La confederación nacional de transporte de carga (CNTC), qué representa a un tercio de las patronales transportistas, ha convocado a un bloqueo de la circulación de camiones, en lo que el representante del gremio empresario, Sergio Pérez, ha llamado "manifestación nacional contra la delincuencia". La exigencia central de esta acción es el llamado a la aprobación de 13 leyes represivas tales como la ley antiencapuchados, la modernización de carabineros y la PDI, el aumento de penas al robo a las forestales, control de armas, la ley Piñera sobre protección militar de “infraestructura crítica”, etc.

Este bloqueo lock out parcial a la circulación de mercancías no ha contado con la adhesión de las otras agrupaciones empresarias de camiones como ChileTransporte o la mayoritaria CNDC (confederación nacional de dueños de camiones), quienes han señalado solapadamente la injerencia política gubernamental en este movimiento, así como también prefieren optar por apuntalar la noción de unidad nacional en la recuperación económica.

Entrando en el tercer día de bloqueo el efecto ha sido limitado pero según los propios dirigentes el hecho de que el 94% del transporte de mercancías sea efectuado por camiones de carga lleva a las industrias a retener las salidas de producción en particular hacia los puertos, lo que explica el apoyo limitado del empresariado a esta medida. Lo que de todas maneras no ha impedido las voces de solidaridad de las cámaras patronales como la CPC o la CNC llamando a poner fin a "la violencia” por medio precisamente… de la violencia organizada del aparato estatal.
Esta acción está liderada por personajes como José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) que agrupa mayoritariamente a las empresas transportistas medianas de la zona sur, excandidato UDI, que llama permanentemente a “combatir el terrorismo” o vitorea todo exceso represivo de carabineros y militares contra las comunidades mapuches.

La oposición burguesa, salió a desmarcarse de la acción, arguyendo que no legislarán bajo presión. Cabe destacar el rol sistemático de los palamentarios concertacionistas en los diversos intentos de perfeccionar una y otra vez el aparato represivo del Estado, un aparato que evidencia a cada paso su descomposición e inestabilidad característica de todo Estado semicolonial en el contexto de crisis capitalista. Hasta el Partido Comunista se ha cuadrado con esta oposición exigiendo que se aplique la “ley de seguridad interior del Estado”, la misma que se utiliza para perseguir y encarcelar a los luchadores obreros y populares, para reprimir y desbloquear las rutas. He ahí el horizonte en el que se reflejan las diversas corrientes estatista, conquistar el botín del Estado para utilizar este aparato patronal y ponerlo al servicio de fracciones burguesas distintas, las que serán presentadas como constitutivas del “pueblo”.

La inacción del gobierno de dejar correr la medida, más allá que surge como maniobra de su propio seno, es sólo una evidencia más del carácter de clase de este bloqueo y del propio aparato estatal. La impopularidad de esta acción, aumentada por el potencial desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, etc, que puede provocar, lleva a muchos sectores a significar la tradición de los empresarios camioneros que jugaron un rol abiertamente contrarrevolucionario, con financiamiento directo de la CIA, en la preparación del golpe de 1973. José Sandoval, presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Camiones (Sitrach), se lamenta de haber tenido “un montón de dificultades con dirigentes sindicales de otras ramas de la producción porque nos confunden con golpistas. Yo les digo que no somos los dueños, somos los trabajadores”. Proclama que tienen “independencia como organización” y especifica  que “Este es un paro de los empresarios y, de repente, se confunde a los choferes con los dueños de camiones, en circunstancia que no es así. Nosotros tenemos que salir a hacer la pega, nos mandan a tal parte y, si no acatamos, nos exponemos porque tenemos contrato”. Si el Sr Sandoval sale hoy a hablar de que este es un “paro empresario”, es, no sólo por la impopularidad de la medida, sino porque concentra sus afiliados en la otra Confederación patronal y se alía a esta en una acción abiertamente conciliatoria. La “confusión” es la de este dirigente sindical, que habla de “independencia” cuando actúa como furgón de cola y partícipe de estos movimientos reaccionarios. El representante patronal de la CNDC, Juan Araya, que se define “socialista”, advierte que “Si esto sigue así vamos a quedar los camioneros como golpistas, y de esos camioneros del 72 ya no queda nadie”. La recurrencia del rol reaccionario de los “camioneros” va a quedar indemne mientras los que lideren sean los mismos empresarios. El rol en la generación de valor en el traslado de las mercancías es de lo que se han valido para pesar en la arena política. Pero este valor no lo generan los empresarios, sólo lo parasitan viviendo del trabajo ajeno. Es imprescindible recuperar el sindicato de choferes de camiones para una perspectiva revolucionaria, expulsar a su burocracia histórica y neutralizar las alas propatronales fortalecidas entre los mismos trabajadores.

Este bloqueo surge luego de agudizarse las condiciones de salud y la huelga de hambre por 120 días de 8 presos políticos mapuches que no entraron en la mediación y acuerdo del Gobierno con Celestino Córdoba, ‘lonko’ a quien le permitieron realizar sus actos religiosos en su comunidad.

Las comunidades mapuches reciben continuamente el hostigamiento Estatal, de las patronales forestales y de los “colonos” de la zona”. La llamada “zona roja” es el resultado de este proceso de militarización, acaparamiento de tierras y desarrollo de la industria extractiva. Es primordial que los sindicatos forestales intervengan en apoyo a las comunidades, repelan la acción represiva del Estado, repudien las acciones coordinadas de sus propias patronales para extender las explotaciones y reprimir a la juventud explotada y oprimida. No se trata de volver la rueda de la historia a formas precapitalistas de explotación agrícola, aunque usen tractores!, se trata de atacar la anarquía capitalista preparando la destrucción del aparato burocrático militar del Estado. En un momento donde la burguesía se juega a cerrar el proceso abierto con la semiinsurrección del 18 de Octubre pasado mediante un plebiscito constituyente, en un evento “cívico” burgués para sembrar ilusiones de cambio por medio de una reforma al andamiaje de su aparato estatal, la clase obrera debe intervenir con sus propios métodos y programa, impulsando un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora que ponga como horizonte la conquista del poder obrero derrocando el poder burgués.

Libertad y desprocesamieto a todos los presos políticos

Recuperemos los sindicatos expulsando a la burocracia

Levantemos un Congreso de Delegados de Base de la Clase Trabajadora.

Por un Gobierno Obrero

A 80 años del asesinato de León Trotsky

El 21 de agosto de 1940, en la ciudad de México, era asesinado por un agente del stalinismo León Trotsky. Pero a pesar de este brutal atentado contra el desarrollo de la línea revolucionaria liderada por Trotsky, el imperialismo y sus agentes no han logrado deshacerse de él. Hoy, a 80 años de su muerte, cuando en el mundo se desarrolla una crisis económica de características históricas, en medio de una pandemia producto de la relación del capitalismo con la naturaleza, la burguesía sigue viéndose acechada por los fantasmas que creía ya bien muertos y enterrados. En su decadencia actual, una clase tan parasitaria como la burguesía vuelve a sentir que está en peligro. Y en cierta medida está en lo cierto, porque se ha comenzado a romper todo el andamiaje de posguerra y las instituciones y pactos con distintos Estados que sostenían su equilibrio mundial. Asistimos actualmente a una descomposición del imperialismo. Los procesos radicalizados que se dieron en EEUU después del asesinato de George Floyd por parte de la policía y que expresó una crisis política en el corazón del imperialismo, aún no se han podido resolver. Las ideas y acción revolucionarias de Trotsky siguen estando hoy vigentes como guía para los marxistas revolucionarios del siglo 21, que asumimos las tareas históricas de la lucha contra el capitalismo.

Recuperar el legado revolucionario

El legado teórico y político de Trotsky nos permite encarar estos desafíos desde una perspectiva revolucionaria. Es decir, aplicar el marxismo en tanto método de análisis de las relaciones sociales con el fin de transformarlas; o sea, en tanto guía para la acción revolucionaria.

Actualizar la teoría marxista implica avanzar en el recorrido hecho por Trotsky en cuanto a la Teoría de la Revolución Permanente. Esto es, así como él mismo decía: desarrollar el carácter de la revolución, su nexo interno y el método de la revolución internacional en general. Este último punto es el que debemos desarrollar al calor de los elementos de descomposición del capitalismo y los procesos de asimilación en los ex Estados obreros.

La idea permanentista que incorporó y desarrolló Trotsky es uno de los aportes más importantes a la teoría marxista. Ésta permite entender el desarrollo de los conceptos y sus transiciones, para el estudio científico de las leyes de la economía capitalista, sus instituciones -el sistema de Estados y las formas de Estado, como el bonapartismo-, los procesos de la lucha de clase en la relación con la revolución socialista y las etapas de la dictadura del proletariado. Esta teoría ha quedado tan olvidada, que quienes intentaron “actualizarla” lo que hicieron fue actualizar de forma reformista las tácticas para aggiornarse a la época de posguerra entre dos sistemas y así adaptarse a la conciencia vigente en ese periodo.

Trotsky tuvo que discutir, ante la traición de la III Internacional stalinizada, la recuperación del método y la mecánica del programa. Es por eso que elaboró el Programa de Transición, que, como él decía, nos deja en el umbral de la revolución. Hacía mucho hincapié en mostrar que este programa era un sistema de reivindicaciones transitorias que se proponía atacar las bases del régimen burgués. O sea, desarrollar una de las premisas estratégicas de la III Internacional en su fase revolucionaria, que era la de desorganizar a la burguesía.

Por la reconstrucción de la IV Internacional

La formación de la IV Internacional intentó crear una nueva dirección revolucionaria, con un programa de transición, que fue la expresión de las conclusiones de la Revolución rusa generalizada para todo un proceso. Planteó las tareas históricas del proletariado para destruir el sistema capitalista. Y lo expresó de esta manera: “La Cuarta internacional se puede definir en tres palabras: ¡Por la dictadura del proletariado!”

Sacar las lecciones programáticas de las distintas tendencias centristas que dirigieron la IV Internacional hasta su virtual desaparición es una tarea necesaria para recuperar el Programa de Transición de la influencia estatista, sindicalista y reformistas que llevaron a que muchas corrientes degeneraran y se adaptaran al sistema capitalista.

Reconstruir la IV internacional es intentar saldar la crisis de dirección revolucionaria y preparar la lucha por el poder, recuperar el programa de transición y desplegar la acción revolucionaria ante una crisis mundial que sigue su curso.

Continuar el desarrollo revolucionario

Los revolucionarios nos encontramos ante procesos históricos inéditos, un proceso de descomposición del imperialismo y un proceso de asimilación de los ex estados obreros. Pero tenemos herramientas teóricas y políticas legadas del marxismo. La teoría de Marx y Engels, la teoría de la revolución permanente, la teoría del imperialismo, la teoría del partido revolucionario, el programa de las internacionales en su fase revolucionaria, el programa de transición y tantas lecciones programáticas de procesos vivos de lucha de clase.

