IMPULSEMOS UN GRAN PARO ACTIVO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CON MOVILIZACIÓN Y ADHESIÓN DE LAS ORGANIZACIÓNES OBRERAS, POPULARES Y DE LA JUVENTUD

La jugada de Piñera en cuanto a enviar al TC el proyecto de tercer retiro generó enorme bronca de las masas, hubo también paralizaciones de turnos de los trabajadores portuarios en 17 puertos, actuando como caudillos del pueblo, además de manifestaciones de diversos sectores de trabajadores contra la maniobra de Piñera. Se sacudió el fantasma de la semi insurrección del 18 octubre con la entrada en escena de importantes sectores obreros, populares y de la juventud lo que hizo temer al TC que esta papa caliente no recayera en sus manos evitando ser objeto de la furia de las masas. Lo que sí es seguro es la tremenda crisis del régimen burgués con un gobierno, coaliciones de partidos y el conjunto de las instituciones del semiestado debilitadas. Si el TC acogía a tramitación el requerimiento dilataba el retiro lo que generaba la bronca e irrupción violenta de las masas con la potencial intervención de la organizaciones obreras en una paralización general, si el TC él lo rechazaba, como ocurrió buscaba descomprimir la situación pero debilitaba al gobierno, optaron por aceptar esta derrota.

Mientras sectores de la oposición burguesa y pequeño burguesa quisieron darle una salida institucional mediante la amenaza de la acusación constitucional contra Piñera; buscaron además fortalecer medidas redistributivas y estatistas como el impuesto “por única vez” a los super ricos, el royalty minero, y la renta básica universal. 

La burocracia de la CUT convoca una “huelga sanitaria” a la que han adherido principalmente sindicatos de la salud y otros públicos, que en la práctica pretenden que sea un llamado a manifestarse “dese la casa”. Impulsan un llamado al gobierno a que siga los consejos de los “actores científicos y sociales” ante una epidemia que tiende a desbordarse. Mientras el gobierno miente y manipula datos sobre que la pandemia se mantiene estable, liberan los mall y la clase trabajadora se desplaza en masa hacia los centros de trabajo con o sin “cuarentena”; las dirigencias sindicales se cuadran con la oposición de la vieja “Nueva Mayoría”, para preparar el proscenio de las primarias y las elecciones constituyentes, aprovechando a pararse sobre los cadáveres para escalar en el reparto del botín del Estado.

Es necesario a partir del actual debilitamiento del gobierno, no para fortalecer a los partidos de la oposición burguesa en alguna suerte de coalición “antipiñerista” con los mismos sostenedores de la democracia para ricos, sino que sirva para fortalecer la organización y el programa de la clase obrera.

Las medidas estatales para la pandemia no se dirigen a salvar vidas, se dirigen a imponer el control represivo sobre la población. La crisis capitalista ha hecho a los ricos más ricos y a los pobre más pobres, descargando los efectos de la crisis sobre la clase trabajadora, con desocupación, bajas salariales, aumentos de cargas laborales, y el impacto de las condiciones sanitarias, que como se ha mostrado una y otra vez, golpean sobre las familias obreras, sobre las condiciones de hacinamiento, sobre la falta de vivienda, etc, etc.

Es necesario impulsar un gran paro nacional activo de los sindicatos de salud, donde adhieran y se sumen el conjunto de los sindicatos obreros. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc; en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculándolos a las diversas ramas económicas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. A partir de las asambleas sindicales se puede impulsar un congreso obrero de emergencia para desarrollar estos puntos y otros de este programa.

Solo la intervención independiente de la clase obrera puede dar una salida a la catástrofe social y sanitaria. Sólo confiando en sus propias fuerzas y organización es que puede imponer las verdaderas vías científicas y sanitarias que necesitamos para superar la pandemia y a al capitalismo mismo.

 

La decisión de Piñera de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10% de fondos de pensión caldeó los ánimos de la población y azuzó el avispero político del conjunto de los partidos desde el propio oficialismo a la oposición burguesa y pequeñoburguesa.

El gobierno ya había pavimentado el camino de esta decisión, o eso creía, desde el envío al TC del segundo retiro junto con anticipar una serie de bonos “clase media” y una reedición del IFE ante la generalización de las cuarentenas. La molestia de amplios sectores ante unos miserables beneficios que llegaban a escasos sectores, hizo que el gobierno ampliara el IFE en un intento de generalizarlo, pero sólo para las familias registradas por el Estado como “vulnerables” en un 80%.

Esta “jugada” del gobierno ya había sido precedida por la colocación en el ministerio del trabajo de Patricio Melero, un pinochetista funcionario de la dictadura, quien fue reemplazado en su banca parlamentaria por otro pinochetista hijo de un político militar genocida (Labbé). Y es que la intención del gobierno, junto con la continuidad del toque de queda nocturno, la prorrogación del Estado de excepción, la militarización y despliegue represivo en la Araucanía, etc, se dirigen en una línea de asentar su gobierno en forma más reaccionaria, apoyándose en su base natural al tiempo que pretende fortalecer el ala dura de la derecha de cara a los procesos electorales, entre ellos el de reforma constitucional.

Lo cierto es que pese a estos movimientos de “toma de iniciativa”, éstos se despliegan sobre la base de una de las crisis sociales más grandes de los últimos tiempos. La pandemia, epidemia mundial que no ha podido ser ni contenida ni combatida por el capitalismo, se ha desatado en el país que ha servido una vez más de laboratorio, de experimentación. Así Chile podía ser un ejemplo en la aplicación masiva de la vacunación, a la que le dió acceso el imperialismo, y al mismo tiempo la orientación del gobierno y el conjunto de los capitalistas, de declarar la pandemia como superada para los efectos de hacer funcionar las grandes empresas, tornó a Chile como el ejemplo de lo que NO hay que hacer, enfrentando prontamente un nuevo peak pandémico. Esta vez, colapsando los hospitales y servicios de salud, donde los tecnócratas ministeriales iban sumando camas, sin el personal ni la infraestructura, quedando aún así una y otra vez personas sin atención o cuidados intensivos, situaciones cuidadosamente ocultas en los números mientras las morgues colapsan periódicamente.

Esto por no hablar de los golpes sobre la clase trabajadora donde los empresarios vienen haciendo un festín de despidos, reducciones salariales con contratación de mano de obra barata y precaria, aumentos de los ritmos de producción, entre otras joyitas. Justamente empresarios como el presidente de la cámara chilena de la construcción salió a decir que el problema del tercer retiro o los bonos era que iban a tener que “subir los sueldos” para que los trabajadores prefirieran estar en la obra que en la casa; o en su expresión más grotesca en la voz del empresario avícola Ariztía que dijo directamente que en Chile eran “flojos”; sí, el mismo empresario que se negó un mísero aumento en el proceso de negociación colectiva de los trabajadores de la planta de Arica en plena pandemia, los que mantuvieron firmemente en huelga durante 27 días. Y esta clase parasitaria se atreve a llamarnos flojos!

La respuesta ante el bloqueo al tercer retiro de parte de sectores obreros y de la juventud no se hizo esperar. El mismo día del anuncio sonaron las cacerolas y se encendieron las barricadas en las poblaciones, prolongándose las acciones de protestas y enfrentamientos con las fuerzas represivas hasta altas horas de la madrugada.

En el movimiento obrero se pusieron a la cabeza de la lucha una vez más los trabajadores portuarios planteando una serie de bloqueos progresivos a los terminales. Las relaciones con organizaciones de portuarios a nivel internacional llaman a bloquear las cargas de procedencia chilena en un ejemplo de solidaridad de clase internacionalista. También se ha levantado adhesión y convocatoria de los sindicatos y federaciones de la salud que hoy han comenzado a movilizarse luego de que la situación de agobio y colapso sanitario los ha llevado a un límite, el mismo límite al que le llevaron sus direcciones al apostar al inmovilismo del “quédate en casa” y la exigencia de “cuarentenas” al gobierno, sin detenerse a evaluar que esta política reaccionaria no buscaba salvar vidas. Lo mismo para los sindicatos de docentes donde el colegio de profesores tuvo que retroceder en chalas de prestar su apoyo a la presencialidad, mientras se cerraban escuela por escuela por brotes Covid o “cuarentenas” comunales. De igual modo para los sindicatos mineros los que se están coordinando y amenazan hoy con acciones, donde la política de despidos y sobreexplotación ha sido furiosa. Es aquí donde queda en evidencia el actuar de la burocracia sindical, que buscando los favores del Estado o de los patrones, mantiene maniatados a los trabajadores.

La propia CUT ha reafirmado el llamado a “paro sanitario” para el 30 de abril siendo que hace rato se trasladó con camas y petacas a las elecciones de constituyentes donde pretende disputar una orientación estatista de salvataje al capitalismo. Con fórmulas de distribución de la riqueza como el “impuesto a los superricos” que pretende que equilibrará la balanza entre las clases, como si los impuestos no fueran parte del andamiaje del aparato del Estado burgués

La amenaza constante al “se viene un nuevo estallido” no significa otra cosa que las masas no han sido derrotadas sustancialmente desde la semi insurrección espontánea del 18 de octubre 2019, pese a los desvíos electorales y las devaluadas ilusiones de reformas constitucionales con que pretenden darle curso reaccionario en un “nuevo pacto social”. Aunque la propia burguesía sabe que el pacto social, no es el de la elaboración de una carta magna, sino que es el de imponer una relación entre el capital y el trabajo sobre la base de golpes importantes sobre la clase trabajadora. Asustados con un escenario que desean controlar a su antojo, la oposición burguesa esgrime la bandera de la acusación constitucional, para tratar de atenuar el carácter de charlatanería burguesa del parlamento, así como preparar el terreno en caso de que la situación eventualmente vuelva a ponerse caótica por la lucha de masas.

