Desde a sua posse, Lula tem atuado para fortalecer a ideia do estado forte e “acolhedor”. Todas as cerimônias de posse, do presidente e ministros, foram pensadas para transmitir a mensagem de que o estado burguês serve ao povo brasileiro, que os últimos quatro anos foram um problema de má administração desse aparato e que, portanto, é possível que o estado esteja e atue em favor dos interesses da classe trabalhadora. O discurso da “ameaça golpista” tem sido utilizado pelas direções sindicais e políticas reformistas para controlar e calar o movimento operário desde as eleições de 2018. Exemplo mais recente é o ataque sistemático do reformismo às lideranças dos trabalhadores de aplicativos que estão construindo uma greve para o próximo dia 25/01, acusando-os de “bolsonaristas” e de atuarem contra o governo Lula. Fica nítido que as burocracias sindicais atuarão com maior truculência nos próximos anos para controlar o movimento operário e blindar o governo Lula para evitar a “ameaça golpista” ou o crescimento da “extrema direita”.
O centrismo trotskista repete a defesa (equivocada) de atuação “independente” dos trabalhadores contra a “extrema direita” e “golpistas”, assim como o fizeram diante dos bloqueios de rodovias pelos bolsonaristas após resultado das eleições. Defendem assim, de forma mascarada, o respeito às instituições da democracia burguesa e ao governo Lula em última instância. Isso porque abandonaram a ideia de revolução e da ditadura do proletariado, transformando a ideia de “independência de classe” cada vez mais numa possível atuação parlamentar que responda melhor aos interesses dos trabalhadores.
É nesse contexto que são chamados os atos de hoje, dia 09 de janeiro, contra o golpismo. Movimentos sociais e centrais sindicais clamam por uma mobilização em defesa da democracia (burguesa), das instituições do estado burguês e do governo Lula. O centrismo defende a mobilização nas ruas contra o golpismo e a extrema direita. Em resposta à crise do estado e das disputas entre frações da burguesia e pequena burguesia semicolonial, não podemos estar refém de uma política que demanda maior estatismo com intervenção direta do imperialismo.
Dessa forma, repudiamos as medidas intervencionistas de Lula e dos demais poderes do estado. Para os trabalhadores, um poder estatal maior e mais centralizado é prejudicial aos nossos interesses, organização e luta. Não devemos alimentar nenhuma ilusão no estado burguês que é o instrumento de dominação dos nossos inimigos de classe. É preciso denunciar seu invólucro democrático e seu caráter de classe!
É necessária a atuação independente dos trabalhadores nessa crise aberta, com sua pauta e seus interesses. É preciso levantar medidas de autodefesa e assembleias em cada sindicato e central sindical que apontem para um plano de lutas contra o desemprego, contra o aumento da miséria nas condições materiais de vida, pela revogação das reformas que ampliaram a exploração e a retirada de direitos. Somente organizados na defesa das nossas bandeiras históricas será possível enfrentar, não apenas o bolsonarismo como oposição burguesa e pequeno burguesa ao governo, mas o próprio governo Lula, preparando as condições para o enfretamento ao estado burguês em seu conjunto. A única intervenção independente possível para nós, trabalhadores, é a de enfrentamento ao estado burguês e ao imperialismo, e não de seu fortalecimento!
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Un incendio de grandes proporciones en la comuna de Viña del Mar, que aún no ha sido controlado en su totalidad, ha afectado a 125 hectáreas dejando 2 muertos, miles de damnificados y más de 500 viviendas siniestradas.
El gobierno de Boric decretó el Estado de Catástrofe y apareció, al igual que lo hiciera Piñera ante las catástrofes, camisa arremangada recorriendo el terreno para las cámaras. La alcaldesa de Viña del Mar, antes que dar solución y recursos, empezó a lanzar campañas de solidaridad para que sea la ayuda de la población la que parche las necesidades sociales y anticiparse a que el municipio sea el que regentee dichas ayudas.
Es sabido que desde la Corte Suprema, así como del propio gobierno, propietarios e inmobiliarias, vienen preparando el terreno legal de los desalojos de las tomas. La explotación forestal de la zona también podría verse beneficiada por le extensión de la explotación hacia zonas protegidas, como ha ocurrido con frecuencia en los incendios forestales del sur. Por ello es que no resultaría nada extraño que el actual incendio haya sido intencional como señalan muchas fuentes.
El hacinamiento y falta de condiciones básicas habitacionales (agua, luz, alcantarillado, etc) es la moneda corriente de cientos de miles de familias que habitan en las periferias de la ciudades. Algo para lo que la burguesía no sólo no pretende darle solución, sino que en la actual crisis económica donde la especulación inmobiliaria está llevando a la parálisis de obras y faenas, incrementa el apetito por ganancias y subsidios estatales de las grandes constructoras y agrava a niveles históricos la falta de vivienda y la precariedad de las condiciones de vida.