La TRCI intenta avanzar en el plano de la teoría y la práctica con la firme convicción de que debemos intervenir como una nueva generación de revolucionarios que rompa con las ideas de los centristas trotskistas de posguerra en la necesidad de regenerar al movimiento obrero y forjar una vanguardia revolucionaria que pelee por la reconstrucción de la IV Internacional, ya que opinamos que es la única forma que se puede recuperar la estrategia marxista.

Reorganizar las fuerzas del trotskismo

Ante este escenario de crisis mundial, pandemia y crisis política en las principales potencias imperialistas llamamos a reorganizar las fuerzas del trotskismo que aun sostienen la necesidad de la dictadura del proletariado. La Conferencia Latinoamericana y de EEUU, llamada por el FIT-U (Argentina) mostró un gran límite, ya que en sus resoluciones no figuran ni la perspectiva de la dictadura del proletariado, ni la pelea por la reconstrucción de la IV. La aceleración de la crisis impone el llamado a una Conferencia Internacional, pero es imperativo que retome las tareas históricas e intente abordar la crisis de dirección revolucionaria al calor de la situación mundial convulsiva.

O sistema capitalista continua agonizando. Os índices econômicos apontam para a recessão mundial, puxada por quedas históricas nos PIBs das principais economias imperialistas. As tendências abertas pela crise econômica de 2008 seguem desenvolvendo-se, ampliadas e aprofundadas pela pandemia do covid-19. A ruptura do equilíbrio capitalista e a dificuldade, e sua expansão no tempo, para restaurar esse equilíbrio, dentro de um processo maior de declínio das forças produtivas, tem exigido do imperialismo uma maior intervenção nas relações sociais de produção.

As medidas de reabertura econômica não conseguiram promover um fôlego rumo a uma recuperação das economias em meio a ameaça de novas ondas de contaminação e novas medidas de isolamento. As economias imperialistas seguem injetando crédito na forma de subsídios a governos e empresas a partir de emissões de títulos da dívida, cujo descolamento da produção torna-se cada vez maior, comprometendo gerações inteiras com políticas de austeridade fiscal e maior exploração do trabalho via reformas de flexibilização trabalhistas, cortes salariais e demissões em massa.

As crises políticas acirradas pelos efeitos da pandemia e as medidas de intervenção estatal para salvar o capital tem despertado movimentos de massa em todo o mundo. Nos EUA, os protestos radicalizados iniciados pelo assassinato de George Floyd, apesar de terem escasseado, não se encerraram, incluindo novas pautas à luta antirracista e contra a violência policial. Os protestos também ampliaram a crise política no governo Trump, abrindo um debate sobre a competência de poderes republicanos em meio a disputa presidencial atravessada pela pandemia em seu epicentro.

Os protestos em Hong Kong seguem, apesar da política repressiva da China, que também atua de forma mais agressiva nos conflitos com a Índia e na guerra comercial com os EUA por insumos e tecnologia. Na Rússia, protestos massivos no extremo oriente também abalam o governo de Putin. Na Sérvia, os protestos contra a condução do governo no controle da pandemia também geraram ações mais radicalizadas. Depois da Etiópia, protestos em Mali preocupam os demais países da região, que temem situações explosivas de massas. No Chile, a população volta a ocupar as ruas contra o sistema privado de aposentadorias e na Bolívia, os protestos também tomas as ruas contra o governo e o adiamento das eleições.  

Outros processos de luta como as paralisações e manifestações internacionais dos trabalhadores de apps, dos trabalhadores da saúde, a greve dos trabalhadores da Renault contra as demissões são exemplos de uma tendência mais geral de acirramento da luta de classes, dada as proporções dos ataques, bem como dos efeitos da pandemia na classe trabalhadora. Demonstram também a necessidade de uma luta independente, com métodos próprios de nossa classe.

Se é certo que se agoniza o sistema capitalista, em seu processo histórico de decomposição, é ainda mais certo que não cairá de maduro. A restauração do equilíbrio capitalista pressupõe um avanço sobre a classe trabalhadora, ou seja, um aumento brutal da exploração do trabalho. São estas medidas que o imperialismo e os governos capachos semi coloniais desenham. Dessa forma, só a intervenção coletiva e consciente dos trabalhadores nesse processo pode decretar o fim desse sistema podre.

A atual conjuntura escancara a crise de direção revolucionária. As direções burocratizadas, movimentistas e adaptadas à democracia burguesa precisam ser superadas por uma direção revolucionária que levante o programa transicional preparando as etapas da ditadura do proletariado.

No Brasil, a crise atinge proporções de catástrofe

No Brasil, epicentro da pandemia na América Latina, a política negacionista de Bolsonaro somada ao sucateamento do sistema de saúde pelos governos anteriores são responsáveis por quase 100 mil mortes desde o início da pandemia (em números oficiais). O que no início da pandemia se configurava como uma disputa pela condução da crise entre governo federal e governos estaduais, hoje as medidas de abertura econômica são consensuais. A caracterização de que estamos no “platô” da pandemia (que já dura meses com mais de mil mortes diárias) é defendida por governos e suas secretarias de saúde para justificar a abertura das atividades econômicas. Os efeitos da pandemia tem se concentrado nas periferias das grandes capitais, matando a população trabalhadora, negra e periférica em maiores proporções. Enquanto isso, os 42 bilionários brasileiros tiveram um “acréscimo de patrimônio” de U$34 bilhões durante a pandemia.

De acordo com a CEPAL, a economia brasileira deve contrair 8%, arrastando junto com o México e o Peru, a América Latina para a maior recessão da história. O desemprego pode bater 15,3% até o final do ano e a média salarial já 6,5% menor em relação ao ano passado. O número de desempregados aumentou 26% apenas de maio a junho, totalizando 14,8 milhões de pessoas. Apenas 48% da mão de obra está ocupada. O aprofundamento do desemprego e da subocupação é acompanhada pelo avanço de políticas de destruição de direitos e flexibilização do trabalho. A pandemia tem servido para que a burguesia de conjunto, através de seus representantes no governo Bolsonaro, consiga “passar a boiada”, não apenas nos interesses do agronegócio como defende o Ministro do Meio Ambiente, mas principalmente na destuição de direitos que permitem uma maior exploração do trabalho.

Neste momento, Paulo Guedes busca a aprovação da reforma tributária, cujo projeto prevê a fusão do PIS e do Cofins num novo imposto denominado “Contribuição sobre Bens e Serviços”. A medida aumenta a carga tributária para o setor de serviços e diminui para a indústria. Além disso, pretende criar um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos (uma espécie de nova CPMF), desonerações em folhas de pagamentos e a reformulação do imposto de renda. Ou seja, uma reforma que alivia setores empresariais e repassa o custo para os trabalhadores.

A criação de uma nova CPMF encontrou resistência no Congresso que possui um projeto de reforma na Câmara e outra no Senado. A queda de braços entre governo e congresso pela aprovação de reformas encontra seu limite na convergência sobre manutenção da governabilidade (Rodrigo Maia tem segurado todos os pedidos de impeachmente protocolados contra o Bolsonaro ) e nos ataques aos ataques aos trabalhadores e seus direitos. Maia quer priorizar a aprovação, ainda neste ano, da reforma administrativa que ataca o funcionalismo público.

O alinhamento buscado pelo governo Bolsonaro com o centrão no Congresso não se demonstrou tão consolidado. O governo teve uma derrota com a aprovação do FUNDEB permanente sem nenhuma proposta apresentada pelo governo aprovada. O recuo nas últimas semanas de Bolsonaro demonstra a fragilidade de sua base de apoio. A queda de braços com o STF, apesar de mais recuada também, permanece. O STF determinou o bloqueio de contas em redes sociais de apoiadores de Bolsonaro como parte do inquérito sobre as fake news. A acusação, também proveniente do STF, de que o exército brasileiro se associou a um “genocídio” – em referência a atuação do Ministério da Saúde, nas mãos do General Pazuello de forma interina desde maio, no combate a pandemia – criou um mal estar nas Forças Armadas como uma das bases do governo Bolsonaro. É evidente que o governo busca realinhar sua base de apoio, agora com maior foco na agenda econômica de Guedes, como forma de compensar setores da burguesia pela crise econômica.

Dia Nacional de Lutas sem luta organizada

Apesar de toda a crise ser descarregada na classe trabalhadora, seja pelas mais de mil mortes diárias, aumento brutal do desemprego, flexibilização do trabalho entre outras perdas de direitos, as direções permanecem aplicando a desmobilização como se fosse uma forma de “salvar vidas”. Pegaram para si a política do estado burguês de isolamento social, ainda que os estados brasileiros já estejam defendendo a reabertura econômica possibilitada pela administração dos leitos de hospitais operando no limite, e a aplicaram ao conjunto da classe trabalhadora, colaborando com o governo e largando os trabalhadores a própria sorte. A política cínica de “defesa da vida” não considera que a maioria das categorias seguem trabalhando sem nenhuma condição de segurança sanitária garantida.

Em meio a mobilizações isoladas como a dos trabalhadores de apps, a greve dos trabalhadores da Renault contra as demissões massivas, os 2.700 demitidos da Latam, a luta contra a redução salarial dos metroviários de São Paulo, e a mobilização dos professores em todo o Brasil contra o retorno às aulas presenciais sem segurança sanitária, as centrais seguem sem um plano de lutas unificado e de enfrentamento às medidas do governo, contra as demissões e o aumento da exploração dos patrões. O fato é que a burocracia sindical tem cumprido um papel auxiliar dos governos, controlando os trabalhadores e apostando em saídas parlamentares, totalmente adaptadas às instituições da democracia burguesa. E, neste momento, voltam-se seus esforços e aparatos para as eleições municipais.

O segundo Dia Nacional de Lutas convocado pelas centrais carrega essa caracterização. Convocam, mas não mobilizam. Muito menos apresentam uma política independente para os trabalhadores que permita a unificação das lutas em curso e tantas outras necessárias para o período. Para esse dia 07 de agosto, levantam a bandeira do “Fora Bolsonaro” e organizam paralisações de 100 minutos nos locais de trabalho (em homenagem aos 100 mil mortos), além de cruzes brancas, carros de som, carreatas, panos pretos nas janelas e, claro, um “tuitaço”. Sem mobilizações, sem greve.

É urgente romper com o imobilismo das centrais! É preciso levantar a necessidade de construção da greve geral em cada sindicato e, para isso, precisamos combater o inimigo em nossas próprias fileiras. A burocracia sindical, aparatista e colaboracionista, precisa ser varrida das nossas organizações. É preciso, portanto, dar uma batalha pela abertura de nossos sindicatos, e internamente, enfrentar não só a burocracia traidora, mas também o centrismo adaptado com um programa operário para a saída da crise com as tarefas transicionais.

Nós trabalhadores, podemos e devemos organizar as tarefas para o enfrentamento da crise pandêmica e econômica com total independência e com os nossos próprios métodos. A batalha pela total independência dos sindicatos só pode ser realizada, de fato, por uma direção revolucionária. Se faz urgente a luta pelo Partido Revolucionário, seção da IV Internacional, que assuma as tarefas da transição socialista sob a ditadura do proletariado.

Los presos políticos mapuches comenzaron una huelga de hambre seca exigiendo su inmediata liberación o la prisión circunscrita al seno de sus comunidades.