Y si bien las masas no están derrotadas tampoco ha sido significativo su avance en conciencia y organización. Entendemos a los fondos de pensión como una fracción del salario expropiada en manos de las AFP, consideramos correcta la lucha por recuperarlos, luchando al mismo tiempo, contra los cantos de sirena de un sistema de reparto, luchamos por un salario vital para el trabajador retirado. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc, en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculados a ramas productivas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. Es preciso aprovechar estos llamados de la burocracia sindical para imponer en las asambleas de base el llamado a un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora para intervenir en la actual crisis y darle una salida con independencia de clase.

Em nosso dia ao redor do mundo, nós trabalhadores, devemos fazer nossa voz ser ouvida contra a decadência imperialista e mostrar o poder da classe operária.

Neste dia, as bandeiras da Comuna de Paris, da Revolução Russa, dos mártires de Chicago e dos líderes trabalhistas que morreram ou foram mortos diante deste sistema capitalista voltam a flamejar. É por isso que, 135 anos após aquele 1º de maio, no qual a burguesia norte americana assassinava os trabalhadores, os mártires de Chicago, devemos reafirmar as tarefas dos revolucionários na luta contra o capitalismo e suas instituições, como os Estados-nação. Lutamos pela destruição do Estado burguês e nos apoiamos na experiência da Revolução Russa e seu sistema soviético.

Este 1º de maio encontra os trabalhadores lutando contra a segunda - e em alguns lugares a terceira - onda da Covid e contra um parasita histórico, que é o capitalismo. A pandemia escancarou o caráter reacionário do sistema capitalista, seu método anárquico em relação à natureza e às suas formas de dominação. O desenvolvimento da pandemia agravou ainda mais o processo recessivo da crise de 2008, levando o conjunto da economia mundial à estagnação. Nesse salto qualitativo da crise não se descarta a possibilidade de ruptura dos equilíbrios de classe nos Estados-nação, gerando uma infinidade de crises políticas nos países imperialistas e semicoloniais, com o surgimento de processos de massa que começam a tirar lições da direção burguesa da pandemia e suas consequências sobre as condições de vida.

Estamos testemunhando uma decomposição das instituições criadas pelo imperialismo no pós-guerra; um grande exemplo é a OMS, com sua lamentável atuação sobre a situação da pandemia, a ruptura dos equilíbrios interestatais, com a UE entrando em uma situação caótica e uma exacerbação da disputa entre os EUA e a China, que continua na era pós Trump com Biden.  

Um ano após a irrupção do coronavírus, a resposta dada pela direção capitalista para enfrentar o vírus foi um maior estatismo, ou seja, uma tentativa de economia dirigida, uma intervenção com um festival de subsídios ao capital, nacionalizações de empresas em crise, como as companhias aéreas de bandeira, impostos sobre riquezas, ou ainda políticas fiscais agressivas. Para os trabalhadores isso nada mais é do que um ataque em todas as linhas, com demissões em massa, suspensões, cortes salariais e a retirada de conquistas, entre outros.

Essa distorção que introduz a intervenção estatal na esfera da produção abre intermináveis crises políticas nas diversas frações burguesas e uma relação diferente com os trabalhadores, pois atua na própria base das relações sociais de produção. Torna-se mais evidente a importância da força de trabalho na criação de valor e na dinâmica do capitalismo e sua relação com essa força de trabalho. A paralisia causada pelo vírus em alguns ramos da produção desesperou os capitalistas, porque demonstrou que os lucros saem da expropriação dos trabalhadores e não de outro modo.

Essa política não pode ser mais do que reacionária, porque busca preservar os interesses da classe que representa e, obviamente, não lhe interessa em nada o destino dos trabalhadores, apenas preservá-los como explorados. É por isso que todos os ensaios que puseram em prática nesta pandemia falharam e levaram a um acirramento da crise com milhares de mortos e infectados. Tanto as quarentenas como na Argentina, quanto a negação do vírus ao estilo Bolsonaro, foram políticas desesperadas para salvaguardar os grandes capitais e sua classe, desorganizar a nossa classe com a cumplicidade da burocracia sindical, para sustentar seus Estados em decomposição. Uma linha imperialista de salvaguardar os ramos da produção, reduzindo o valor da força de trabalho.

A crise acentuou ainda mais a desorganização da economia, razão pela qual, diante do ataque dos capitalistas, nós, trabalhadores devemos atacar seu capital. O exemplo mais notório são as vacinas contra a Covid-19: laboratórios que aumentam seus lucros; Estados, como os EUA, que tentam vacinar toda a sua população para obter vantagem na reconstrução da economia e estar em melhores condições para competir; e grande parte do mundo sem uma única vacina. Os trabalhadores, diante do nível da crise, devemos reforçar a ideia de expropriar os expropriadores.

Em diferentes partes do planeta, setores da classe trabalhadora retomam os métodos da nossa classe, como demonstra a greve italiana diante do colapso da saúde, as greves nos EUA, as greves na França, um início ainda molecular de processos de luta no proletariado brasileiro, as duras lutas dos trabalhadores argentinos, a luta dos trabalhadores de Mianmar diante do golpe militar, apenas para listar alguns conflitos. Como nós marxistas defendemos, a união criativa do consciente e do inconsciente é o que costumamos chamar de inspiração. A revolução é a inspiração violenta da história.

Somos nós que devemos paralisar tudo, não só para enfrentar o vírus, mas para nos organizar para enfrentar os ataques. Os métodos da classe operária, como o bloqueio de atividades e paralisações para construir uma greve geral, são medidas que nos permitem preservar-nos de forma organizada, através dos sindicatos, frente ao ataque centralizado da burguesia e as fortes tendências destrutivas da economia capitalista em crise.

Podemos dizer que assistimos a um ensaio geral reacionário do sistema capitalista, em meio a um processo mais histórico de decomposição. É um grande ensaio de conciliação de classes, de patriotismo. Diante de uma direção anárquica, como é o sistema capitalista, que depende de seus principais Estados armados para garantir a reprodução do capital, nós lutamos por uma direção coletiva consciente, que prepare as etapas da ditadura do proletariado, uma vez que o sistema atual engendra as condições materiais e as formas sociais para a reconstrução econômica da sociedade.

Nós, trabalhadores, devemos intervir nesta crise de forma independente, preparando as condições para que surja uma vanguarda revolucionária, que se constitua em partido como uma direção revolucionária na necessidade de reconstruir a IV Internacional.

 COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

No último dia 17, o Brasil bateu novo recorde de mortes diárias pela covid-19, com o registro de 3149 óbitos nas últimas 24h. A média móvel diária, no dia 18, bateu recorde pelo 20º dia consecutivo, ultrapassando os 2 mil óbitos, chegando ao índice de 2096 mortes. O total de mortes, após 1 ano de pandemia no país, é de 287.795 com um aumento de 48% na média móvel nos últimos 15 dias. A aceleração da contaminação e do número de mortes deve-se, além da condução trágica do estado no controle da pandemia, à disseminação da variação P.1 (a “cepa de Manaus”), que é mais transmissível, mais letal e atinge a população mais jovem. Com 3% da população mundial, o Brasil acumula 10,3% das mortes por covid-19 no mundo. Em 24 estados do país e o distrito federal, o índice de ocupação hospitalar ultrapassa os 80%, sendo que em 15 destes, o índice já ultrapassa os 90%. Para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil vive “o maior colapso sanitário e hospitalar da história”. Milhares de pacientes já começam a morrer nas filas para leitos. E, além dos leitos, também começam a faltar insumos hospitalares, como a medicação necessária para fazer a intubação de pacientes que precisam da ventilação mecânica, com estoque apenas para os próximos dias.

Estados e municípios aprovam novas medidas de isolamento e quarentena apenas em setores de comércio não essencial, reafirmando nossa caracterização de que essas medidas não são determinadas para salvar vidas, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde e efeitos mais catastróficos na relação entre as classes e o estado. Das quase 300 mil mortes brasileiras em 1 ano de pandemia, mais de 90 mil são decorrentes destes últimos 3 meses. O estado burguês administra apenas a ocupação de leitos e convive muito bem com milhares de mortes diárias, ainda mais quando estas mortes são, na sua amplíssima maioria, de trabalhadores.

A vacinação segue a passos lentos, apenas 1,85% da população já recebeu as duas doses das vacinas atualmente em uso no país, a CoronaVac produzida em São Paulo, pelo Instituto Butantan a partir de insumos chineses e a Oxford, produzida pela Fiocruz. A lentidão do governo federal somada aos equívocos logísticos do ex Ministro da Saúde, o Gal. Pazuello, impulsionou, a partir da permissão do STF, a compra e distribuição direta de vacinas pelas entidades federativas como uma forma de acelerar o débil plano de imunização federal. Através de consórcio, os governadores no Nordeste acertaram a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V e, mais recentemente, formou-se um consórcio de 1703 prefeituras para negociar, diretamente com os laboratórios, a compra das vacinas. A questão da vacina tem desgastado ainda mais a relação do governo federal com os governadores e prefeitos.

No início desse mês, foi divulgado que o governo Bolsonaro havia rejeitado a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pzifer, aumentando ainda mais a crise do governo pela condução catastrófica da pandemia, além de todo o negacionismo propagado pelo próprio Bolsonaro em relação às medidas de segurança sanitária e tratamento médico sobre a covid-19. Crise que fez com que o “centrão” no Congresso aumentasse a cobrança pelo apoio a Bolsonaro, demandando a troca do ministro da Saúde, já realizada, e a indicação de mais 5 ministérios em mãos das alas que são alicerces do bolsonarismo: os militares e os conservadores ideológicos.