Este es el fin del despliegue en terreno del gobierno que, junto con mantener militarizada la zona para evitar saqueos por hambre o sofocar cualquier manifestación de lucha ante la extrema necesidad, busca galvanizar los intereses de grandes grupos económicos, agrarios, forestales, inmobiliarios, etc.
Cientos de organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores se han puesto a disposición para organizar e impulsar acciones de solidaridad como el levantamiento de centros de acopio o la realización de ollas comunes. Este es un reflejo constante de los trabajadores y el pueblo que sale en ayuda de su clase ante situaciones de este tipo. Bajo la consigna de “sólo el pueblo ayuda al pueblo” se desarrolla esta agitación solidaria. Apoyamos e impulsamos todas estas muestras de solidaridad y pugnamos porque los sindicatos de trabajadores se pongan a la cabeza de las mismas. Sin embargo, no dejamos de advertir que no es con la solidaridad entre los pobres que podamos arribar a una solución para las miles de familias afectadas. Esta perspectiva apuntaría a desarrollar una suerte de mendicidad paraestatal, que pronto puede ser relevada, y con mayores recursos, por las instituciones del aparato estatal para proteger la propiedad privada. Otros plantean la necesidad de impuestos a los ricos para financiar las ayudas, es decir, apuntar a la vieja receta de exigirle al gobierno o al congreso que introduzca reformas impositivas para “redistribuir la riqueza”. Es necesario que intervenga la clase obrera ente la emergencia.
Los sindicatos pueden organizar la solidaridad activa y movilizarse para imponer un Plan Obrero de Emergencia que contemple un plan de construcción de viviendas, la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo. Es necesario tomar todo inmueble ocioso, iglesias, casas patronales, etc, para albergar provisoriamente a las familias, levantar comedores comunes con recursos permanentes, etc.
Que la clase obrera y la juventud se pongan a la cabeza de este desafío
A situação no Peru continua convulsionada, onde, por conta da repressão, já são mais de 20 mortos nas mãos das forças repressivas que tentam derrotar os levantes em diferentes partes do interior do país. Os manifestantes pedem a antecipação das eleições e alguns setores pela libertação de Castillo.
O atual governo enviou um projeto de lei para convocar eleições antecipadas até o final de 2023, data muito distante devido ao nível da crise no país. O Congresso rejeitou o projeto de lei, pois planeja manter seus mandatos até 2026.
Diante desse cenário, com a aceleração da crise e a deterioração de sua relação com as massas, a presidente decretou toque de recolher nas áreas mais convulsionadas e fez um discurso aos legisladores, para que votem a antecipação das eleições.
Importantes setores operários e camponeses do interior do Peru intervieram na crise aberta, bloqueando estradas, destruindo delegacias, organizando comitês de defesa do território, ocupando fábricas e outras medidas, demonstrando que não aceitarão passivamente o avanço das frações burguesas e pequenos burguesas aliadas do imperialismo sobre suas condições de vida.
A burguesia peruana cometeu um erro muito grande ao eliminar uma contenção, como o era Castillo, pensando que não aconteceria nada. As consequências são óbvias. Grande parte dos setores que estão em luta questionam os pilares da democracia pequeno-burguesa do semi-Estado peruano, o que conforma à situação em desenvolvimento características insurrecionais.
A burocracia sindical foi obrigada a convocar uma greve diante da radicalização reinante. Os governos da região passaram a dar um apoio morno ao ex-presidente, modificando a posição que tinham, de não apoiar Castillo, quando começou o conflito. Os governos do México, Argentina, Bolívia, Colômbia, para citar alguns, decidiram a favor de Castillo. Os do Brasil, de Lula, e do Chile, de Boric, mantiveram a posição de que Castillo não respeitou as instituições.
A situação no Peru suscita a necessidade de que, no calor dos confrontos e do desenvolvimento do processo, se abra um grande debate nos setores de luta, que devemos derrubar Boluarte e preparar as condições para estabelecer um governo operário e camponês, que permitirá comprimir e acelerar a combinação entre as tarefas democráticas da revolução agrária, a independência nacional e a luta socialista para derrotar o semi-Estado burguês e o imperialismo.
Por um Congresso de delegados de base operário e camponês, com delegados mandatários das unidades produtivas, como as grandes mineradoras, e delegados por região, no qual se vote um plano de luta, se organize a autodefesa e uma greve geral para derrubar o governo de plantão e todos os seus aliados.