El sábado 2 de agosto una turba de lúmpenes de civil y sectores que son base de apoyo tanto del gobierno nacional, como de los elementos más reaccionarios de la región de la Araucanía nucleado en el APRA (irónicamente el acrónimo de asociación por la “paz y la reconciliación” en la Araucanía), se organizaron para desmantelar las tomas de los municipios en las comunas de Victoria, Ercilla y Curacautín. Vitorearon consignas contra el pueblo mapuche así como festejaron la llegada de carabineros quienes, protegiéndolos, les indujo a la entrada en dichos inmuebles estatales provocando destrozos, incendios y golpizas contra los manifestantes que allí estaban en solidaridad con los presos políticos. Esta acción fue saludada hasta por empresarios como Luksic, además de las cámaras y gremios patronales de la región, pidiendo mayor intervención represiva del Estado e incluso presentando recursos de amparo para resguardar…la propiedad privada.

Desde entonces se han sucedido en distintas ciudades del país manifestaciones de apoyo a la libertad de los presos así como también al repudio de esos actos instigados directamente por la presencia del nuevo ministro del interior Víctor Pérez, un reconocido funcionario del pinochetismo. Dichas manifestaciones han sido contraatacadas por las fuerzas represivas arrestando a decenas de jóvenes, mujeres, trabajadores y pobladores así como procesando y haciendo montajes llenando las cárceles con más presos políticos. Esto sucede a pocos días de que el gobierno de Piñera les diera la libertad a dos genocidas de Punta Peuco quienes no sumaban ni siquiera 3 años en esta cárcel vip.

Esta represión sistemática de parte del Estado, e independiente del gobierno de turno, es la que se ha profundizado desde el pasado 18 de octubre donde cientos de miles irrumpieron en las calles para enfrentarse con las fuerzas represivas y las consecuencias de la crisis abierta por el régimen capitalista, profundizada por la crisis económica y la pandemia, derivando en el actual espiral de crisis social.

La represión sistemática del Estado es la del aparato burocrático militar al servicio de una clase social contra el conjunto de los explotados y oprimidos. La represión histórica y sistemática sobre el llamado pueblo mapuche, es tan real como la integración del mismo al desarrollo de las fuerzas productivas, que bajo las formas de la explotación capitalista de los recursos naturales, y la dominación imperialista del Estado semicolonial, han reconfigurado las relaciones de propiedad y la estratificación de las clases sociales, un subproducto del desarrollo desigual y combinado. Diversos gobiernos como el de la concertación han ensayado fórmulas para integrar a las comunidades mapuches al Estado mediante organismos como la CONADI donde el reparto de beneficios, prebendas e incluso tierras, propició esta diferenciación social al interior de las comunidades. El desarrollo de la producción forestal en la zona, la integración de los trabajadores mapuche a la organización de la producción les otorga hoy un rol preponderante en la lucha contra el Estado, la explotación capitalista y la pelea por la planificación del uso de la tierra. Es por ello que la pelea por el control obrero de la industria forestal se vuelve vital para dar una solución estructural a la explotación de los recursos, el impulso de la revolución agraria y la pelea por la destrucción del aparato burocrático militar.

Hay quienes pretenden levantar la necesidad de integrar a las comunidades mapuches al Estado burgués mediante el futuro proceso constituyente con la sola declaración del carácter plurinacional del actual Estado, obviando con ello que la esencia del Estado no es la de la opresión de razas y o nacionalidades, sino la de la dictadura del capital. Baste con presenciar la reciente experiencia del el gobierno de Evo Morales en Bolivia que pese a declarar al estado como “plurinacional”, la opresión y miseria de obreros y campesinos no sólo no cesó, sino que por el contrario se mantuvo y se profundizó, y actualmente se agudiza de la mano de un cambio en las formas del régimen. Es por ello que las organizaciones obreras tienen un rol fundamental a la hora de luchar por la autonomía de las comunidades mapuches en el proceso de lucha por la toma del poder de la clase obrera, por el derrocamiento de la burguesía y la expropiación de los expropiadores.

Es necesario levantar comisiones de autodefensa ligadas a los sindicatos para enfrentar la represión, es necesario redoblar los esfuerzos para pelear por la libertad y el desprocesamiento de todos los presos políticos.

El miércoles 15 de julio se dio luz verdeen el congreso al proyecto que permitiría el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en las AFP.

Pese a las tratativas del gobierno de impedir la aprobación, intentando alinear a los partidos del oficialismo, el resultado fue que terminaron escindidos los partidos de la colisión oficialista con acusaciones cruzadas distorsiones y traiciones. Parte de estas tratativas fue la propuesta maquillada del plan para la “clase media” consistente en créditos blandos, subsidios de arriendo y un último bono de última hora de $ 500.000.- al que sólo podía acceder un sector de trabajadores que demostrara fehacientemente que había perdido con la crisis, lo que era inaceptable como “moneda de cambio” para “aproximar” a los sectores “centro” de los partidos políticos burgueses, como los de la vieja concertación, quienes se mantuvieron alineados en el apoyo al proyecto.

Esta segunda votación fue esperada con expectación por amplios sectores del pueblo trabajador quienes veían en las gestiones del gobierno la confabulación política para, una vez más, dejar intangible aquello que prometieron que era un sistema de ahorro por capitalización individual, y que prometía otorgar jubilaciones iguales e incluso superiores al salario el trabajador en actividad. La lucha contra el sistema de AFP, que ya lleva una larga data a través de masivas acciones y movilizaciones, tuvo un correlato el martes 14 a la noche, en la víspera de la sesión parlamentaria, qué llevó a cientos de miles en medio de la cuarentena y el toque de queda, a salir a manifestar con los métodos de la barricadas, el enfrentamiento a carabineros, el incendio de algunos buses, saqueos en supermercados y el ataque a dos comisarías. El mismo miércoles de la votación los trabajadores portuarios paralizaron los puertos desde las 13 horas. Métodos iniciados con la semi insurrección espontánea del 18 de octubre pasado y continuados con miles de luchas callejeras y paros nacionales. Esta fue una importante demostración de fuerzas ya que si bien, producto de la pandemia y la crisis social generada por el capitalismo, hubo un importante repliegue de las amplias masas y sectores en lucha, a lo que hay que sumarle el feroz ataque descargado por las patronales a través de cientos de miles de despidos y de suspensiones que incrementaron exponencialmente la carestía de la vida y la miseria de la población. La expectación general de los trabajadores y el pueblo ante la votación era tal que, en el caso de que ésta no se hubiera aprobado, la predisposición a un nuevo episodio semi-insurreccional se hacía sentir en el aire.

El gobierno, a cargo de los recursos técnicos del aparato reaccionario del Estado, quien cuantifica las acciones y lugares de protesta, efectivamente conocía de esta situación potencial, por lo que había convocado al acuartelamiento de militares y carabineros para realizar un importante despliegue represivo. Es por ello que los mismos partidos burgueses que históricamente han defendido y fortalecido el sistema de pensiones AFP se vieron obligados a posicionarse, ante la nula respuesta de un aparato de estado que se distancia cada vez más de las grandes masas en los principales problemas cruciales de un sistema en descomposición. Esto expone que pese a los grandes golpes recibidos por los trabajadores y el pueblo en este periodo, pese a la represión desatada con miles de luchadores detenidos y procesados, los cientos de heridos, mutilados y asesinados, pese al despliegue del aparato represivo contundente en todo el territorio para sostener las farsas de la cuarentenas, las masas no han sufrió derrotas de envergadura por lo que la situación abierta con el 18 de Octubre se mantiene aún latente. Por supuesto esto no significa que las características espontáneas o de los episodios semi-insurreccionales de la población pueden hacer avanzar por sí misma la lucha de los trabajadores y el pueblo. Para ello es necesario que todos los ataques patronales al empleo, los salarios, las condiciones de vida, etc sean respondidos en luchas de resistencia, que fortalezcan las organizaciones obreras y los sindicatos en particular discutiendo al mismo tiempo una salida obrera independiente a la crisis social generada por el mismo capitalismo.

Ya en la víspera de la votación el gran empresariado, a través de todas sus cámaras patronales SOFOFA, CPC, CNC, SNA, etcétera, salió a declarar que la aprobación de este proyecto iba a significar un golpe al ahorro nacional que finalmente se traduciría en menos empleos, en menos salarios pensiones más bajas y un mayor endeudamiento del Estado nacional. Una declaración majestuosa de cómo opera la burguesía para descargar los costos de cualquier crisis sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo. Aún quedan pendientes trámites en el Senado, en comisiones, y quizás en el mismo tribunal constitucional, qué pueden hacer que el proyecto se caiga. Eso puede significar nuevo hitos de lucha y movilización de la población y un mayor debilitamiento del gobierno de Piñera y una profundización de la crisis política del Estado. Esto sin mencionar que aún no habla la bolsa de valores ya que las AFP’s, al tener que liquidar el 10% de acciones en el mercado, pueden ocasionar un desplome de esos fondos acumulados profundizando aún más la crisis del sistema de pensiones.

La crisis que arrastran las AFP como sistema de pensiones en Chile es la mentira de la capitalización individual y la materialización de pensiones de indigencia. Y esta es una característica propia de la sociedad capitalista que no está dispuesta a hacerse cargo de la manutención de los trabajadores retirados y por el contrario prefiere disminuir al mínimo su tiempo de existencia, igual que con una máquina que perdió su vida útil.

Esto es así si uno mira los distintos sistemas de previsión social en cualquier país. Algo que ha llamado ante la crisis a las principales burguesías del mundo atacar los sistemas de jubilaciones y pensiones, a aumentar el tiempo de utilización de la mano de obra con el aumento de la edad jubilatoria, cómo lo han militado desde distintos organismos como el FM y el banco mundial. Baste señalar que las políticas de ajuste se han expresado hasta en países imperialistas como Francia que intentó desarmar su sistema de pensiones basado en las concesiones del “Estado de bienestar” (sistema que fue parte de la restauración del equilibrio capitalista entre las clases pos segunda Guerra mundial) Intento del gobierno de Macrón que fue enfrentado con una seguidilla de huelga generales de la clase obrera francesa a fines del año pasado que demostraron la predisposición de los trabajadores a derrotar estas políticas de miseria.

Lo mismo podemos ver en el país es con similares características estructurales a Chile, como en Latinoamérica, dónde el ataque a los diversos sistema de pensiones, unos con modalidades parecidas al chileno y otros con el tan aclamado sistema de reparto, evidencian el mismo resultado: pensiones miserables, ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y la lucha de resistencia ante los intentos de ajuste de los distintos gobiernos como en Argentina o en Brasil.