Apesar do Ministro da Economia, Paulo Guedes, declarar que “vê sinais de que a economia está decolando”, a expectativa é de que o país entre em um longo período de estagflação, ou seja, estagnação econômica e alto índice de desemprego combinado com a inflação alta. A inflação acumulada para o período foi de 5,2%, abaixo do previsto. Mesmo assim, o Copom (Comitê de Política Monetária) aumentou a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,75%, estabelecendo 2,75%, numa clara tentativa de frear a rápida desvalorização do real. Como um país semicolonial, com economia dependente, tanto a alta do dólar e o aumento dos juros, numa tentativa de atrair investimentos, num processo econômico recessivo, produzem impactos diretos no aumento da carestia de vida da classe trabalhadora.

O Brasil vive também crise humanitária na qual, além das consequências da catástrofe pandêmica, o desemprego recorde, o fim do auxílio emergencial e o aumento da cesta básica elevaram a fome a patamares críticos. Segundo o IBGE, em 2020 eram 39 milhões de pessoas vivendo na miséria e 14 milhões em situação de extrema pobreza. Hoje, o quadro é bem pior. O preço dos alimentos aumentou três vezes mais do que a inflação oficial, 15% em um ano, incentivando a mídia burguesa a “auxiliar” na criação de “novos hábitos alimentares”: trocar arroz por macarrão, carne por ovo e comer alimentos com insetos. Os alimentos básicos tiveram uma alta bem maior do que a alta geral, como o arroz que aumentou 70% e o feijão com aumento de 60% em um ano. Este é o aumento mais rápido dos preços dos alimentos em 18 anos. Com o gás de cozinha custando cerca de R$90, a alimentação regular de milhões de famílias brasileiras tornou-se raridade.

A imensa crise econômica pressionou o governo a planejar um novo auxílio emergencial, já que em dezembro de 2020, 56 milhões de pessoas deixaram de contar com o auxílio. Dessa vez, contudo, o valor irrisório proposto (entre R$150 e R$375) veio através de uma PEC Emergencial que, com a justificativa de poder gastar mais R$44 bilhões por fora do teto de gastos para arcar com o auxílio, significou um duro ataque ao funcionalismo público, impondo restrições à contratação e concursos públicos e o congelamento salarial quando a relação entre despesas e receitas atingir 95% no governo federal. Estados e municípios podem impor as restrições quando esta relação chegar à 85%. Tais medidas também poderão ser impostas em situações de calamidade pública e tem validade para os próximos 15 anos.

É notável que a crise histórica brasileira tem movimentado as diferentes frações burguesas e pequeno burguesas no sentido de responder ao colapso sanitário e a recessão econômica frente a gestão catastrófica do governo Bolsonaro. Inclusive o imperialismo já busca meios de intervenção no governo, já que o Brasil está se tornando uma ameaça sanitária global, além do impacto da crise sobre as cadeias produtivas na região. A OCDE criou um grupo permanente de monitoramento sobre a corrupção no Brasil. O organismo imperialista demonstrou preocupação “com o fim surpreendente da Lava-Jato, o uso da lei contra o abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações”. Para além das representações dessas diferentes frações no congresso nacional, principalmente pelo “centrão”, e da ala militar desenvolvimentista, ressurge neste momento a alternativa de conciliação de classes, com a anulação dos processos de Lula e sua elegibilidade em 2022. Essa alternativa, já denominada “efeito Lula” pelas implicações diretas no governo Bolsonaro, mais pressionado pelo Congresso, pelo cenário eleitoral de 2022 e pela relação do país com o imperialismo, promete arrastar grande parte da esquerda que, até o momento, tem assumido a política burguesa de “lockdown” e permanecido isolada de qualquer processo de lutas.

Também as direções sindicais permanecem cumprindo isolamento há um ano, abandonando toda a luta dentro dos métodos de classe e abraçando toda a adaptação aos meios digitais que serão plenamente utilizados no próximo período para o aumento da produtividade, com maior exploração dos trabalhadores aliada às demissões massivas. Nesta semana também, as direções das principais centrais sindicais (CUT, CTB, UGT e Força Sindical) reuniram-se com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), num esforço de colaboração e solidariedade com as políticas do governo do estado, oferecendo as estruturas sindicais para a vacinação, demonstrando apoio político às medidas de restrição e à defesa do auxílio emergencial de R$600 e sugerindo outras formas de segurança sanitária, como dispenser de álcool gel nos transportes públicos, escalonamento de horários de entrada e saída dos trabalhadores dos setores produtivos para desafogar o sistema de transporte. Um claro esforço de colaboração com um governo que, apesar do discurso de contraposição ao governo Bolsonaro, continua colaborando com a morte dos trabalhadores, seja da educação com a reabertura das escolas, seja dos setores produtivos que continuam trabalhando sem condições sanitárias, seja dos trabalhadores informais, prejudicados e reprimidos com as medidas de restrição de circulação, seja da juventude periférica, assassinada diariamente pela polícia militar sob o comando do governador.

Além da colaboração com o governo paulista, as centrais anunciam, para o dia 24 de março (próxima quarta-feira) um dia de “lockdown dos trabalhadores”, adaptando o que um dia já foi uma greve geral para uma política própria da burguesia. Segundo Sérgio Nobre, presidente da CUT, “O ‘fique em casa’ é um protesto contra as privatizações; por vacina já para todas e todos, pelo auxílio emergencial, pelos empregos; contra carestia e os aumentos dos preços do gás, combustível, arroz, feijão, entre outros, contra a reforma Administrativa e pelo Fora Bolsonaro. É um lockdown em defesa da vida. (...) Um lockdown de, no mínimo, 24 horas é para ficar em casa, é um dia de reflexão sobre o que acontece no Brasil”. Sem nenhuma convocação à paralisação total das atividades, muito menos assembleias em cada sindicato, a data será mais um dos eventos “simbólicos” das direções, sem nenhuma política para os trabalhadores.

É urgente que construamos uma saída operária para a crise sanitária e econômica que assola o país. Não podemos confiar ao estado burguês o controle da pandemia ou a implementação de medidas econômicas de proteção do emprego e da renda dos trabalhadores. Não nos esqueçamos que o estado é o instrumento de dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Devemos contrapor às medidas estatais de controle da pandemia, os nossos métodos de classe, como a greve. Os professores de São Paulo, frente à reabertura das escolas sem segurança sanitária, medida que já matou dezenas de trabalhadores da educação e alunos, impuseram a greve como forma de resistência e de luta por condições salubres de trabalho.

É preciso construir em cada sindicato, através de assembleias de base, essa forma de resistência ao genocídio em curso e impulsionar as centrais para a convocação de uma greve geral. É preciso construir entre os trabalhadores, via centrais sindicais, um plano de lutas independente que responda ao desemprego massivo e à crise sanitária. É preciso impor a escala móvel de horas e salários, o controle operário da produção dos setores essenciais, especialmente das vacinas, bem como a sua distribuição. Para isso, precisamos combater com a máxima urgência, as burocracias pelegas que colaboram com a situação atual de colapso no país. Construir uma saída independente dos trabalhadores é, agora mais do que nunca, uma questão de sobrevivência para a nossa própria classe.

Em um episódio de suposto arroubo populista, no último dia 22 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a não renovação do mandato do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que encerra no final do mês de março. Em seu lugar, Bolsonaro anuncia que quem assumirá a presidência da empresa no próximo mandato é o general Joaquim Silva e Luna. O motivo alegado pelo presidente da república foi a política de preços praticada pela direção da estatal. Só em 2021, a gasolina teve um aumento de 41,5% se comparada com o último valor de 2020, já o diesel teve um aumento de 34,1% nesse mesmo período, aumentos que tornam os preços atuais os mais altos da história.

As diversas frações da burguesia que compõem o governo federal, que agregam o “Centrão” no parlamento - caracterizado principalmente pelo fisiologismo - e o setor liberal encabeçado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, somados as facções militares que foram determinantes na eleição de Bolsonaro e também estão enraizados em seu governo, compõe o cenário de total instabilidade dentro do governo federal. O choque dos interesses muitas vezes opostos entre esses setores e outros grupos que foram parte da base eleitoral de Bolsonaro, mostra que a instabilidade predomina cada vez mais em seu governo, portanto, intencionamos aqui apontar que aquilo que a princípio pode aparentar ser uma mera decisão impulsiva e populista, na verdade possui elementos objetivos muito mais profundos e representa o embate latente entre as forças políticas que formam a base governista. Cabe aqui também avaliar e denunciar a postura que vem tendo as direções sindicais em relação a esse movimento, assim como também apontar a política correta a ser encaminhada aos trabalhadores da Petrobras.

 

O processo de privatização em 3 atos: leilões dos blocos de exploração, PPI e desinvestimento

Fundada em 1953, a Petrobras exerceu por 44 anos o monopólio da exploração de petróleo no Brasil. Essa situação foi modificada com a Lei do Petróleo de 1997 que permitia que a União contratasse outras empresas para explorar a commodity. Em 1999 foram leiloados os primeiros 27 blocos de exploração, adquiridos em sua maior parte pela própria Petrobras, porém, já caracterizando o início da abertura para a exploração do petróleo brasileiro por empresas privadas nacionais e principalmente internacionais.