É necessário que a vanguarda operária e juvenil intervenha ativamente neste processo semi-insurrecional para fortalecer a organização da classe trabalhadora nas minas, fábricas, portos e hospitais, assumindo seu controle, impondo a centralidade do proletariado como protagonista da toda a nação explorada e oprimida.
Também devemos combater as políticas da burocracia sindical que buscará desviar a luta para as causas da decomposta democracia burguesa semicolonial. A promoção de reformas do aparato estatal em crise, como as das assembleias ou convenções constituintes, apenas atrasará ou desviará a perspectiva necessária da luta da classe trabalhadora pelo poder, como evidenciado no processo aberto no Chile pela semi-insurreição de outubro de 19.
Para isso precisamos criar um partido revolucionário que assuma a direção da vanguarda operária e as tarefas históricas que se colocam, como seção nacional para a reconstrução da Quarta Internacional.
A classe operária latino-americana e continental deve começar a discutir ações de solidariedade ativa com os trabalhadores e o povo peruano.
Convocamos os grupos trotskistas da região, que ainda reivindicam a ditadura do proletariado, para uma Conferência Latino-Americana para discutir as tarefas para a América Latina e ajudar um desenvolvimento revolucionário no Peru.
COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina
Na quarta-feira, 7 de dezembro, o Congresso peruano destituiu Pedro Castillo, depois que na manhã do mesmo dia, em um discurso para a República, ele propôs a dissolução do Parlamento, convocando novas eleições constituintes e toque de recolher. Com estas medidas, definiu que se encontravam em estado de exceção devido à situação política prevalecente. Após os anúncios, o Congresso ignorou as ordens do executivo e se reuniu para tentar, pela terceira vez, afastar o presidente. Desta vez conseguiu reunir os votos necessários, pois até os legisladores que defendiam Castillo votaram a favor de sua vaga. Assim, com 101 votos afirmativos, 6 negativos e 10 abstenções, foi afastado do cargo por "incapacidade moral" e por "conspiração golpista". Esse mesmo Congresso definiu a vice-presidente de Castillo, Dina Boluarte, que assumiu o cargo de presidenta.
Nos dias anteriores a estes acontecimentos, Pedro Castillo tinha procurado o apoio da OEA, organização que se sabe estar à serviço do imperialismo norte-americano e que tem uma longa história de intervenção na região, sendo o exemplo mais recente o seu papel desestabilizador na Bolívia. Esta organização afirmou que, dada a situação de paralisia do governo e seu confronto com a oposição burguesa, deveriam chegar a uma trégua de 100 dias para ordenar a situação política, ou seja, permitir uma transição ordenada, já que o governo Castillo não tinha futuro. E, de fato, poucos dias depois que os funcionários da OEA que haviam ido mediar se retiraram, o presidente foi forçado a deixar o cargo.
Essa situação mostra o quanto Castillo se desviou de suas promessas eleitorais e como encontrou aliados nos remanescentes do fujimorismo para fazer parte de seu governo, bem como teve um curso de maior submissão ao imperialismo. Estava completamente isolado, sem apoio político de nenhum setor, nem mesmo das Forças Armadas e muito menos dos setores da classe operária e camponesa que haviam acreditado em seu governo. Esse cenário de solidão foi constatado quando, após propor a dissolução do Congresso, pediu asilo político na embaixada do México, aonde não pôde ir, porque ficou detido e encarcerado por 7 dias, até que sua situação processual seja definida.
Na noite de quarta-feira promoveram-se algumas mobilizações e outras mais massivas no dia seguinte, que foram reprimidas. Estes não eram para apoiar Castillo, mas sim para se defender do avanço das alas mais reacionárias das frações burguesas e pequeno-burguesas que dirigem o Congresso e respondem em grande parte à burguesia ligada às mineradoras e ao imperialismo.
O Peru vem de uma crise política muito importante há vários anos, expressão da crise do chamado regime “fujimorista”, instaurado por Alberto Fujimori em 93. O bonapartismo pequeno-burguês, característico de grande parte das formas de dominação das semicolônias, desenvolve regimes instáveis e essa instabilidade é ainda mais acelerada pela grande penetração imperialista, que decompõe ainda mais as instituições burguesas e o semi-Estado.
É muito importante levar em conta essa característica em seu desenvolvimento histórico para entender a dinâmica de classe em uma semicolônia. A crise histórica de uma burguesia, que não pode ser independente devido à sua relação com o imperialismo e que, ao mesmo tempo, deve lidar com o proletariado e setores da pequena burguesia democrática, a impede de realizar não apenas as tarefas históricas da burguesia, mas para realizar as tarefas bonapartistas de sobrevivência como uma classe amparada no semi-Estado. O bonapartismo sui generis, que é a forma de dominação nas semicolônias, como forma de poder estatal especial, em sua decomposição, arrasta as burguesias autóctones ou sub burguesias para uma crise política em sua dominação e em sua relação com as massas.