El sistema de capitalización individual de las AFP's no es otra cosa que la expropiación de una fracción del salario por el capital, utilizado en este caso como fondo de financiamiento de las empresas y hasta mecanismo de especulación financiera y bursátil. La lucha desarrollada por la población para recuperar esos fondos ha coincidido con un agravamiento en las condiciones de la carestía de vida a la cual las miserias del Estado semicolonial no puede y no podrá dar respuesta dado su carácter burgués. Aquellos que levantan la necesidad de un sistema de reparto apuntan en su mayoría a una redistribución de los recursos miserables que deja una pequeña alicuota de la plusvalía (de la explotación) para destinarlo a jubilaciones y pensiones. Incluso los distintos ensayos para un sistema de reparto levantados por distintos grupos reformistas plantean aumentar la proporción de quita del salario para financiar este nuevo sistema "solidario". Hay quiénes desde la izquierda revolucionaria llegan a hablar del control democrático de los fondos y hasta incluso del derecho de la “clase trabajadora y los sectores populares para decidir en qué invertir” (PTR), reproduciendo la lógica de capitalización individual, pero en este caso con administración colectiva. Lo que no dicen ni uno ni otro es que mientras el Estado esté en manos de la clase patronal, cualquier sistema de pensiones será un sistema de hambre y miseria. Las lógicas estatistas se ahogan en la presión a la oposición burguesa y no dan paso al debate de la necesidad de la intervención independiente de la clase obrera para luchar contra la carestía de la vida, la desocupación y por pensiones acordes a la canasta familiar del trabajador retirado. El control obrero de los bancos y del sistema financiero de conjunto debe dar paso a la expropiación de los bancos en la perspectiva del poder obrero. Un sistema único de inversión y de crédito sólo puede ser beneficioso si el poder está en las manos de la clase trabajadora, perspectiva que aún se debe desarrollar en la vanguardia y extender al interior de las grandes masas obreras.

El desarrollo de la crisis capitalista en curso que se vio acelerada por la pandemia viene mostrando toda la crudeza de un sistema decadente. La respuesta de los gobiernos y la patronales ante a pandemia ha consistido en ataques en toda la línea contra las condiciones de trabajo y vida del pueblo trabajador, lo que se ha traducido en despidos, suspensiones, rebaja salariales, superexplotación laboral, negligencia patronal en las medidas de seguridad y salud, etc. Ejemplos de esto último se dan por montones. En la minería se han registrado una cantidad enorme de contagios que se cuentan por miles, ya hay al menos 7 trabajadores fallecidos por COVID19 ligados a Codelco, sin contar los contagios y muertes de las empresas contratistas, situación de irresponsabilidades y negligencias que vienen siendo denunciadas por los sindicatos mineros desde inicios de la pandemia. Esta situación se extiende a toda la industria, y de forma cruda se ha hecho pública la situación en Fruna donde se registran las muertes de al menos 7 trabajadores y 2 más en estado de gravedad producidos por la COVID 19, además de los contagiados, lo que suma al extenso prontuario de estos patrones lúmpenes, acostumbrados al hostigamiento a sus trabajadores, llegando a obligar a las madres trabajadoras a dejar a sus niños en guarderías clandestinas, por no contar con salas cunas propias y medidas de aislamiento periódico.

Como hemos visto la pandemia ha sido aprovechada por los empresarios para descargar fuertemente la crisis sobre los trabajadores, llevando la cesantía prácticamente al 25%.  A este porcentaje hay que sumarle otra cantidad similar que han sido enviados a casa ya sea por suspensiones (ley de protección del empleo), por licencias médicas o por pertenecer al grupo de riesgo. Estos trabajadores manifiestan que un tercio recibe un poco más de la mitad de su remuneración anterior, otro tercio la mitad y el resto menos de la mitad. Además de esto el 28% de los trabajadores que se mantienen en actividad manifiestan haber tenido reducciones de sus remuneraciones. Es decir, se ha provocado una reducción compulsiva de los salarios que es una de las formas en las que la burguesía abaratara el precio de la fuerza de trabajo, a la espera de que una reactivación económica se realice de la mano de un marea humana de mano de obra barata que afluirá en busca de sustento.

Ante esto ya los empresarios se encuentran haciendo gestiones para que sus representantes en el gobierno y el parlamento, ajusten la segunda etapa del plan de salvataje capitalista (depreciación, subsidios al salario, plan de infraestructura, rebaja de impuestos, etc). La primera etapa celebrada muy escuetamente por los partidos tradicionales del régimen (UDI, RN, PPD, PR, PS), y secundada críticamente por sus cohortes menores (FA, PC), consiste en la política de la contención social con el IFE 2.0 y el maquillaje a la ley de protección del empleo (de la UDI y el PC), para que, luego de una evidente desastrosa política sanitaria, no volviera a reaparecer el fantasma del 18 de Octubre con manifestaciones de descontento.

 El enfado de la mal llamada “clase media” con una política de asistencia basada en el crédito para capear la crisis, se tradujo en la trifulca en el parlamento por el retiro del 10% de los fondos de pensión, que terminó por debilitar al gobierno de Piñera dado que su propio sector se reubicó para intentar capitalizar el sentimiento generalizado de repudio hacia las AFP, como sistema de expropiación del salario y de pensiones miserables. Es altamente probable que esta puesta en escena de parte de los “honorables” no vaya más allá de una maniobra que, junto a las resoluciones de la Corte Suprema, vuelvan a reinstalar la intangibilidad de esa fracción del salario apropiada por los capitalistas y destinada a la capitalización de empresas y la timba financiera.

Estas recetas miserables son las que baraja la burguesía y la oposición “estatista” para capear el temporal y guarecer al capital del descontento mediante fórmulas redistribucionistas.

Completar el programa y ponerlo en marcha

Esta situación no puede ser resuelta por políticas estatales dado el carácter burgués del aparato estatal. Es necesario abrir al interior de la clase obrera el debate de como enfrentamos estos ataques y organizamos una respuesta obrera independiente. Por esto se hace urgente en el próximo periodo organizar a los batallones centrales del movimiento obrero. Es necesario que la nueva generación que se expresó en las calles, en las escuelas, en las poblaciones el 18 de Octubre y que impulsó al proletariado de conjunto a poner en jaque al gobierno con una contundente huelga general del 12 de noviembre, tenga su correlato organizativo al interior de los sectores más concentrados de la clase trabajadora, los que han mantenido el motor del sistema económico funcionando, en la misma producción que es donde reside el poder capitalista. Es necesario la recuperación de los sindicatos de manos de los burócratas y dirigentes rutinarios, impulsando a los trabajadores más decididos a sus directivas, levantando comisiones y cuerpos de delegados, es necesario impulsar la creación de sindicatos donde no los haya así como la unificación de aquellos escindidos por traiciones o intereses personales.

Se hace imperioso llevar la discusión al terreno de la producción, donde nuestra clase es fuerte, y donde de verdad se atacan las leyes del capital. Cobra vigencia la lucha por un sistema de reivindicaciones transitoria, por un programa que ayude a los trabajadores a “superar las ideas, métodos y formas heredadas y para adaptarse a las exigencias de la situación objetiva”[1].

Respecto a esto se debe abrir al interior de la clase obrera el debate programático de como enfrentamos los ataques y organizamos la respuesta obrera, por lo que se hace urgente que en al interior de los sindicatos, se discuta en torno a los protocolos de seguridad, como respondemos a los ataques al salario, los despidos, y la cesantía, porque no podemos esperar migajas del estado burgués y su asistencialismo, porque está demostrado que el estado burgués sólo protege a los capitalistas.

Hay que impulsar en cada lugar de trabajo asambleas para discutir y votar medidas en torno a los protocolos de seguridad, enfrentado la negligencia patronal.

Los sindicatos tienen que levantar la necesidad de la incorporación masiva de todos los trabajadores al aparato productivo, imponiendo la escala móvil de horas de trabajo. Se pueden realizar acuerdos de solidaridad y cooperación mutua entre los sindicatos y las organizaciones que agrupen a los trabajadores cesantes para repartir el trabajo disponible, fijar la duración de la semana laboral y el garantizar el mínimo salarial que no debe ser inferior al costo de la canasta familiar, y a partir de allí la escala móvil del salario acorde al costo de vida. También pelear por levantar un plan de obras públicas tales como la construcción escuelas, hospitales, viviendas, hacer concreto el derecho al trabajo, la educación, la salud, la vivienda.

Estas medidas no pueden estar desligadas de la organización de los trabajadores de la producción, por el contrario, ellos deben ser los principales impulsores, ya que será necesario imponerlas estableciendo medidas de control obrero, como plan preparatorio, ya que todo deben controlarlo los obreros. En el fondo, el control obrero no es una medida democrática sino más bien se trata de “la injerencia del Estado obrero en la sociedad capitalista”, que desafía la dictadura del capital y sus leyes. “En este sentido, el control obrero,…, no se plantea como una salida eventual anticrisis y democrática sino como ataque a la desorganización económica de la burguesía”[2].

Dicho control nos permite al interior de las empresas mediante la lucha imponer la apertura de los libros de contabilidad para verificar los reales costos y las horas necesarias de producción, etc. Debemos discutir al interior de los sindicatos para que la clase obrera pese en la situación política nacional como el único sujeto capaz de darle una salida progresiva a la crisis, miseria y carestía acaudillando a la nación oprimida. Se abre una oportunidad para impulsar en los sindicatos de las cadenas de circulación de mercancías establecer comités de control de precios que determinen costo de la canasta familiar ligados al control obrero, estableciendo canastas regionales y nacionales según el valor de las mercancías, para que no sean los tecnócratas del INE el que lo haga porque son parte del estado burgués, en esto por supuesto los sindicatos pueden establecer convenios con especialistas que apoyen estas medida

En el sector salud ante su colapso se debe establecer el aumento de presupuesto en salud, por aumento de salarios, pase a planta del personal tercerizado y a honorarios, implementos de seguridad, luchando por recuperar los sindicatos de salud y ampliar las funciones de los sindicatos y que dirijan el sistema de salud en su conjunto.

Pero esto sólo se podrá llevar a acabo derrotando a la burocracia sindical que en medio de esta crisis ha mostrado su carácter pérfido mostrando su compromiso con el estado y las patronales. Se hace necesario reagrupar a los sectores activistas sindicales para enfrentar los desafíos que tenemos por delante impulsando un Congreso Obrero de delegados de base, para discutir las medidas necesarias para enfrentar los ataques de la patronal y su Estado.

Huelgas que se vienen desarrollando en el norte del país como las de Ariztía y Unimarc, si bien dentro de procesos de negociación colectiva reglada, ambos “holdings” empresariales, uno de la alimentación y otro de la distribución de mercancías, pueden estar mostrando la predisposición de resistir los embates patronales de parte de la clase trabajadora. Luchas como éstas abren la posibilidad de discutir y poner a prueba el programa de los revolucionarios, peleando por la unificación de estos sectores con los trabajadores de la misma rama, paralizando la producción y distribución, ejerciendo el poder obrero.

De lo que se trata es librar a la clase obrera de la ruina y la desmoralización que le impone el capitalismo, y que solo la clase obrera organizada puede darle una salida progresiva, sólo la clase obrera puede salvarse ella y al pueblo. No será con medidas corte redistribucionista, tampoco lo hará el limitado reparto de alimentos a través de ollas comunes, más allá del impulso a toda acción de solidaridad  entre los trabajadores y el pueblo, no puede reducirse el accionar de la vanguardia a recetas de mendicidad paraestatal, para embellecerlas como atisbo de organización obrera independiente. Este despliegue militante se torna infructuoso a la hora de contrarrestar los ataques patronales, porque de lo que se trata es de atacar a la patronal donde esta extrae la plusvalía y donde esta se concentra. La clase obrera debe a apuntar a derrocar el capitalismo y el estado burgués, no ha administrar sus miserias, es parte de sus tareas preparatorias e históricas.