A partir de então, os leilões aconteceram ininterruptamente em todos os governos subsequentes, com destaque aos governos de Lula e de Dilma Rousseff que foram responsáveis pela adição de áreas de 237 mil km² e de 181,4 mil km² respectivamente para exploração, dessa vez já contando com a áreas do pré-sal e tendo importante participação de empresas privadas estrangeiras.

Durante o governo Dilma, a política de preços da Petrobras foi utilizada como forma de intervenção na política macroeconômica do país. Os preços eram definidos artificialmente pelo governo, não acompanhavam a demanda internacional da cotação do petróleo e do dólar e como os combustíveis são essenciais para a circulação de mercadorias, feita predominantemente pela via rodoviária, essa intervenção direta do governo visava intervir também no preço final das mercadorias, sendo uma forma mecânica de se conter a inflação. Junto ao escândalo do “petrolão” - escândalo de corrupção envolvendo desvio de dinheiro da estatal por dirigentes ligados a diversos partidos políticos - a política de preços adotada por Dilma Rousseff, foram atacados duramente por especialistas e pela mídia como sendo os principais responsáveis pelo grande endividamento da empresa.

Em resposta a esse clamor anti-intervencionista vindo da grande imprensa e de setores da burguesia, após o impeachment de Dilma, seu sucessor Michel Temer adotou uma nova política de preços, dessa vez o valor dos combustíveis no Brasil estará alinhado ao preço internacional do petróleo e a cotação do dólar: a PPI - Preço Paritário de Exportação. Essa política visava inserir a Petrobras em um contexto de competição no mercado, favorecendo os importadores que tinham e têm o interesse de manter os preços elevados, em claro exemplo de submissão aos interesses do imperialismo. Junto a PPI, ganhou força também o discurso que defende a privatização da empresa.

A PPI, assim como a política privatista para a estatal avançam no governo Bolsonaro, agora com a empresa sob a régia de Roberto Castello Branco, economista árduo defensor da privatização de empresas públicas e amigo pessoal do ministro da Economia Paulo Guedes, e que já havia sido membro do conselho diretor da Petrobras entre 2015 e 2016, durante a gestão de Dilma Roussef. A intensificação dessa política de preços “flutuantes”, que chegou a avançar em reajustes diários, teve importante papel no aumento da inflação e da carestia de vida, e culminou em maio de 2018 com a paralisação dos caminhoneiros, afetados diretamente em suas condições de vida pelo baixo preço do frete e pelos constantes aumentos no preço do diesel, mas que não questionava a política de preços da Petrobras, somente os impostos que incidem sobre os preços.

Com Castello Branco no comando, até novembro de 2019, 70 bilhões em ativos da estatal já haviam sido vendidos para investidores privados. Entre 2020 e 2021 foram 8 subsidiárias que deixaram de estar sob o controle da Petrobras. Hoje são 17 refinarias no Brasil, 13(76,4%) pertencem à própria Petrobras, mas em capacidade de refino, o poderio da estatal petroleira ainda alcança 98% da capacidade de produção nacional. Ou seja, mesmo com o Brasil não sendo autossuficiente na produção de combustíveis, a participação da Petrobras ainda é muito importante e tende a desencorajar investidores externos, por isso a importância que a burguesia e seus agentes dão a política de desinvestimento que avança de forma agressiva desde o governo de Michel Temer. A intenção das administrações da petroleira desde então é reduzir essa capacidade de produção para 50%, tornando o mercado nacional mais atrativo e competitivo para as empresas estrangeiras que queiram investir no mercado brasileiro.

Observa-se então que a política de privatização caminha a passos largos e vem se desenrolando por todos os governos de 1997 até hoje, pois envolve os leilões dos blocos de exploração para empresas privadas, a PPI, e o desinvestimento em setores estratégicos como o refino e a distribuição através da venda dessas empresas, não esqueçamos a privatização da subsidiária BR Distribuidora concretizada em 2019, responsável pela logística de distribuição dos combustíveis e chegada ao destino final.

 

O “rompante” intervencionista x O deus Mercado

O intervencionismo de Bolsonaro, através da dispensa do presidente Castello Branco para a condução de mais um general para a linha de frente de seu governo, causou um terremoto no mercado financeiro. As ações da Petrobras tiveram rápida queda de 26%, o que derrubou os índices de toda a bolsa de valores, a estatal também chegou a perder 102,4 bilhões de reais de seu valor de mercado. Essa rápida desvalorização adveio do temor dos agentes do mercado em torno da volta do controle artificial dos preços dos combustíveis.

Apesar de Bolsonaro reiterar várias vezes não estar interferindo na PPI, sua intenção é ter maior controle sobre os preços e aumentar a previsibilidade dos reajustes. Para isso, já editou decretos que versam sobre um ICMS único para os estados - anteriormente essa taxa variava de acordo com o preço na bomba - e zerando taxações como PIS e COFINS, nos meses de março e abril para o óleo diesel e o GLP. O gás de cozinha teria essas taxas zeradas permanentemente.

Cabe aqui pontuar alguns elementos que são importantes para analisar essa abrupta mudança de direção na condução das políticas para o petróleo desse governo.

Em primeiro lugar, Bolsonaro enfrenta uma queda considerável de sua aprovação, de acordo com pesquisa do Datafolha, 44% das pessoas entrevistadas consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 30% aprovam seu governo. Quando se trata da gestão da pandemia a avaliação piora para o presidente, 54% desaprova totalmente sua gestão enquanto 22% consideram boa sua gestão da crise sanitária.

De fato, além das momentâneas 300 mil mortes que se espalham pelo Brasil, Bolsonaro tem de lidar com as investigações do Ministério Público sobre as ações de seus filhos. Somente no último mês, novamente Flávio Bolsonaro foi protagonista na mídia por ter comprado uma mansão cujo valor ultrapassa e muito suas virtuais possibilidades de pagamento dessa dívida. Também seu filho mais novo, Renan, começa a ser investigado por possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro com sua empresa atuando junto ao governo federal.

Também havia a ameaça de uma greve por parte dos caminhoneiros, um dos segmentos que foi cabo eleitoral do atual governo e que mesmo após a paralisação de 2018 não tiveram suas reivindicações, que envolviam principalmente o preço dos combustíveis, atendidas. Agora, os caminhoneiros recuam, novamente com a perspectiva da redução dos impostos sobre os combustíveis.

Por fim, como se os elementos elencados já não bastassem como pólvora para o “comportamento explosivo” do chefe de Estado brasileiro, foi noticiado que no dia anterior ao anúncio da troca de comando na Petrobras e o consequente tombo nas ações da empresa e no seu valor de mercado, algum investidor anônimo fez investimento apostando na desvalorização da petroleira estatal, amealhando assim um faturamento de 18 milhões de reais. A ação está sendo investigada e suspeita-se de que houve informação privilegiada por parte dos investidores.

Postos esses elementos é possível concluir que a decisão de mudança na direção da Petrobras não foi um mero improviso. A queda da popularidade do presidente da república, assim como as investigações sobre as relações criminosas de sua família não tiveram início agora, e mesmo as ameaças dos caminhoneiros se arrastam há tempos. Bolsonaro precisa dar respostas rápidas às suas bases - no caso os militares que não veem com bons olhos a privatização da Petrobras e os caminhoneiros - mesmo que seja em detrimento das demandas de parte dessas bases, neste caso os adeptos do liberalismo de Paulo Guedes.

 

A traição das direções e necessidade de uma política independente para a classe trabalhadora.

De fato, nenhum dos projetos - privatista ou estatista - serve a classe trabalhadora. O lema “O Petróleo é nosso” é entoado tanto pelo reformismo quanto por setores da burguesia, como se o controle estatal fosse o suficiente para garantir os interesses da classe trabalhadora, ora, enquanto o Estado tiver seu caráter de classe burguês, o controle estatal de uma empresa continuará representando os interesses da burguesia.

A classe trabalhadora está à mercê dos governos burgueses e abandonada pelas suas direções. Todo esse processo aconteceu e acontece com a leniência e a complacência das direções sindicais, totalmente adaptadas à democracia burguesa e suas leis, lançando mão de ações judiciais, rebaixando pautas, negociando pacificamente com os patrões e abandonando os métodos de luta da classe trabalhadora. Temos o exemplo do atual coordenador geral da FUP (Federação Única dos Petroleiros) que defendeu a mudança realizada por Bolsonaro, afirmando que os militares tiveram uma ação positiva em relação a Petrobras, ou seja, podemos novamente estar entregue aos militares desde que o petróleo seja nosso.

Em 2021 houve o caso emblemático da greve dos petroleiros da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) na Bahia. Entre as reivindicações apresentadas pelas direções estão: a implementação de uma política efetiva de combate ao assédio moral nas unidades da Petrobras; a incorporação dos trabalhadores concursados da Petrobras Biocombustíveis (PBIO) à Petrobras, caso a Usina de Biocombustíveis de Candeias seja realmente vendida; o fim das dobras de turno e das prorrogações de jornada; e a revisão da política do efetivo mínimo do O&M (Organização e Método) nos diversos setores da estatal, em especial na RLAM.

Como se vê, as direções já dão como fato dado a privatização e lutam por migalhas aos trabalhadores. Os métodos envolvem campanhas solidárias, ausência de atos presenciais - alegando a questão sanitária causada pela pandemia - ações judiciais, enfim, total submissão às práticas burguesas e omissão dos métodos de luta historicamente construídos pela classe trabalhadora.

Esses são os rumos que as políticas reformista e centrista estão encaminhando a classe trabalhadora: desemprego, precarização das condições de trabalho e miséria. É preciso combater essa política no interior dos processos de luta que irrompem pela classe trabalhadora. Os revolucionários, devemos levantar a defesa da tomada da Petrobrás sob o controle operário como forma de exercer influência prática na produção petrolífera e, neste processo, forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário.