Quando essas crises se desenvolvem, produto das diferenças nas frações de classe inimigas e que são utilizadas pelas instituições burguesas para resolver seus conflitos de interesses, é fundamental que os trabalhadores atuem independente dessas manifestações de decomposição dos semi-estados.
Temos que intervir com uma política independente para atacar as bases do regime burguês, que está na produção. O conflito tem que começar nas fábricas e depois ir para as ruas, devemos parar as grandes mineradoras e convocar uma greve geral e assim estaremos em condições de enfrentar e destruir o semi-estado peruano, que se baseia na superexploração dos recursos naturais e de nossas vidas. Atacar os grandes grupos mineradores é atacar o imperialismo e, dessa forma, atacamos seus agentes como os legisladores do Congresso, a burocracia sindical e o empresariado local.
Devemos reunir nossas forças na necessidade de formar uma direção revolucionária organizada em um partido. Somos solidários com qualquer mobilização que expresse descontentamento com a situação atual, mas sem uma direção consciente à frente, essas mobilizações acabarão quase inevitavelmente sendo cooptadas pelo semi-Estado e seus desvios eleitorais ou constituintes, como aconteceu no Chile.
Os semi-Estados na América Latina não são Estados em formação, mas em decomposição, razão pela qual o eterno chamado das correntes que se reivindicam de esquerda, frente às crises políticas, por uma Constituinte é uma concessão à pequena burguesia democrática. Não faz mais do que gerar mais confusão entre os trabalhadores sobre quais são nossas tarefas, na necessidade de que seja nossa classe que dirija esses setores da pequena burguesia.
Na TRQI sabemos que não há saída “para o Peru”, mas que todo o proletariado latino-americano deve unir forças na luta para expulsar o imperialismo da região e seus governos fantoches, ainda que se disfarcem de progressistas, e estabelecer a Federação das Repúblicas Socialistas da América, em unidade com o proletariado norte-americano.
COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina
La actuación del gobierno en relación a la movilización de camioneros que involucró el lock out o cierre en carreteras en el país, demostró su carácter bonapartista, apoyándose en el aparato del estado con querellas y aplicación de ley de seguridad del estado para golpear a la fracción burguesa de los camioneros que cerraba las rutas y frenaba la distribución de mercancías.
En esta movilización arrastraban a sectores obreros a lo que la patronal les paga los días de detención, y otras dadivas, muy distinto a cuando los trabajadores efectivamente paralizan por sus interés de clases. Y es que la dirección de este conflicto fue llevada a cabo por las patronales del transporte de diversos gremios grandes, medianas y pequeñas. Su programa reflejaba los interés de clases de estas, se trataba de una disputa de una fracción burguesa (la camionera) por la renta, en lo que dice a rebajar los costes del transporte y condiciones de distribución de mercancías en los contratos con el estado y las patronales de otras ramas, además de pedir mayor contingente policial en determinadas zonas “ rojas”.
Se trataba de aprovechar el clima reaccionario acentuado por el gobierno y arco político burgués que piden mayor reforzamiento del estado para la represión de las luchas obreras, de la juventud, etc. Al gobierno que habla de “ terrorismo” en la Araucanía, que mete presos a luchadores mapuches, que mantienen los estado de excepción, las querellas contra los PP por luchar , que demuestra una y otra vez la sumisión al imperialismo con el TPP11, y la falsedad del gobierno progre, la patronal camionera vio una oportunidad de poder sacarle una tajada al estado en esta pasada. Mientras sectores hipócritas del gobierno, en especial del PC, llamaban a detener al “fascismo”, el gobierno bonapartista hizo equilibrismo entre los distintos sectores burgueses, siendo clave para su definición que la gran patronal de CPC le bajaran el pulgar a la movilización; es por eso que llegaron a un acuerdo primero con los sectores de la CNTC, Fedequinta, etc, manteniéndose los del norte, sur y otras, los que el día ayer sellaron un acuerdo con el gobierno donde ofició de mediador Juan Sutil el jefe de los empresarios locales.
Errados son los planteos de la izquierda que hablan de paro, ya que la dirección de la movilización era de un sector burgués, asimismo su programa donde fueron arrastrados sectores de la burocracia sindical camionera, históricamente apatronada.
Se hace indispensable la lucha por la independencia de clase del proletariado, de sus organizaciones, etc, frente a las patronales y su estado, por eso es indispensable recuperar nuestros sindicatos de las garras de la burocracia, recuperar nuestros métodos de lucha y un programa obrero para enfrentar la crisis.