“Las medidas transicionales aun operan formalmente en el marco del régimen burgués. Pero en realidad, son ya intervenciones del poder estatal proletario que limita de manera consciente y despiadada el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y el afán de lucro capitalista”[3]

En la importancia del programa radica la importancia del partido. Se debe desarrollar una vanguardia a la interior de la clase obrera que, con una perspectiva internacionalista, forje los cuadros revolucionarios que impulsarán la reconstrucción del Partido mundial de la Revolución Socialista, la IV Internacional. La convocatoria a una Conferencia Internacional de todos los grupos que levantan la pelea por la dictadura del proletariado, puede ser un gran paso adelante.

[1] Un resumen sobre las reivindicaciones transitorias. León Trotsky. Marzo 1938.

[2] Sobre la Mecánica del Programa de Transición. Perspectiva Marxista N#1, Revista Internacional COR Argentina.

[3] Cuarto Congreso de la IC, 1922

1 de julio 

Tercer paro internacional de repartidores

La crisis mundial se ha acelerado por la pandemia del coronavirus y ha dejado más al desnudo al sistema capitalista y sus formas de dominación. Uno de los casos más emblemáticos de la relación entre el capital y el trabajo en este periodo son las “Apps”. Los trabajadores de éstas están cumpliendo un rol muy importante en medio de la pandemia, mientras las empresas están ganando fortunas. El negocio de las empresas de Apps se basa en mayor flexibilización, nulas condiciones de higiene y seguridad y la negativa a establecer algún tipo de relación laboral. Además, están amparadas por los gobiernos de turno, que permiten este tipo de explotación e intentan darles un marco legal a estas formas de trabajo.

Este tercer paro internacional se da en medio de procesos de masas por el asesinato de George Floyd en EEUU y cuando el epicentro de la pandemia se está dando en América Latina. Por eso tiene una enorme importancia que un sector de trabajadores salga a la lucha, de forma coordinada internacionalmente, para mostrar la fuerza de nuestra clase y sus métodos, como el paro.

El miércoles 1 de julio se desarrollará el tercer paro internacional de repartidores. La acción fue votada en una asamblea virtual donde acordaron Raiders Unidos (Chile), Glovers Unidos (Ecuador), Treta no Trampo (Brasil), Entregadores Antifascistas (Brasil), Repartidorxs Unidxs (Costa Rica), Motociclistas Unidos (México), Ni un Repartidor Menos (México), la red de precarizados y Agrupación Trabajadores de Reparto de Argentina.

Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 1 de julio realizaremos un nuevo paro internacional con jornada de movilizaciones en varios países. En Argentina, los reclamos son por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas). Ante el avance de la pandemia, por test a los compañeros que estuvieron expuestos al virus y aislamiento.

En Brasil, la movilización de los repartidores tomó cuerpo en las protestas antirracistas y contra el gobierno de Bolsonaro con la consigna “¡Hambre!” y con el discurso “no somos emprendedores, somos fuerza de trabajo”. Los repartidores, que reciben en promedio R$ 936 mensuales (menos de un salario mínimo) con 12hs diarias de trabajo, reivindican refrigerios durante el periodo de trabajo, además del aumento de la tasa mínima y por kilometraje andado y el fin de los bloqueos arbitrario de las empresas. Además de eso, exigen seguro de vida y contra accidentes y auxilio pandemia (EPP y licencia médica).

En Chile distintos agrupamientos vienen organizándose por ser reconocidos como trabajadores con todos los derechos y por el derecho a constituir una organización sindical. Han levantado distintas iniciativas como MAREA (mancomunal de repartidores por app de Chile) donde confluyen distintos grupos como Riders Unidos, Rappiteros y Repartidores Penquistas (Concepción). Estos agrupamientos vienen participando activamente del proceso de lucha y organización surgido luego del 18 de octubre en el país, levantando demandas de reconocimiento por las mutualidades de seguridad de accidentes, en los cuales han dejado postrados a trabajadores hasta por dos años, como el caso de Cristóbal Pinilla. También luchando contra el explotador sistema de puntos, que obliga a los trabajadores a mantenerse conectados a altas horas en toque de queda, y poner en riesgo su integridad física, perdiendo sus medios de movilidad o teniendo que devolver inclusive el monto de los pedidos.

Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats, Ifood y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión.

Los trabajadores de reparto estamos abriendo camino en las demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudiamos el asesinato laboral de estas empresas, que, con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Debemos reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo o boleta de honorarios, que usan y abusan estas empresas. Los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. En este sentido, es importante el apoyo otorgado por la CSA, que agrupa a centrales sindicales como la CUT de Chile y la de Brasil, la CGT y la CTA argentinas, CNT México, AFL-CIO EEUU, entre otras, pero es necesario, al mismo tiempo, levantar los métodos de democracia obrera cuestionando los lazos de estas direcciones burocráticas con las patronales y los Estados.

Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas.

Vamos al tercer paro internacional de repartidores por el triunfo de nuestras demandas.

LOI Brasil - COR Chile - COR Argentina

Declaración TRCI

La situación mundial y las tareas de los revolucionarios

Estamos dentro de un periodo histórico caracterizado por una tendencia a la descomposición del imperialismo y un proceso de asimilación capitalista de los ex Estados obreros. La crisis de los Estados- nación, del bonapartismo como proceso histórico y la relación con la revolución social son parte de nuestro análisis para comprender las contradicciones del periodo.

La política imperialista, aun en su debilidad, propone una idea de nuevo pacto entre el capital y el trabajo, dentro del histórico conflicto entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción del capitalismo; apuntando a romper con los pactos de posguerra y las instituciones creadas durante el período anterior y definir un nuevo equilibrio de clases dentro de los Estados, ante el nivel de la crisis mundial. Esta intervención política del imperialismo, en el desarrollo de las leyes del capital, produce indefectiblemente efectos en las relaciones sociales de producción.

La agudización de la crisis ha producido una ruptura en los equilibrios interestatales, aumentado sus antagonismos económicos, generando una mayor guerra comercial entre EEUU y China, la caída del petróleo, conflictos entre los países dentro de la UE y una feroz competencia por insumos sanitarios en medio de la pandemia. De desarrollarse un enfrentamiento armado entre China e India, se abriría un conflicto a nivel internacional que modificaría la situación mundial.

La pandemia del coronavirus puso al descubierto al sistema capitalista y sus formas de dominación. Pone de manifiesto las consecuencias del avance del capitalismo sobre la naturaleza de forma anárquica. La pandemia agudiza y acelera las tendencias de la crisis del 2008, llevando de seguro a una recesión con tendencias a una depresión mundial. Es importante comprender que, si bien es continuidad de la crisis de la década pasada, esta continuidad no es necesariamente lineal; pueden producirse saltos de calidad en el estado general del capitalismo imperialista, cuyas consecuencias se verán en el mediano y largo plazo.

El proceso de crisis mundial ya no vendría a ser un estadio de estancamiento (relación entre auges cortos y crisis), sino más bien en una tendencia a declinación de las fuerzas productivas. La relación ruptura - restauración en la definición de equilibrio está mediada por la lucha de clases. Si el proletariado no interviene de forma revolucionaria el capitalismo buscará restaurarse descargando la crisis en los trabajadores. Por eso cada paso que vaya en sentido de la reconstrucción del equilibrio significa un aumento en la explotación de nuestra clase. Cada esfuerzo de la burguesía que vaya en sentido de restablecer el equilibrio de la producción, de la distribución, de las finanzas del Estado, compromete fatalmente el inestable equilibrio de clase.

Ante la pandemia, podemos decir que asistimos a un ensayo general reaccionario del sistema capitalista, en medio de un proceso más histórico de descomposición. Es un gran ensayo de conciliación de clases, de patrioterismo. Ante una dirección anárquica, como lo es el sistema capitalista, que depende de sus Estados mayores armados para garantizar la reproducción del capital, nosotros peleamos por una dirección colectiva consciente, que prepare las etapas de la dictadura del proletariado, ya que el sistema actual engendra las condiciones materiales y las formas sociales para la reconstrucción económica de la sociedad.

La centralización estatal no puede ser más que reaccionaria. La cuarentena como política del Estado es para salvar al capital. Podríamos decir que la cuarentena es una política preventiva para resguardar a los grandes capitalistas y a su clase, desorganizando a nuestra clase con la complicidad de la burocracia sindical, para preservar sus Estados en descomposición, reforzando al aparato burocrático militar para disciplinar a las masas.

En este escenario, la burguesía mundial busca descargar la crisis sobre la clase trabajadora por medio de la desocupación y la carestía de la vida. Será prioritario que la vanguardia intervenga de forma audaz en las organizaciones obreras, como los sindicatos, para impulsar la lucha por unir ocupados y desocupados, levantando la escala móvil de horas de trabajo y salario, impulsando medidas de control obrero, preparando el camino hacia el régimen proletario.

La crisis del imperialismo norteamericano

Los procesos radicalizados que se dieron en EEUU después del asesinato de Floyd por parte de la policía, y que expresaron una crisis política en el corazón del imperialismo, aún no se han podido resolver. A diferencia de otros procesos en los que se busca justicia en general, el movimiento después del asesinato se centró en el rol de la policía, lo que obligó, tanto a republicanos como a demócratas a tener que plantear una serie de reformas para tratar de contener el movimiento. Un elemento muy importante es que Trump no pudo detener el proceso con represión e inclusive, cuando planteó la salida del ejército, se negaron los altos mandos, debilitando aún más la figura de Trump.

El debate que se abrió en torno a las fuerzas auxiliares del bonapartismo, que son las fuerzas armadas, en este caso la policía, pone en cuestionamiento toda la estructura de un Estado burgués. Por la crisis, ya se venía desarrollando una discusión ideológica, que se aceleró por la pandemia, en cuanto a los fundamentos mismos del sistema capitalista y su supuesta libertad y un debate interno en EEUU entre unión o federación de estados en cuanto a cómo actuar ante esta pandemia. Hay casos emblemáticos como Seattle, donde un sector de la ciudad se considera como zona liberada de policías.

El movimiento obrero venía realizando acciones aisladas, como huelgas salvajes en medio del ataque en medio de la pandemia, y actuó de forma diluida en los primeros momentos de las movilizaciones por el asesinato. Pero debemos remarcar que la huelga de portuarios del 19 de junio, fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud, fue una huelga muy fuerte. Esto muestra que ha comenzado a irrumpir de forma organizada un sector combativo de la clase obrera norteamericana con mucha historia. Es muy importante que sectores del movimiento industrial salgan a la lucha, porque EEUU ha entrado en una crisis industrial producto del parate de las exportaciones ante la pandemia y la guerra comercial con China.

La crisis abierta, política y económica, en EEUU obliga a los revolucionarios a poner todas las fuerzas en función de tratar de intervenir en esta coyuntura, en la que el país imperialista por excelencia ha abierto un proceso de lucha de clases agudo donde los trotskistas tenemos que desplegar nuestro programa transicional para unir al proletariado norteamericano y el proletariado mundial en la pelea por el socialismo.