Nessa conjuntura, na qual a crise pandêmica serve como complemento macabro aos ataques frontais a classe trabalhadora em diversas frentes é preciso romper com o imobilismo das centrais e avançar na luta com os petroleiros e demais setores produtivos, com independência de classe e em unidade com outros setores da classe trabalhadora, rumo a construção de uma Greve Geral por tempo indeterminado que coloque abaixo os planos do governo!

POR UMA CAMPANHA DE LUTA INTERNACIONALISTA

DEVEMOS IMPOR NOSSAS CONDIÇÕES PARA A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

 

Há um ano do fechamento massivo de escolas, imposto em quase todos os países como parte das medidas de quarentena, se ampliam os conflitos educacionais frente a ofensiva estatal para impor a volta às aulas na pandemia, com uma campanha furiosa de ataque aos professores e, particularmente, às suas organizações sindicais para dobrar a resistência a um retorno sem condições de segurança sanitária. No momento em que governos, empresários e burocratas nos falam de “nova normalidade” e preparam as condições da pós-pandemia, afloram violentamente as contradições da crise mundial não resolvida, sacudida pela segunda onda de Covid e o repúdio à condução estatal da crise sanitária, à vacinação de privilegiados, ao abandono à própria sorte da população pobre e assalariada.

 

A quarentena, como medida estatal burguesa de controle da circulação de pessoas e mercadorias, com o objetivo de preservar seus sistemas do colapso (em especial, seu sistema de saúde), se traduziu em uma ingerência massiva do Estado na produção e nas relações sociais, dentre elas, a educação. “Urgidos por incessantes interesses e perigos sociais, os governos irrompem no reino econômico com medidas de emergência cujos resultados, na maioria das vezes, nem eles mesmos podem prever” (LT, O nacionalismo e a economia, 1933). O resultado desta ingerência do Estado burguês não poderia ser outro que a exacerbação das desigualdades sociais, suas contradições e o aumento da desorganização nas relações de produção e reprodução social. Ao contrário das fantasias estatistas, o Estado capitalista, e menos ainda um Estado semicolonial, é incapaz de introduzir elementos de planificação. “Em uma sociedade onde prevalece a propriedade privada, é impossível que o governo conduza a vida econômica de acordo a um ‘plano’” (LT, Sobre o segundo plano sexenal no México, 1939).

 

A necessidade de maior reabertura da atividade econômica é o verdadeiro motivo por trás da ofensiva estatal e empresarial pela volta às aulas presenciais, justamente pelas implicações na organização da vida das famílias assalariadas causadas pelo fechamento das escolas em 2020. As lutas interestatais pelas vacinas, desvendando a voracidade do capital farmacêutico e a falácia da cooperação internacional no combate à pandemia, obstruem qualquer previsão sobre os planos de vacinação da população de risco, ou dos trabalhadores considerados essenciais para os interesses da classe dominante.

 

Porém, a pressão para a reabertura escolar para o ano de 2021, defronta-se com a realidade da “velha normalidade” materializada em uma infraestrutura escolar absolutamente deficiente. À deterioração e deficiência da infraestrutura se agregam os resultados das sucessivas reformas educacionais, trabalhistas e previdenciárias, impostas pelos organismos de crédito na região. A diminuição do gasto em educação, o fechamento de salas e escolas ampliaram a superlotação escolar. A deterioração salarial obriga a grande maioria dos professores a trabalhar em múltiplas escolas para sobreviver, o que adiciona grande complexidade ao projeto de esquemas de bolhas/ alternância e o uso do transporte público. O ataque aos regimes de aposentadoria dos trabalhadores da educação, aumentando a idade mínima, o qual, junto com as péssimas condições de trabalho que impactam na saúde, se traduz em uma alta porcentagem de população de risco nas escolas.

 

Os protocolos que os ministérios da educação desenham falam de “bolhas” por aula, de distância de 2 metros, ventilação, lavagem das mãos com frequência, entrada escalonada, alternância, etc. Medidas impossíveis de cumprir na realidade escolar que os sucessivos governos foram responsáveis por criar. A fórmula mágica dos ministros de educação para corrigir seus protocolos, é a bimodalidade ou “ensino híbrido”, a aula invertida (flipped classroom), favorecendo o negócio das plataformas educacionais. Dessa forma, transferem completamente o gasto com conectividade e equipamentos aos professores e famílias, como fizeram em 2020. O “ensino híbrido” é o aumento e a extensão da jornada de trabalho docente. Para se impor como organizador do trabalho educativo, é uma reforma trabalhista de fato, que os professores já suportaram depois de um ano de trabalho 24X7.

 

As gestões educacionais são incapazes de projetar protocolos para uma “presencialidade segura” frente a profunda fragmentação dos sistemas educacionais, a infraestrutura, as condições de vida e trabalho de estudantes e professores. “Empoderar a direção”, “liderança educacional”, são linhas de política educacional imperialista que emanam do Banco Mundial e seus pares, e orientam a ação dos governos da região atribuindo à equipe gestora a tarefa de definir como abrirá sua escola. Estas medidas geram maior atomização e desorganização entre os trabalhadores, porque cada escola se torna um espaço de pressão e divisão interna, de isolamento por unidade de trabalho.

 

Para enfrentar essa situação, nós, trabalhadores, precisamos mais do que nunca fortalecer a organização por escola, e a coordenação em corpos de delegados escolares por zona/região. Estender o exemplo dos companheiros do Brasil, que construíram comandos de greve por região da cidade para organizar, desde a base, a greve efetiva como resistência às aulas presenciais sem condições, desafiando a passividade da burocracia sindical frente à catástrofe sanitária e à arbitrariedade estatal. Fazer a propaganda destas experiências, convocar os trabalhadores da saúde para criar organismos conjuntos de centralização da ação e decisão, são as tarefas do momento diante do papel desorganizador das burocracias.

 

 

Por um plano de ação internacionalista dos trabalhadores da educação

 

As direções sindicais em toda a região fizeram da quarentena seu programa. A ele se adaptaram a maioria das correntes de oposição que exigem quarentena para todos. Com seus matizes, depositaram no Estado a tarefa de combater a pandemia. E como vimos, o balanço dessas medidas estatais foi brutal para a população assalariada e empobrecida. A utilização repressiva das forças de segurança, para controlar a circulação da população, exacerbou a violência estatal contra a juventude e os assalariados informais. O custo da crise econômica estamos pagando nós, trabalhadores, que o carregamos com o desemprego crescente, com a queda brutal de nossos salários, com os doentes e mortos aos milhares frente ao colapso sanitário, enquanto os governos amarram por décadas a geração de riquezas para o pagamento da dívida externa com os detentores de títulos e o FMI.

 

Nós, trabalhadores da educação, precisamos fazer nosso balanço da quarentena, da posição assumida pelas direções que delegaram ao Estados o combate da pandemia. Este balanço é necessário para preparar programaticamente como enfrentamos a volta às aulas presenciais sem condições e a segunda onda da pandemia a partir dos nossos interesses. Apenas com os nossos métodos e com independência de classe poderemos dar uma resposta à crise, na defesa de nossas vidas e as de nossos estudantes. Necessitamos criar condições para termos assembleias presenciais, por unidade de trabalho, e preparar plenárias de delegados de base para debater e votar um conjunto de reivindicações sobre as condições que precisamos nas escolas. Não se pode ter retorno das aulas sem recomposição salarial de tudo o que foi perdido no período anterior. Não podemos aceitar voltar às aulas sem um plano sério de vacinação e investimentos em melhorias sanitárias e infraestrutura.

 

Devemos tirar lições da experiência internacional de nossa classe, da recuperação dos métodos operários, como a greve, para impor o fechamento diante da ausência de condições seguras, como no Brasil, na Itália ou nos EUA. Devemos construir instâncias de discussão com as organizações estudantis, propondo aos estudantes a eleição de seus representantes para formar comitês de higiene e segurança conjuntos por escola, com delegados específicos para essa tarefa, definida pelos trabalhadores da educação. É preciso que a força organizada dos professores possa ser também um núcleo de atração para coordenar com a juventude das escolas e comunidades, através de seus centros de estudantes e organizações, a ligação com os sindicatos dos trabalhadores da educação para canalizar, em uma luta conjunta, a energia desprendida pela juventude, que se destaca no Chile, Colômbia e Peru.

 

A crise mundial nos afeta como classe operária sem respeitar fronteiras, como nos afetam as políticas patronais que implementam todos os governos, de Fernández a Bolsonaro, de Piñera a López Obrador. É urgente forjar laços internacionalistas de solidariedade e de luta unitária, recuperando com as melhores tradições do movimento operário mundial, nossas organizações para a luta, expulsando as burocracias traidoras. A decomposição de nossas organizações sindicais pela subordinação à regulamentação estatal e pela política conciliadora da burocracia é uma tendência internacional que devemos combater com um programa internacionalista.

 

As tendências políticas que reivindicamos, a independência de classe e, mais ainda, aquelas com responsabilidade de direção nos sindicatos recuperados, podem jogar um papel central para forjar uma nova direção dos trabalhadores da educação. Pela construção de oposições sindicais revolucionárias! Preparemos uma campanha internacionalista de luta contra as aulas presenciais sem condições. Organizemos um congresso latino-americano de delegados da educação, para debater um balanço operário da quarentena e do fracasso da ação estatal contra a pandemia. Confrontemos a colaboração da burocracia com o aparato estatal burguês com um programa e um plano de luta internacional de nossa classe. Preparemos uma jornada internacional de paralisação da educação e mobilizações.

 

 COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

 

 

Se acerca una nueva conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, donde las patronales y sus Estados vienen descargando la crisis sobre la clase obrera, con despidos, bajas salariales, y precariedad laboral. La precarización que vive la clase obrera se incrementa en el sector femenino, sobre quien pesa mayoritariamente la carga social de las labores domésticas y cuidado de los hijos y enfermos.

En el país las negociaciones colectivas en la mayoría de los casos han congelado los salarios. La cesantía se incrementó durante la pandemia así como las suspensiones al contrato de trabajo. Esto ha impactado directamente sobre la mujer trabajadora quien ha visto disminuir en mayor medida su participación laboral.

Ahora el gobierno prepara subsidio para las patronales que contraten trabajadores por menos salario. El incentivo para los explotadores será contratar mujeres y jóvenes como fuente de mano de obra barata. Asimismo prepara el retorno a las labores de los trabajadores suspendidos, cuando los índice de contagios del virus se han disparado, pues es el llamado de las patronales a producir a toda costa, no es la vida y salud de los trabajadores lo que mueve al capitalismo. Las condiciones laborales del personal de salud, así como el retorno a clases presenciales de los colegios, actividades sustentadas en su mayoría por mujeres trabajadoras, en una situación pandémica creciente, demuestra lo nefasto de un sistema caduco y la política de un gobierno criminal. La burocracia sindical al sostener estas políticas se muestra como un fiel agente político del empresariado

Del mismo modo durante la pandemia el gobierno ha exacerbado el control social sobre los trabajadores y el pueblo pobre, las cuarentenas “dinámicas” y toques de queda, llenando de milicos y pacos las calles, apuntan a fortalecer la línea represiva estatal, como el intento de meter el estado de sitio en la Araucanía el impulso de la militarización en la zona, con los votos de la oposición. La represión, la cárcel, las torturas, los vejámenes, las mutilaciones oculares, se han dirigido contra la juventud que lucha en general y la mujer en particular.

La burguesía busca cerrar el proceso semi insurreccional abierto el 18 de Octubre mediante un proceso constituyente. La mayoría de las directivas sindicales de la clase trabajadora no sólo han promovido esta salida, sino que han definido volcarse con candidaturas, como con Bárbara Figueroa de la CUT o Mario Aguilar del Colegio de Profesores. Pretenden transitar de la burocracia sindical a la burocracia estatal. Lo que es difundido como un gran triunfo, la convención paritaria, busca meter al movimiento de mujeres cooptándolo al Estado, estatizar sus demandas para una reforma al régimen burgués. Los actos barbáricos que ocurren por doquier contra mujeres, el actuar de las policías con su represión e impunidad, la existencia de la servidumbre doméstica, la desigualdad salarial, el problema de la vivienda, etc, etc demuestran que el capitalismo es un sistema en descomposición, que no puede ser reformado, sino que merece ser destruido, y que su sistema representativo no cambiará las condiciones de opresión y explotación mientras perdure su carácter de clase.

En este 8M, se trata de reponer el origen histórico obrero de lo que se conmemora, reponer las reivindicaciones de la mujer trabajadora y sus métodos de lucha, como la paralización de los lugares de trabajo, del proletariado en su conjunto. El separatismo de género sólo paraliza a la clase obrera escindiéndola internamente y dificulta la educación del proletariado en la lucha por la igualdad social.

Es prioritario impulsar el control obrero de la educación y la salud y desarrollar la organización obrera. Imponer protocolos de los trabajadores para enfrentar la pandemia, recuperar nuestros sindicatos expulsando a la burocracia, luchar por la incorporación masiva de la mujer a la producción, luchar por salarios acordes a la canasta familiar y condiciones de trabajo arrebatados durante la pandemia.

Los marxistas buscamos recuperar el programa revolucionario para poner fin a la explotación capitalista y eliminar toda forma de opresión.

 

Na última semana de fevereiro, trabalhadores da Ford de Taubaté e Camaçari retornaram aos seus postos de trabalho após semanas de resistência, selando a derrota dirigida pela burocracia sindical, em acordo com o imperialismo, na luta contra o fechamento das plantas. Em janeiro deste ano, a Ford anunciou o fechamento de todas as plantas no Brasil (Taubaté-SP, Camaçari-BA e a Troller em Horizonte-CE, além da planta em São Bernardo do Campo-SP fechada em 2019), mantendo apenas um centro administrativo. A empresa justifica essa decisão como parte de sua “reestruturação global”, termo utilizado pelas multinacionais e que significa redução de custos e aumento da lucratividade, através do aumento da composição orgânica do capital. Também joga no peso da decisão, o aprofundamento da crise econômica causado pela pandemia: em 2020, a venda de carros no Brasil caiu 26%; só as vendas da Ford caíram 39,2% em relação a 2019. A Ford possui 6.171 trabalhadores diretos e responde por 7,14% do mercado nacional automotivo, além de 280 concessionárias no país, das quais 160 devem fechar as portas. Com o fim das atividades, 5 mil trabalhadores diretos serão demitidos. O DIEESE calcula, contudo, que 118,8 mil postos de trabalho serão afetados, causando uma perda de R$2,5 bilhões na renda dos trabalhadores.

A tendência histórica de queda na taxa de lucros se aprofundou a partir da crise de 2008 e a introdução de estímulos fiscais e políticas de juros baixos resultando no aumento do investimento especulativo em detrimento do investimento produtivo, não reverteu essa tendência. As reestruturações das montadoras, com o fechamento de fábricas em todo o mundo a partir de 2008 e os recorrentes socorros estatais via injeções de crédito são exemplo da profunda crise capitalista dentro de um contexto mais geral de decomposição do imperialismo.

A crise de 2008 e seus efeitos nas montadoras

Em 2008, com a deflagração da crise econômica do seio do imperialismo, na forma de uma crise financeira, a retração do crédito atingiu em cheio o mercado de automóveis nos EUA, reduzindo ainda mais a participação das montadoras no mercado norte americano. Se na década de 50 essa participação estava em 45%, em 2008 reduziu-se para 28%, acelerando uma tendência de queda desde as últimas décadas. As “big three” – General Motors, Ford e Chrysler – berço da aristocracia operária norte americana, foram as mais atingidas. Em 2009, a GM pediu concordata e anunciou o fechamento de 14 fábricas, a maioria no Michigan. A cidade de Detroit – Michigan, conhecida como “Motor City” por abrigar a GM, afundou poucos anos após a deflagração da crise financeira. Em 2010, já era uma cidade quase abandonada, com 35% do território desabitado e com a população reduzida em mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda em 2008, o governo norte americano aprovou um plano de auxílio à Ford e à GM de US$17,4 bilhões para evitar a bancarrota da indústria automobilística. Na Alemanha e no Canadá, os governos também aprovam pacotes de auxílio. Em 2011, o governo norte americano viabilizou novo pacote de US$25 bilhões às montadoras, frente a desvalorização no mercado e novo risco de falência.

Com a deflagração da crise, as empresas passaram a recorrer, para além das ajudas estatais, a reestruturações na produção que buscavam reduzir os custos e aumentar a produtividade, buscando reverter a tendência de queda nas taxas de lucros. Isso significou o fechamento de muitas fábricas, especialmente aquelas mais antigas, cujos trabalhadores eram melhor remunerados, e abertura de plantas em outros locais cujos governos oferecessem pacotes fiscais de incentivo ao investimento e, claro, mão de obra sem forte organização sindical. Já em 2009, 35 mil postos de trabalho da indústria automobilística foram fechados no mundo todo; porém, somando programas de PDV, reduções de jornada e salários, layoff’s e férias coletivas, acredita-se que esse número foi três vezes maior.

Também a luta dos trabalhadores por salário e emprego acompanha esse processo, como nas duas das mais importantes greves do setor: a greve dos trabalhadores da GM nos EUA, após mais de uma década de controle da burocracia sindical e a de Matamoros no México.

No Brasil, em 2011, o governo já era o principal financiador do maior ciclo de investimentos do setor automotivo no país através de incentivos fiscais, recursos do BNDES ou entidades locais de fomento para investimento como, o BNB no Nordeste. Em desonerações às montadoras, foram estimados R$43,5 bilhões no governo Lula e R$458 bilhões no governo Dilma, um aumento dez vezes maior de isenções fiscais para as empresas. Outras formas de “auxílio” também foram aproveitadas pelas montadoras: o Programa de Proteção ao Emprego, em 2015, permitiu a redução temporária de 30% da jornada com redução proporcional de salário. O PPE foi celebrado pela Associação das Montadoras e pelos sindicatos dos metalúrgicos filiados à CUT e à Força Sindical. Mais recentemente, a MP 936 do governo Bolsonaro também cumpriu esse papel.

A conta da crise econômica para os trabalhadores: o fechamento da Ford no Brasil

Em São Bernardo do Campo (SP), a Ford encerrou a produção em 30 de outubro de 2019, implicando na saída de seu segmento de caminhões na América do Sul. O fechamento da planta resultou na demissão de 1,5 mil trabalhadores diretos; segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (CUT), 3 mil postos de trabalho foram atingidos. Durante o processo de fechamento, a burocracia sindical apostou nas negociações com o governo Dória (PSDB) como interlocutor para a venda da planta. Alimentou, entre os trabalhadores, a expectativa de que o grupo CAOA assumiria a fábrica e manteria os empregos, pois estariam aguardando apenas a liberação de um financiamento do BNDES, mas já haviam firmado um acordo para contratação dos trabalhadores com o pagamento de 80% da tabela da Ford. Em janeiro de 2020, o governador anunciou que o grupo havia desistido da compra da fábrica. Em outubro último, a Ford confirmou a venda da mesma para uma construtora e informou que “envolveu o sindicato nas negociações” para absorver parte dos funcionários demitidos, que até hoje estão vivendo do trabalho informal, pois muito poucos conseguiram recolocação no mercado de trabalho. Ao comentar a saída da Ford do Brasil, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmou ter esperança de que a Ford reverta a decisão, mas sendo “pragmático, a única saída seria a aquisição por parte de um outro grupo”.