La cuestión negra fue un gran debate en las filas del trotskismo. Trotsky planteaba no sólo la discusión de la autodeterminación, sino que debíamos pelear por mostrar al proletariado blanco que EEUU no era nuestro Estado y, de esa forma, buscar la unidad con el proletariado negro.

La disolución de la policía es un debate muy importante al interior del movimiento obrero y los que luchan, para dar lucha política contra las visiones reformistas y contra el centrismo que considera que la policía debe organizarse en sindicatos. En EEUU, parte de los que se movilizaron levantaron la consigna de que se retiren los sindicatos de policías de la AFL CIO. Conlutas en Brasil los afilia y la CTA en Argentina, también. Desde la TRCI levantamos: ¡fuera los sindicatos de policía de las centrales sindicales! Así como peleamos por el no pago de la deuda externa, como medida antimperialista. El proletariado de toda América tiene tareas comunes: enfrentar al imperialismo y a los gobiernos semicoloniales, subordinados a éste. Debemos pelear por una Federación de Estados obreros de América, como forma estatal de la dictadura del proletariado.

Ante este escenario de crisis mundial, pandemia y crisis política en las principales potencias imperialistas es que llamamos a reorganizar las fuerzas del trotskismo que aun sostienen la necesidad de la dictadura del proletariado, para desarrollar una vanguardia al interior de nuestra clase y ayudar a que triunfen las luchas en curso, en la perspectiva de la reconstrucción de la IV internacional.

Desde la TRCI veníamos sosteniendo la necesidad de una Conferencia latinoamericana, en medio de los procesos de lucha de clase que se estaban dando en la región. La aceleración de la crisis impone el llamado a una Conferencia Internacional que intente abordar la crisis de dirección revolucionaria al calor de la situación mundial convulsiva.

28 de junio de 2020

LOI Brasil - COR Chile - COR Argentina 

El gobierno de Chile aplicó las cuarentenas, al igual que en el resto de los países de la región, donde dichas cuarentenas no significan otra cosa más que el despliegue de la esencia represiva del aparato estatal, de su acción coercitiva. Lo distintivo en relación a otros gobiernos fue la aplicación de cuarentenas “dinámicas” qué significaban el aislamiento, o la intervención del Estado en las relaciones sociales -dislocando distintos sectores económicos como el comercio, el turismo, gastronomía, construcción, etc- y evidenciando al mismo tiempo la centralidad de la producción en el desempeño económico de todas aquellas empresas o servicios que se consideraron esenciales del punto de vista de la burguesía. Al mismo tiempo pretendieron sacar una ventaja competitiva en relación al resto de los distintos países locales llamando a una “nueva normalidad” donde las empresas pusieron acelerador ante el inminente desarrollo exponencial de la pandemia. Esto era evidente dado que venían maquillando números, escondiendo los casos asintomáticos o no contabilizando el total de muertos por Covid19 registrados. Esta nueva normalidad de explotación, lejos de ser un error fue una política consciente de la burguesía chilena que en ese momento expresó la necesidad de no paralizar el aparato productivo para no ser “los más pobres de América Latina” como dijo uno de los máximos representantes de la CPC. Un ejemplo de este ganar tiempo, se evidenció en que estas caprichosas cuarentenas dinámicas no eran aplicadas en su momento en los barrios donde habita la alta pequeña burguesía y la burguesía, y en la prolongación indefinida en aquellas comunas que fueron epicentro de las luchas del proceso semi insurreccional del pasado 18 de octubre. Mientras tanto los hospitales y centros de salud seguían estando al borde del colapso, donde los trabajadores de la salud no contaban ni con los implementos de seguridad adecuados, ni con condiciones mínimas sanitarias, teniendo que reportar al día de hoy la friolera de más de 150 mil infectados y más de 2600 muertos.

Mientras esto acontecía la burguesía aprovechaba para profundizar la crisis social, consecuencia de la crisis y descomposición del capitalismo mundial, cuyas contradicciones se aceleraron con la pandemia. Es así que sacaron distintos proyectos para salvar a la burguesía y a la pequeña burguesía explotadora con la ley de protección del empleo, en rigor una ley de suspensiones que involucra el no pago del salario y el desgaste de los fondos individuales de cesantía más algún que otro aporte del Estado, y sólo para aquellos trabajadores que tuvieron cierta estabilidad laboral previa. Así también se sucedieron una oleada de despidos donde el caso testigo más importante ha sido Latam, la que entre despidos, retiros y licencias sin goce de sueldo, lleva más de 3.600 trabajadores, y en su adhesión al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos promete que serán varios más, ya que se compara con empresas competidoras como la salvatada alemana Lufthansa que ha declarado que despedirá cerca de 25.000 trabajadores en el planeta. Esta serie de medidas, junto con el despliegue del aparato coercitivo, y la prohibición de actividades llamadas cuentapropistas, es decir actividades de subsistencia, han arrojado violentamente a la mendicidad a cientos de miles que hoy dependen de que el Estado llegue con algún tipo de ayuda. Por esta crisis social en curso salieron a dar “bonos Covid”, y aprobaron el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con menos de $65 mil (U$82) por persona en extrema pobreza, y también montaron un show con la entrega de cajas de mercadería con un lindo instructivo para “agradecer al presidente” por esa ayuda miserable.

El preludio de un acuerdo, el temor a las masas

Toda esta política asistencial manifestó sus límites con una estruendosa voz de alarma con las manifestaciones y luchas callejeras qué en medio de la cuarentena y el toque de queda, salieron en los barrios más pobre a reclamar por esa falta de ingreso, por esa preanunciada  situación de hambre y desesperación en la cual cientos de miles de familias van cayendo inminentemente. Justamente un sector de este subproletariado, el que vive el día a día de pitutos, del comercio ambulante o de contratos precarios en obras o faenas, es el principal sector de la clase trabajadora que se manifestó en aquellos días del pasado levantamiento de octubre junto con la juventud explotada y oprimida.
Y esa voz de alarma fue la señal al gobierno de que su periodo de luna de miel con el pánico de las masas ante la enfermedad y la muerte, le imponía un freno a seguir jugando con las mismas, se estaba nuevamente resquebrajando en el momento en el cual se agudizan las condiciones de la pandemia y se profundiza la crisis social desatada. Es aquí donde vuelve reflotar la necesidad de un pacto o acuerdo de unidad nacional. Este acuerdo de unidad nacional es llamado luego de que se agotara la utilización del colegio médico (ColMed) como mediación ante la ausencia de la misma. Si bien un importante sector de los médicos tienen condiciones de vida, semejantes o emparentadas con algunos sectores obreros, sobre todo con sus estratos altos, independientemente de sus buenas intenciones, constituyen de por sí una capa social media conservadora entre el capital y el trabajo, orientados por lo general a apalancar al régimen democrático, a sostenerlo y embellecerlo. Este es el rol que ha jugado en rigor el ColMed con Izkia Siches a la cabeza, quien en su momento llamara a desmovilizar, a no participar de movilizaciones, y quien en sus discusiones con el gobierno llamó una y otra vez a la unidad con el mismo, responsable a sabiendas de la inoperancia y la criminalidad con la cual actuaba. Es efectivo que jugar a la mediación social a través del ColMed tenía sus limitaciones ya que no estaban integrando a las organizaciones de trabajadores de la salud ni tampoco estaban visibilizando siquiera la situación catastrófica del sistema de salud en la llamada “Mesa Social Covid” en la que participan no pocos verdaderos mercenarios de la salud, ligados a Isapres y clínicas privadas. Efectivamente esta mediación estaba agotada para la política del gobierno y necesitaba algo más amplio y superestructural. Justamente fue el colegio médico junto a economistas de la concertación y distintos arribistas del FA los que propusieron un plan económico basado en la utilización del fondo de estabilidad económico social (FEES) para no perjudicar las cuentas de la gran burguesía cuyo marco entusiasmó airosamente a multimillonarios como Luksic.

Al mismo tiempo el gobierno gestiona un préstamo con el FMI de 24 mil millones de dólares, con el organismo famoso en países como Argentina, Ecuador o el Salvador por sus recetas de ajuste y ataque a los trabajadores. El organismo presuroso le concedió dicho préstamo viendo el currículum de Chile de niño mimado del imperialismo qué ha sabido flexibilizar a la clase obrera y abrir de par en par el país a la explotación y usura del capital financiero internacional. Este préstamo, eso sí, no es para paliar la crisis actual sino que está destinado a “otorgar liquidez” a los grandes monopolios ante la potencial situación de fuga de capitales o descalabro del sistema crediticio.
Al plan del gobierno de acuerdo nacional asistieron rápidamente todos los partidos de la vieja concertación más revolución democrática. El plan consiste en 10 mil millones de dólares, 3000 millones a utilizar este año en la emergencia, y siete mil millones para el 2021 hasta febrero del 2022 para reactivación y subsidios al empleo, eso sí, con un compromiso para no levantar nuevas solicitudes de gastos en todo ese periodo. Estos tres mil millones estarían financiados por reasignaciones presupuestarias o partidas no ejecutadas. Toda la diferencia de la oposición burguesa y pequeñoburguesa con el gobierno se acoto a cuánto era deuda y cuanto del FEES y; cuánto iban a potenciar el IFE ya que el mismo quedaba debajo de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas, algo que la burguesía no va a permitir ya que esta ayuda estatal de mendicidad no puede estar por sobre el salario mínimo que regirá en el momento de una potencial reactivación económica. Un bello proyecto que también incluye la potencial rebaja de impuestos a las empresas post-pandemia.

Si estatismo quieres…

Por su parte el partido comunista no asistió al acuerdo partidario intentando colocar una “mesa social” con el gobierno vía la CUT por los despidos y suspensiones la que fue reemplazado por un par de reuniones del consejo superior laboral, órgano tripartito permanente (gobierno, empresarios, centrales sindicales), creado durante el gobierno de Bachelet. El centro de la política del PC fue la exigencia de un impuesto mínimo a las grandes fortunas “a los súper ricos” para financiar la crisis. A esta demanda se han acoplado sectores de la izquierda exigiendo además que ese impuesto a las ganancias sea impulsado por luchas de exigencia de los trabajadores, una especie de estatismo de “primera línea”, que abandona todo norte por expropiar a los expropiadores.
Y es que estos giros de intervencionismo estatal, dejan en mal pie a todas las tendencias estatistas que bregaban justamente porque, mediante una reforma al Estado, una nueva constitución, se pudiese poner límite o condiciones a la burguesía y a la explotación imperialista, otorgando mediante este acto político fundacional los derechos que hoy se ven abiertamente negados como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Dado que sale a la luz toda la miseria en una semicolonia, el aceleramiento de las contradicciones producto de la crisis económica mundial, profundizada por la pandemia en curso, y la intervención violenta del Estado en las relaciones sociales ha motivado o ha hecho emerger, como en todas las grandes catástrofes en Chile, la putrefacción del capitalismo. Las condiciones de hacinamiento que se expresa en la falta de viviendas para la población trabajadora, que ha tenido como correlato la toma de algunos terrenos, la expansión de los campamentos. Caso testigo la situación de la población inmigrante, que llegó entusiasmada con las promesas de un Chile modelo que le prometía mejores condiciones de vida que en sus países de origen, ha terminado viviendo en las peores condiciones de miseria en campamentos, en cites ruinosos, acosados por la enfermedad y el hambre, muchos terminaron acampando literalmente frente a sus embajadas, pidiendo volver a sus países, mientras se montaban espectáculos con su desgracia como si fuera ajena. También el acceso a la salud y las condiciones de trabajo dejan en evidencia lo que los números no pueden maquillar, aquello de que una familia con un salario apenas superior al mínimo pertenece a una “clase media” endeudada pero con “calidad de vida”.

Latam es un caso testigo del rol del Estado y de la burguesía chilena. Latam es una empresa cuyo principal accionista es la familia Cueto (por medio de 3 empresas distintas) asociada con la yanki Delta Airline y con la árabe Qatar Airways. Se encuentra regentada por la filial Latam Finance ltda con domicilio en Gran Caymán, “una sociedad establecida con domicilio y nacionalidad en un paraíso fiscal”[El Mostrador 09/06]. A esta empresa luego de la crisis social que está provocando y seguirá provocando (sin mencionar perlitas como el pago de una deuda a su exsocio Piñera de $26mil millones antes de pedir el rescate estatal), el Estado está presto ayudar a salvatar como línea fundamental de bandera “nacional” e industria estratégica del Estado chileno. Es ejemplificador ya que no existe propiedad de las 7 familias, de los “dueños de Chile”, que no se encuentre ligada de una manera similar a alguna empresa monopólica perteneciente a los grandes países imperialistas, lo que explica que la sub-burguesía chilena es una clase rentista parasitaria al mando del semi Estado burgués.

Preparar una respuesta

Los datos oficiales dan cuenta alrededor de 1 millón de desocupados más otro tanto de trabajadores que han dejado de buscar trabajo, e igual número que han sido pasados por la ley de suspensión laboral. Al mismo tiempo las empresas han redoblado los ritmos de producción, en muchos casos se han dejado al descubierto a los trabajadores de riesgo, no se han dado los implementos básicos de protección personal -y en aquellos lugares donde sí se han dado se han restringido los protocolos de aislamiento físico- dándose una situación contínua de cada vez mayor cantidad de trabajadores contagiados quedando en evidencia que ni el Estado, ni los patrones que lo regentean están preocupados para salvar la vida de la población.

Ante esto se torna imperioso que los trabajadores de las grandes concentraciones obreras organicen los sindicatos activamente para enfrentar este ataque en regla hacia el conjunto de la clase trabajadora, ligando los desocupados mediante comités de acción, para su incorporación al aparato productivo, levantando los protocolos necesarios sanitarios discutidos con las bases, para imponer el aislamiento físico allí donde sea necesario, levantando comités de seguridad desde las bases, luchando mediante los métodos de la clase trabajadora, como las detenciones productivas, las huelgas, las barricadas. El impedimento de celebrar reuniones masivas es una excelente excusa de parte del gobierno y la patronal para impedir la organización sindical. Es aquí donde las reuniones con delegados de base se tornan una herramienta formidable para evadir la prohibición y mantener activo el sindicato. Es prioritario que ante el grado de la crisis económica y social en desarrollo sea la clase trabajadora la que intervenga con un programa propio para dar una respuesta a la altura de la situación.

Se contradicen a sí mismas aquellas organizaciones que llaman al Estado a ejercer una “acción coercitiva” ante los bajos efectos de las cuarentenas gubernamentales si al mismo tiempo pretenden mantener activas las organizaciones sindicales y sociales. Quizás opinen que la lucha de clases pueda desarrollarse por Zoom o Facebook Live. También están quiénes no dimensionan el carácter internacional de la actual crisis que compromete a todo el equilibrio capitalista - algo que está siendo demostrado con creces en el proceso de masivas movilizaciones espontáneas en el seno del imperialismo norteamericano, que muestran al capitalismo en su alto grado de descomposición-, y se vuelven a ejercitar recetas redistribucionista tales como “renacionalizar el cobre para obtener recursos frescos” para paliar el hambre, o intervenir los puertos “abriendo los containers” para distribuir esa comida en la población o en las ollas comunes. Una salida y un programa obrero revolucionario debe desarrollar el control obrero como una forma de organizar el poder de nuestra clase para destruir el Estado de los explotadores, luchando no por conquistar una reforma al aparato estatal o redistribuir el desarrollo anárquico de su producción, sino que por el contrario, en vías de imponer una planificación económica mundial, promover la necesidad de la conquista del poder político de la clase trabajadora avanzando hacia una Federación de Estados Obreros y Socialistas de América, uniendo a la clase trabajadora de los países oprimidos con el potente proletariado norteamericano, que está dando importantes batallas contra su propia burguesía.
Para esto fundamental discutir y agrupar a la vanguardia revolucionaria en un partido mundial de la revolución socialista, que no es otra lucha que la lucha por reconstruir la cuarta internacional.

Em todo o mundo, a pandemia acelerou e agudizou os processos abertos pela crise econômica de 2008, dos quais a burguesia não consegue uma saída. Ainda que com crescimentos econômicos conjunturais, provocados pela oferta de crédito nos últimos anos, o imperialismo não consegue reverter a tendência geral de queda na lucratividade da produção e de endividamento. Com o advento da pandemia, os Estados ampliaram sua dominação nas relações sociais produtivas, intervindo diretamente na produção através de medidas de lockdown e racionalização da produção, injeção de crédito e subsídios através de ampliação e rolamento das dívidas, que ultrapassam os U$255 trilhões e tornam-se cada vez mais impagáveis.

Com o aprofundamento da crise, intensificou-se também as disputas interestatais pelo comércio global (agora também por insumos hospitalares), por fundos de recuperação econômica regionais e pelo controle migratório, o esvaziamento e desmonte das organizações multilaterais e sua substituição por acordos bilaterais impostos nesta disputa, além de crises políticas internas.

A pandemia também acelerou os processos que buscam redefinir as relações de classes dentro dos Estados e a instituição de um novo pacto entre capital e trabalho através do desmonte das instituições criadas desde o pós-guerra. Nesse sentido, ampliam-se os ataques aos trabalhadores em todo o mundo com reformas que ampliam o tempo de contribuição, intensificam, precarizam e flexibilizam o trabalho e reduzem o valor da força de trabalho com demissões massivas.

Todos esses processos que caracterizam a fase decadente do imperialismo e suas contradições, agudizadas pela crise pandêmica, empurram a classe trabalhadora em todo o mundo para situações de barbárie. Por tudo isso, começam a irromper processos mais radicalizados de luta de classes, os quais a política imperialista de quarentena não consegue mais segurar. Trabalhadores organizados na Itália, Espanha e França iniciam novas jornadas de luta contra demissões e condições de trabalho. No Chile, a população utiliza sua experiência adquirida nas lutas do ano passado para radicalizar manifestações de enfrentamento ao governo. Atualmente, no seio do imperialismo, as lutas contra a repressão policial e o Estado racista assumem formas semi inssurreicionais em todo os Estados Unidos.

Estes processos de luta demonstram a incapacidade das instituições da democracia burguesa em absorver as contradições de classe, acentuadas pela crise, e escancaram o problema de direção revolucionária mundial. Só a intervenção organizada e consciente da classe trabalhadora nestes processos pode alavancar a luta rumo a destruição do estado burguês como forma de dominação capitalista. No mundo inteiro, está cada vez mais nítido: a democracia burguesa não serve e nunca serviu aos trabalhadores!

O AVANÇO DO CORONAVÍRUS E DA CRISE ECONÔMICA NO BRASIL: AMBOS ESTÃO DESTRUINDO A CLASSE TRABALHADORA

No Brasil, a pandemia se apresenta de forma catastrófica. Anos de redução de investimento na saúde, acentuada pela aprovação do teto de gastos em 2016 e a ausência de uma política nacional de controle da epidemia já tiraram mais de 34 mil vidas até o momento. Considerando a subnotificação, implementada inclusive como política em alguns estados, esse número pode ser até sete vezes maior. Com a enorme desigualdade, característica de um país semicolonial, o corte de classe tem se apresentado como o principal definidor do índice de mortalidade que a doença assume no país. Morrem mais trabalhadores informais e da saúde, negros e periféricos.

A crise econômica e social se ampliam diante da epidemia e da crise política. O PIB apresentou queda de 1,5% no primeiro trimestre (período que abrangeu apenas 15 dias do início da pandemia). A produção industrial regrediu 18,8% em abril, acumulando queda de 27,2% em um ano. O desemprego subiu para 12,6%, fechando mais 4,9 milhões postos de trabalho. Desses, 3,7% eram empregos informais. Atualmente a população que está fora da força de trabalho chega a 70,9 milhões de pessoas. Dos trabalhadores formais, mais de 8 milhões tiveram seus contratos suspensos ou reduzidos pela MP 936, editada pelo governo Bolsonaro, que permite a suspensão do contrato e redução de salários e jornada durante a pandemia. Esse número representa mais de 20% dos trabalhadores formais. Segundo informações da Caixa Econômica, quase 60 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial de R$600, e estima-se que cerca de 32 milhões de trabalhadores podem ficar sem renda e sem direito ao auxílio pela regra determinada.

As disputas interburguesas também se acirraram com o advento da pandemia e ampliaram a crise do governo Bolsonaro. Desde o início da pandemia, dois ministros da saúde foram afastados do governo por diferenças no combate à epidemia. Enquanto tentavam implementar políticas alinhadas com a OMS, os ministros chocaram-se com o negacionismo bolsonarista e sua defesa da cloroquina como medicamento de protocolo para casos de contaminação por covid-19. Há mais de quinze dias, o ministério da saúde segue com ministro interino proveniente das forças armadas.

As políticas de combate da epidemia alinhadas com a OMS foram implementadas pelos governadores dos estados, em aberta disputa com o governo federal pelo protagonismo no controle da crise. João Dória (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ), aliados eleitorais de Bolsonaro, protagonizaram a ruptura com o governo federal na condução do controle da pandemia e acirraram a disputa política com Bolsonaro. A burguesia nacional ligada ao comércio e prestação de serviços, apoiadora de Bolsonaro, faz ampla campanha contra medidas de isolamento e pela reabertura do comércio evocando a salvação da economia, enquanto o setor da burguesia ligado ao mercado financeiro e à indústria (ambos auxiliados pelas medidas do governo) se alinharam, por algum tempo, à política imperialista de controle pelo isolamento. No país inteiro, a pressão pela reabertura é mais forte e envolve os setores da classe média e trabalhadores empobrecidos pela crise. Nas próximas semanas, os estados iniciarão os processos de flexibilização do isolamento com a abertura do comércio, mesmo com o número de contaminação e mortes longe de atingir o pico.