Em Taubaté (SP), 130 trabalhadores voltaram aos seus postos em 22 de fevereiro para a produção de peças de reposição em cronograma apresentado pela Ford, após aprovarem negociação com a direção mundial da empresa com garantia de acesso aos documentos pertinentes à negociação pela direção sindical. Nessa negociação, caberia ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (CUT) a apresentação de “propostas concretas de alternativas para reverter o encerramento das atividades”. Além da negociação, o acordo firmado em audiência de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, garantiu a manutenção dos 830 empregos até o final da negociação. Para a burocracia, o acordo foi considerado uma vitória, pois conquistou uma “blindagem jurídica” para o retorno às atividades e “a luta possibilitou negociação com mais igualdade”. A luta a que se refere a burocracia consistiu na greve concretizada pela recusa dos convocados pela Ford para produção de peças de reposição em comparecer ao trabalho, protestos na porta da fábrica com uniformes pendurados nas grades, vigílias, assembleias virtuais, cobrança de apoio do governo federal pelos empregos e uma carreata à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, definida como um “ato de luta e fé pelos empregos da Ford”. O sindicato ainda alegou ao TRT que os trabalhadores não estavam em greve, pois o dissídio coletivo tinha sido imposto pela empresa. A “negociação com mais igualdade” com a direção mundial da Ford, no dia 25 de fevereiro, só confirmou a demissão dos trabalhadores e a promessa de uma indenização negociada.

Não muito diferente de Taubaté, os trabalhadores de Camaçari (BA) retornaram ao trabalho em 23 de fevereiro após acordo de retomada de negociações. O retorno é previsto por 90 dias, podendo ser estendido. Dos 740 trabalhadores da planta, 460 já estavam suspensos por contrato em layoff, 327 retornarão neste mês de março e cerca de 180 em abril. A burocracia sindical celebrou o acordo como uma “trégua” de 90 dias para que as partes cheguem a uma negociação sobre indenizações. Há determinação da justiça proibindo a demissão antes do fim das negociações. Três semanas após o anúncio do fechamento da planta, a Ford também convocou trabalhadores de Camaçari para a produção de peças de reposição e, em assembleia, a “orientação” da burocracia foi de ninguém entrar. “Como colaborar com quem te ataca? Como ajudar quem te desrespeita?” justificou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari (CTB) – grifos nossos. No final de janeiro, os trabalhadores protestaram na porta da fábrica e pendurando os uniformes com os nomes escritos de seus familiares que seriam afetados pelas demissões e houve a realização de um ato ecumênico para “fortalecer a fé dos metalúrgicos”.

Em Horizonte (CE), a fábrica da Troller, vinculada a Ford desde 2007, será fechada no final deste ano, atingindo 470 trabalhadores diretos. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Maracanaú (Força Sindical) “tranquilizou” os trabalhadores após o anúncio da Ford, já que têm “até o fim de 2021 e muitas encomendas para atender, temos esperança de estender o funcionamento até 2022” e, além da esperança em postergar o fechamento para 2022, afirma que a “estrutura da Troller é vendável”.

Além do fechamento da Ford, outras montadoras aproveitaram a pandemia para demitir em massa e, assim como na Ford, as burocracias trataram de jogar a pá de cal sobre os trabalhadores. Em São José dos Pinhais (PR), a Renault fechou o terceiro turno inteiro, demitindo 747 trabalhadores em julho do ano passado. Após 21 dias de greve com vigília na porta da fábrica, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (Força Sindical) conseguiu liminar na justiça para reincorporação dos 747 demitidos e fechou acordo com a empresa pela manutenção dos empregos até que fosse concluído o Programa de Demissão Voluntária (PDV) em agosto. Caso, o PDV não atingisse os 747, os demais cumpririam layoff por cinco meses com 85% do salário. A negociação do PDV foi celebrada como vitória pela burocracia sindical. A Mercedez Benz, com fábrica em Iracemapolis (SP) também encerrou a produção de automóveis no Brasil, permanecendo apenas com a produção de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG). A negociação também foi fechada pelo PDV para 370 trabalhadores.

O papel traidor das direções e a urgente necessidade de um programa operário de luta

“Nesse ambiente terrível para o proletariado, mas paradisíaco para o capital — é o seu próprio mundo (de barbárie) — a luta política maior se esvai em lutas fragmentadas que até mesmo no campo econômico tem sido, predominantemente, defensivas, se pensarmos na situação do sindicalismo atual, no qual crescem os sindicatos parceiros do capital.” (LÊNIN, 1902).

O papel das burocracias sindicais tem sido determinante nas últimas derrotas para a classe trabalhadora, especialmente depois do acirramento da crise econômica com a pandemia. O exemplo da Ford é extremamente didático, devendo servir para contrapormos os métodos operários de luta à política conciliatória e adaptada levada a cabo pela burocracia sindical. Na maior parte desses processos de reestruturação das montadoras, o papel da burocracia foi idêntico ao dos governos burgueses: vamos oferecer os trabalhadores em sacrifício para salvar o capital! A estratégia equivocada e conciliatória da burocracia com a justificativa de salvar empregos, rifou os trabalhadores que perderam salário, direitos e, por fim, o próprio emprego.

A recorrente desmobilização e a adaptação às instituições da democracia burguesa por parte das burocracias como pressão parlamentar, ajuizamento das negociações e submissão às imposições da patronal apartam a classe trabalhadora de suas formas de organização e luta próprias. Chegam ao cúmulo de utilizar o aparato para defender as empresas, exigindo desonerações do governo, numa ideia distorcida de que a riqueza do patrão aumenta “as migalhas que caem da sua mesa” para alimentar a classe trabalhadora. É necessária uma dura batalha no interior dos sindicatos contra a burocracia, disputando sua influência com os trabalhadores organizados. É urgente tirar “conclusões revolucionárias” das experiências em comum com os trabalhadores sob a direção traidora das burocracias sindicais.

O capital não tem moral, responsabilidade social ou inclinação religiosa e, diante de crises que ameaçam a manutenção de suas taxas de lucro, recorre ao aumento da exploração do trabalho. Não existem atalhos na relação entre capital e trabalho. E o papel que cumprem as instituições democráticas não são neutros, afinal essa é a ditadura da burguesia. Frente ao desemprego, é preciso reivindicar e escala móvel de horas e salários, contrapondo-a à traição da burocracia de negociar redução de jornada e salários. Frente aos ataques do capital monopolista, é preciso responder com métodos próprios de classe, intervindo diretamente nas relações de produção, com ocupações e comitês de fábrica, golpeando o cerne da propriedade privada. “Toda greve com ocupação coloca na prática a questão de saber quem é o dono da fábrica: se o capitalista ou os operários.” É preciso colocar na ordem do dia a questão do controle operário da produção no intuito de forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário. Tarefa árdua e que não se limitará às fronteiras nacionais.

Retomemos el camino del Paro Nacional

 

Estando aún frescas las palabras del ministro de economía Palacios acusando a los profesores de no querer trabajar, y aún más reciente el trauma ocular ocasionado por carabineros contra una profesora que manifestaba en Plaza Dignidad, la directiva del Colegio de Profesores corrió presurosa a sellar un acuerdo con el gobierno para darle paso a las clases presenciales.

Esto luego de que se abriera una campaña mediática por medio de todos los opinólogos a sueldo de la prensa burguesa, sumado al lobby ejercido por las referentes del instituto defensor de la niñez y el Colegio Médico, sobre la urgencia de sumarse al calendario de gobierno del inicio de clases.

Este acuerdo es al mismo tiempo un lavado de cara a un gobierno debilitado que ha profundizado su carácter represivo, agitando una vez más la militarización en la Araucanía así como el respaldo a carabineros ante los últimos asesinatos evidenciando toda la descomposición de esta institución y del mismo aparato de Estado.

Sellando este acuerdo con el contacto físico de sus antebrazos y respaldados con la autoridad mediática del ColMed la burocracia sindical llamó a que se las arreglen, cada quien como pueda, en cada comuna.

Si uno de los temas qué más se levantaron las luchas educativas ha sido la segregación entre los colegios según el estrato o clase social al qué le “prestan servicio”, esta decisión de localizar en cada municipio la tarea de fraguar los protocolos para la vuelta a clases incrementará no sólo las mentadas brechas educativas sino que prepara a su vez los focos de expansión de la pandemia acorde a la cantidad de recursos e infraestructuras que cada escuela posea.

Tan irresponsable es la medida adoptada por el Colegio de Profesores que llama a la presencialidad cuando aún no se ha inoculado la segunda dosis de la vacuna al personal docente y, menos aún, a los trabajadores auxiliares de la educación.