As medidas de isolamento e quarentena, como política do imperialismo, não foram aplicadas para salvar vidas, mas sim o capital. Buscam evitar o colapso dos sistemas de saúde, racionalizar a produção diante da possibilidade de uma situação mais catastrófica e desorganizam, com a conivência das direções, a classe trabalhadora diante das medidas dos governos e patrões que buscam jogar os custos da crise nas nossas costas. Aplicar ou não aplicar a política de isolamento não diferencia os governos em seu conteúdo de classe, burguês, apenas nas estratégias que utilizam para minimizar os custos da crise para o Estado. Fosse para salvar vidas, porque o número de assassinatos pela polícia militar aumentou mais de 40% em São Paulo e no Rio de Janeiro durante a pandemia, mesmo com decretos de isolamento e redução da criminalidade? A recomendação para ficar em casa facilitou a política de extermínio da juventude periférica da polícia de ambos os estados.

Nós, trabalhadores, não podemos ficar sujeitos às disputas interburguesas e suas políticas para o controle da crise pandêmica. A pandemia atinge massivamente a classe trabalhadora e a política cínica de “defesa da vida” não têm nos protegido, já que o isolamento não nos é uma escolha pessoal. Como trabalhadores, somos os únicos interessados na defesa de nossas vidas e, portanto, precisamos intervir de forma organizada nesta crise, com nossos próprios métodos.

BOLSONARO E A CRISE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Além da crise entre o governo federal e os governos estaduais, aberta pela pandemia, o governo Bolsonaro, desde a posse, tensiona as relações com os demais poderes e instituições políticas do país. O que era antes uma disputa aberta com o Congresso pelo protagonismo de aprovação das reformas que transferem para a classe trabalhadora os custos da crise econômica, torna-se com o aprofundamento da crise, uma disputa generalizada com os demais poderes políticos, isolando cada vez mais Bolsonaro.

Além da saída de dois ministros da saúde, a saída do ministro da justiça, Sergio Moro, um dos principais alicerces do governo Bolsonaro por representar a essência do antipetismo e da luta contra a corrupção, escancarou o isolamento de Bolsonaro no governo. Moro saiu denunciando Bolsonaro por tentar intervir no comando da Polícia Federal para evitar o avanço das investigações contra os filhos, envolvidos com esquemas de rachadinhas, operações milicianas, produção de fake News e até no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

No governo Bolsonaro, Moro acumulou algumas derrotas como a aprovação distorcida do projeto original de seu pacote anticrime, cujas modificações foram comemoradas como vitória pela oposição reformista. Além disso, a aproximação de Bolsonaro com o “centrão” no Congresso Nacional para evitar o avanço dos mais de 30 processos de impeachment protocolados, causou certo constrangimento para o paladino da justiça, já que muitos políticos que compõem essa base são condenados em processos de corrupção, como o “mensalão”. Bolsonaro já desembolsou, apenas em abril, R$ 6,2 bilhões para emendas parlamentares para o centrão. Moro, ao abandonar o barco governista, ainda apresentou provas da interferência de Bolsonaro na PF para proteger seus interesses e, dentre estas, um vídeo de uma reunião ministerial que caiu nas mãos do STF.

Junto com Moro, diversas frações da burguesia ligada ao imperialismo também abandonaram o governo. A incapacidade de produzir resultados econômicos satisfatórios, mesmo antes da pandemia, colaborou para a maior fuga de capitais estrangeiros do país e desvalorização brutal da moeda. A política de Guedes, a menina dos olhos do governo Bolsonaro, de reformas de enxugamento do Estado e privatizações chocou-se com a necessidade de intervenção estatal trazida pela pandemia. Ou seja, o Brasil deixou de ser aos olhos do imperialismo, um país atrativo para investimento como fora outrora. Diariamente, Bolsonaro é massacrado pela grande mídia que faz coro com setores da oposição por sua saída do governo, vislumbrando até os prós e contras de diferentes processos para chegar ao afastamento de fato.

O STF tem protagonizado o enfrentamento com Bolsonaro. O ministro Celso de Mello autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Entre discursos extremistas dos ministros, incluindo sugestões de prisões para ministros do STF e governadores, o vídeo desmascarou o governo Bolsonaro como um governo de “rapina”, de aparelhamento do Estado para servir a seus interesses milicianos. Celso de Mello também recomendou que a PGR recolhesse o aparelho celular de Bolsonaro, provocando a ira do governo federal com declarações ameaçadoras à estabilidade nacional por parte oficiais de reserva que compõem o governo. Já o ministro Alexandre de Moraes avançou no inquérito das “Fake News”, despachando mandatos de busca e apreensões de celulares e notebooks de apoiadores de Bolsonaro que compõem o “gabinete do ódio”, responsável pela criação e divulgação de fake news pró governo e também dirigido pelos filhos do presidente. Alexandre de Moraes também tomou posso no Tribunal Superior Eleitoral, no qual somam-se oito ações de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por irregularidades na campanha.

Cada vez mais isolado, a estratégia de Bolsonaro tem sido a de elevar o tom contra as instituições do estado, tentando manter e fidelizar sua base eleitoral mais extremista, ao mesmo tempo em que articula sua reorientação no congresso com o centrão para evitar um processo de impeachment. Para isso, Bolsonaro tem utilizado em seus discursos elementos ideológicos golpistas, da extrema direita e de regimes fascistas, agradando cada vez mais seus apoiadores mais radicais  e, ao mesmo tempo, conduzindo a pauta das direções para a luta pela democracia e antifascista. A ausência de uma política independente para os trabalhadores tem nos mantido reféns do discurso ideológico bolsonarista e desmobilizados pelas políticas de “defesa da vida”.

CONTRA O FASCISMO E GOLPE: DEMOCRACIA?

Os discursos de representantes do governo assumiram, nas últimas semanas, o teor ideológico do fascismo. Citação de Mussolini, símbolos relacionados à extrema direita racista como o leite, tochas e a bandeira ucraniana passaram a fazer parte do repertório do presidente, de seus ministros e influenciadores digitais. Movimentos organizados de apoio à Bolsonaro, como o “300” em Brasília levantam a consigna de “Ucranizar o Brasil” e outras palavras de ordem pela ditadura militar contra a “ditadura do STF”. Já os militares de reserva que fazem parte do governo, como o general Heleno, soltam mensagens abertamente golpistas para, logo depois, moderar o discurso.

Com isso, Bolsonaro pretende fidelizar sua base eleitoral mais radical, abertamente extremista, e que lhe confere ainda algum capital eleitoral para se segurar politicamente enquanto busca construir uma base no congresso, bem como consolidar o apoio das Forças Armadas. Essa estratégia política reacendeu os debates sobre o avanço do fascismo no Brasil e o advento de um golpe militar a ponto de se começar a construir uma grande frente suprapartidária que  agrega setores da sociedade civil de toda gama (empresários, movimentos populares, artistas, intelectuais) e políticos liberais e reformistas pela democracia, como o Movimento Estamos Juntos e #Somos70% (em referência ao índice de desaprovação ao governo).

O fascismo, assim como a democracia burguesa, são formas de dominação da burguesia monopolista utilizadas conforme condições históricas e se apoiam em diferentes combinações de classe. O fascismo desenvolveu-se, historicamente, no contexto da disputa entre o imperialismo e a ditadura revolucionária do proletariado e, portanto, é caracterizado pela destruição sistemática de todas as organizações operárias. Enquanto que na democracia, a burguesia se apoia nas organizações dos trabalhadores e suas direções adaptadas, no fascismo a burguesia se apoia na pequena burguesia para, sobretudo, destruir as organizações operárias.

Desse modo, sendo o fascismo uma forma de dominação imperialista, “a mais selvagem e abominável forma do imperialismo”, não é possível sua existência histórica nos países semicoloniais, como o Brasil. Nos países semicoloniais, a forma de dominação está intrinsecamente relacionada à dependência imperialista de uma burguesia relativamente débil frente a um proletariado desenvolvido, criando “condições especiais de poder estatal”.  Assim, estes países podem até assumir regimes “semi-fascistas” como nas ditaduras civis e militares presentes em suas histórias recentes. Contudo, essas ditaduras são mantidas e apoiadas por países imperialistas, na maioria das vezes “democráticos”. Nos países semicoloniais, a luta contra o fascismo só pode ser a própria luta contra o imperialismo.

Às ameaças de golpe, se contrapõe a democracia burguesa. Todos: empresários, políticos de “direita e esquerda”, movimentos sociais, organizações centristas e as direções sindicais pela democracia. A democracia como contraposição ao golpe fascista, mascara o caráter de classe de ambas as formas de dominação. Não é surpresa a defesa da democracia pelo empresariado e políticos, pois a democracia não altera o conteúdo burguês da dominação. Contudo, quando o fazem organizações políticas dos trabalhadores e direções sindicais, o fazem de forma oportunista e conciliatória. Da mesma forma, a consigna “Fora Bolsonaro”, ou a mais “radical” ainda “Fora Bolsonaro e Mourão”, não expressam uma política independente para os trabalhadores, apenas a circunscreve no marcos da governabilidade da democracia burguesa.

A democracia burguesa não serve aos trabalhadores, é a ditadura de classe do capital, é a democracia da ínfima minoria, a democracia dos ricos! O fechamento do regime, alentado por Bolsonaro na forma de uma ditadura, tem implicações sérias na organização dos trabalhadores e no aumento de repressão, mas não muda o caráter de classe da democracia burguesa. As liberdades democráticas nunca impediram o massacre diário da classe trabalhadora, nem a utilização das Forças Armadas para reprimi-la nos processos abertos de luta de classes. Como defenderia Lenin, a liberdade que não é capaz de emancipar a classe trabalhadora da opressão do capital, não é liberdade, mas pura demagogia.

O advento de um golpe militar ou de um autogolpe de Bolsonaro depende da correlação de forças entre o governo, a orientação da política imperialista e o movimento independente dos trabalhadores. Também é importante observar o movimento das Forças Armadas no próximo período, já que Bolsonaro tem ameaçado fazer uso de sua força para intervir nos demais poderes. Nos países semicoloniais, as Forças Armadas cumprem um importante papel na forma de dominação apresentada. O fato é que, ainda que pouco provável, qual a política que os trabalhadores deveriam assumir num cenário golpista? Abraçar uma frente ampla conciliatória para as próximas eleições? Ou instaurarmos, em nossas organizações, comitês de segurança e autodefesa? Nós, trabalhadores, não podemos ficar reféns das orientações da política burguesa, mas precisamos intervir e construir uma saída independente para a crise.

À ditadura não se contrapõe a democracia burguesa, porque ambas são expressões da forma de dominação da burguesia. À ditadura do capital é preciso contrapor e impor a ditadura revolucionária do proletariado, única forma possível de dominação da classe trabalhadora. No cenário de decomposição imperialista, as tarefas que se colocam para os revolucionários são imensas e, neste sentido não se pode admitir titubeações conciliatórias. Aos ataques e ameaças advindos do governo, é preciso contrapor um programa operário de saída para a crise, que não será resolvida nos marcos da democracia burguesa, nem na ampliação desta!

É preciso, portanto, dar uma batalha pela abertura de nossos sindicatos, e, internamente enfrentar não só a burocracia traidora, mas também o centrismo adaptado. É urgente romper com o imobilismo das centrais! Precisamos levantar um congresso nacional de delegados mandatários e eleitos na base para discutir um programa operário de saída da crise.