Esta decisión autoritaria de la burocracia del Colegio de Profesores intenta al mismo tiempo evitar que se desarrolle el activismo docente qué fue un protagonista central de las luchas del 2019 previas a la semi insurrección espontánea el 18 de Octubre de ese año, donde llevaron adelante un paro nacional que mantuvo durante meses al gobierno contra las cuerdas. Éste finalmente fue boicoteado por la anterior directiva del colegio articulando con las camarillas parlamentarias una serie de proyectos inconclusos como salida. Consecuente con su línea parlamentarista, la anterior directiva se volcó al intento de fraguar una reforma del Estado vía la convención constitucional. Una vez más la burocracia sindical mostró que prefiere atar los destinos de los trabajadores al aparato estatal antes que desatar las fuerzas de los trabajadores que puedan atentar contra la existencia de este mismo aparato.

Es necesario retomar el camino del paro nacional que el activismo docente supo conquistar. Hay que imponer en cada regional Asambleas presenciales de profesores que mandaten a sus delegados y levanten las condiciones reales para una vuelta a la presencialidad. Debe desarrollarse un plan de lucha nacional fraguado desde las bases, que levante un plan de infraestructura, el pase a planta de todos los trabajadores docentes y no docentes, los protocolos sanitarios, los tiempos y las condiciones del retorno, la lucha por los salarios acordes a la canasta familiar, el reconocimiento de las menciones (a igual trabajo igual salario), entre otros puntos.

Es necesario que la fuerza organizada los docentes pueda ser también un núcleo de tracción para coordinar a la juventud de los colegios y las poblaciones que, mediante sus centros de estudiantes y organismos, se liguen a los sindicatos de los trabajadores de la educación para encauzar en una lucha conjunta la energía desplegada por la juventud estudiantil año tras año.

Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha, expulsemos a la burocracia sindical.

Convoquemos a una Asamblea nacional de delegados

No al calendario escolar de Piñera. No al inicio de clases. Paso a los trabajadores de la educación y a la juventud.

Abramos las puertas de las escuelas y universidades a la clase trabajadora

A pandemia de covid-19 acentuou a crise econômica que perdura desde 2008, à qual o capitalismo não encontrou saída. A acumulação de capital pelo 1% mais rico do mundo foi maximizada, tendo como base profundos ataques aos trabalhadores de todos os países.

A intervenção estatal na produção veio com o objetivo de salvaguardar a burguesia e racionalizar a produção diante da possibilidade de um aprofundamento sem dimensões da crise. Enquanto os Estados aplicavam políticas de quarentena, subsídios às empresas e aos bancos, reconversão industrial, políticas fiscais mais agressivas e auxílios de renda, foram reservados aos trabalhadores ataques como destruição de conquistas trabalhistas com maior flexibilização do trabalho, redução salarial além das demissões em massas. A aplicação dessas políticas, além de dar breve salvaguarda aos sistemas de saúde dos países, contribuiu para a desorganização e isolamento dos trabalhadores, sendo que as burocracias sindicais tiveram e têm grande papel nisso.

Nessa conjuntura o endividamento público e privado cresceu de forma alarmante, demandando que, nesse momento, os governos acelerassem suas políticas para o retorno das atividades produtivas, através do controle da pandemia, exemplificado na busca e disputa pelas vacinas, as quais os países imperialistas já garantiram para si estoques que ultrapassam a real necessidade. Isso significa reativar os serviços e atividades produtivas, a fim de voltar a gerar valor através da exploração. É nesse contexto que está inserida a volta às aulas. Não por acaso, diversas instituições do imperialismo como a OMS, FMI e o Banco Mundial fazem declarações oficiais em defesa do retorno às aulas presenciais. Da mesma forma, os trabalhadores começam a mostrar resistência ao retorno sem segurança sanitária garantida, como nos EUA, Argentina e agora o Brasil.

Olhando para o cenário brasileiro, as reformas trabalhista e da previdência, junto com a lei do Teto de Gastos, vieram para ceifar direitos e salários da classe trabalhadora e sucatear ainda mais os já precarizados serviços públicos, que atendem a população empobrecida do país, situação posta anterior ao período pandêmico.

A pandemia escancara esse processo, dando visibilidade à situação de caos e abandono em que já estavam os hospitais públicos. Soma-se a isso, a política negacionista do governo Bolsonaro que contribuiu para acentuar os efeitos macabros da epidemia: em 1 ano temos quase 250 mil mortes, considerando a subnotificação por estados e municípios.

O governo federal buscou impor sua agenda ideológica, lançando mão de declarações estapafúrdias, incentivo ao uso de medicações sem comprovação científica para o tratamento à covid-19, medicações essas produzidas inclusive pelas forças armadas. Já os governadores dos estados, em disputa política com o executivo federal, criaram frágeis formas de promover o isolamento social, sem força suficiente para impor “lockdowns”.

Na educação, as atividades presenciais ficaram suspensas durante praticamente todo o ano de 2020 em quase todos os estados do país, sobretudo pelo fato de ser ano eleitoral para as prefeituras, responsáveis por essa determinação. Diversos estados passaram o ano de 2020 com os professores em trabalho remoto, aplicando aulas e atividades online, enquanto que nas escolas públicas trabalhadores da gestão e do quadro de apoio das escolas eram obrigados a comparecer presencialmente em suas unidades. O trabalho remoto para os professores significou precarização das condições de trabalho, arrocho salarial, tanto pelo corte e congelamento dos salários, quanto pelos custos desse trabalho com conectividade e equipamemento para produzir as atividades e/ou ministrar suas aulas, cujas eram acessadas por pouquíssimos alunos, também devido a falta de condições materiais para o acesso destes. O ensino remoto potencializou a exclusão e escancarou o desmonte da eduçação pública.

Agora, com a imposição do retorno às aulas presenciais, além dos enormes riscos sanitários, os trabalhadores sofrem mais um ataque que é a implementação do ensino “híbrido”, o que resulta em trabalho dobrado, intensificando a exploração e a precarização.

A pressão dos empresários torna-se voz reverberante na mídia burguesa em suas diversas facetas, isso faz com que os governos iniciem 2021 com protocolos, leis, decretos e instruções normativas legislando sobre o retorno às aulas presenciais. Medidas essas que de forma alguma foram discutidas com os trabalhadores que estão dentro das escolas e entendem de sua estrutura e dinâmica.

Frente a tão brutais ataques, as direções dos trabalhadores, sindicatos e centrais sindicais, mantiveram-se totalmente imobilizadas, rifando os trabalhadores em diversos setores, tomando para si a política burguesa da quarentena, não mobilizando os trabalhadores e não levando a cabo a tarefa de construção de uma greve geral.

Entre os professores do estado de São Paulo, a APEOESP, seguiu o exemplo do SEPE/RJ, sindicato dos professores do Rio de Janeiro, e realizou assembleias virtuais, de forma regionalizada, nas quais foi discutida e aprovada a chamada “greve sanitária”; na verdade um boicote, pois não suspende as atividades, somente as transpõe para o ensino remoto. Cabe aqui denunciar todas as manipulações exercidas pela sua burocracia durante esses eventos online, o que corrobora com a análise de que é um grave erro de método a realização de assembleias online e não presencialmente, por permitir esse tipo de ação traidora por parte dos burocratas.

No SINPEEM, a burocracia manteve-se encastelada em seus gabinetes, esmerou-se pela via eleitoral e conciliadora de classes. Tentou somente angariar votos para a vereança municipal, mesmo que nada estivessem fazendo de fato para impedir ataques, como a implantação do Ensino a Distância e o congelamento de quinquênios e evoluções. Agora em 2021, sob enorme pressão da categoria, declara greve junto de outras direções sindicais do município de São Paulo. Essa greve, cuja única reivindicação é que os professores fiquem em trabalho remoto, até que possam ser garantidas as condições de saúde. Ela NÃO foi deliberada com os trabalhadores, já que a direção do sindicato SUSPENDEU suas instâncias deliberativas, desde o início da pandemia, recusando-se a dialogar e debater com os trabalhadores organizados sindicalmente.

O reformismo e o centrismo não tiveram atuação muito diferenciada, enclausuraram-se por todo o ano de 2020, recusando-se a participar de mobilizações e atos de rua alegando o risco da pandemia. Ocorre que, durante o processo eleitoral, estavam nas ruas pedindo voto. Cada vez mais adaptam-se à democracia burguesa e renunciam aos métodos de luta da classe trabalhadora. Nessa greve sua postura é a mesma, ignoram que grande parte  da categoria já entende a necessidade de ocupar as ruas e preferem ater-se à twittaços, carreatas, protestos online, assembleias virtuais e panelaços, ações que geram muitos “likes” e “visualizações”, mas pouca ou nenhuma efetividade para a luta de classes.

É urgente que as burocracias sindicais mobilizem os trabalhadores com seus métodos próprios, com paralisação total de todas as atividades, atos de rua, manifestações e assembleias, com os devidos cuidados sanitários, para fortalecer as greves em curso. É urgente que as centrais sindicais, especialmente a CNTE/ CUT construam uma GREVE NACIONAL UNIFICADA dos trabalhadores da educação. Apenas com unidade e com os nossos métodos de discussão e organização para a luta conseguiremos impor nossas reivindicações de forma independente, ampliando nossa pauta à recuperação das perdas salariais e dos nossos direitos cortados, além das condições sanitárias seguras para o retorno presencial.

 

 

 

-Pela total autonomia das escolas e seus trabalhadores na organização para o retorno presencial;

-Pela recomposição e aumento do módulo de trabalhadores de limpeza dentro das escolas;

-Pela incorporação dos trabalhadores de limpeza ao quadro de servidores municipais; Salários e direitos iguais para todos os trabalhadores da escola;

-Pela reabertura das instâncias deliberativas sindicais;

-Por assembleias presenciais;

-Pela unificação da greve entre os trabalhadores das redes estadual e municipal;

-Pela construção de uma GREVE NACIONAL UNIFICADA;