POR UNA CAMPAÑA DE LUCHA INTERNACIONALISTA

IMPONGAMOS NUESTRAS CONDICIONES PARA LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR

A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena se generalizan los conflictos educativos ante la ofensiva estatal por imponer la vuelta a las aulas en pandemia, con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria. En momentos en que gobiernos, empresarios y burócratas nos hablan de “nueva normalidad” y preparan las condiciones de la pos pandemia, afloran violentamente las contradicciones de la crisis mundial irresuelta, sacudida por la segunda ola de covid y el repudio al manejo estatal de la crisis sanitaria, a la vacunación de privilegio, al abandono a su suerte de la población pobre y asalariada.

La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever” (LT, El nacionalismo y la economía, 1933). El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´” (LT, Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939).

La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante.

Sin embargo, la presión a la reapertura escolar para el ciclo 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las sucesivas reformas educativas, laborales y previsionales, impuestas por los organismos de crédito en la región. El achique del gasto en educación, el cierre de aulas y escuelas, incrementaron el hacinamiento escolar. El deterioro salarial fuerza a la gran mayoría de la docencia a trabajar en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. El ataque a los regímenes jubilatorios del personal escolar, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en su salud, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros, ventilación, lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas imposibles de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad, el aula invertida (flipped classroom), favoreciendo el negocio de las plataformas educativas. Por supuesto, trasladan completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad es intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de vida y trabajo de estudiantes y docentes. “Empoderar al directivo”, “liderazgo educativo”, son líneas de política educativa imperialista que emanan del Banco Mundial y sus pares, y orientan el accionar de los gobiernos de la región asignando al personal directivo la tarea de definir cómo abrirá su escuela. Estas medidas generan mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se vuelve un espacio de presiones y división interna, de aislamiento por unidad de trabajo.

Para hacerle frente, los trabajadores necesitamos más que nunca fortalecer la organización por escuela, y la coordinación en cuerpos de delegados escolares por zona/región. Extender el ejemplo de los compañeros de Brasil, quienes han puesto en pie comandos de huelga por distritos, para organizar desde las bases la huelga efectiva como resistencia a la presencialidad sin condiciones, desafiando la pasividad de la burocracia sindical frente a la catástrofe sanitaria y la arbitrariedad estatal. Propagandizar estas experiencias, convocar a los trabajadores de la salud a poner en pie organismos conjuntos de centralización de la acción y decisión, son la tarea del momento frente al rol desorganizador de las burocracias.

Por un plan de acción internacionalista de los trabajadores de la educación

Las direcciones sindicales en toda la región hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las corrientes de oposición que exigían cuarentena para todos. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, exacerbó la violencia estatal contra la juventud y los asalariados informales. El costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con la caída brutal de nuestros ingresos, con los enfermos y muertos por miles ante el colapso sanitario, mientras los gobiernos atan por décadas la generación de riqueza al pago de la deuda externa con los bonistas y el FMI.

Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Este balance es necesario para preparar programáticamente cómo enfrentamos la vuelta a la presencialidad sin condiciones y la segunda ola de la pandemia desde nuestros intereses. Sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a la crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, y preparar plenarios de delegados de base con mandato para debatir y resolver un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos en las escuelas. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios e infraestructura.

Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Brasil, Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir sus representantes para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Es necesario que la fuerza organizada los docentes pueda ser también un núcleo de tracción para coordinar con la juventud de las escuelas, poblaciones y barriadas que, mediante sus centros de estudiantes y organismos, se liguen a los sindicatos de los trabajadores de la educación para encauzar en una lucha conjunta la energía desplegada por la juventud, que destaca en Chile, Colombia y Perú.

La crisis mundial nos afecta como clase obrera sin respetar fronteras, como nos afectan las políticas patronales que implementan todos los gobiernos, de Fernández a Bolsonaro, de Piñera a López Obrador. Es urgente forjar lazos internacionalistas de solidaridad y de lucha unitaria, recuperando con las mejores tradiciones del movimiento obrero mundial nuestras organizaciones para la lucha, echando a las burocracias traidoras. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, es una tendencia internacional que debemos combatir con un programa internacionalista.

Las tendencias políticas que reivindicamos la independencia de clase, y más aún aquellas con responsabilidad de dirección en sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. ¡Pongamos en pie oposiciones sindicales revolucionarias! Preparemos una campaña internacionalista de lucha contra la presencialidad escolar sin condiciones. Organicemos un congreso latinoamericano de delegados escolares con mandato, para debatir un balance obrero de la cuarentena y del fracaso del accionar estatal contra la pandemia. Opongamos a la colaboración de la burocracia con el aparato estatal burgués, un programa y plan de lucha internacional de nuestra clase. Preparemos una jornada internacional de paro educativo y movilización.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

Se acerca una nueva conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, donde las patronales y sus Estados vienen descargando la crisis sobre la clase obrera, con despidos, bajas salariales, y precariedad laboral. La precarización que vive la clase obrera se incrementa en el sector femenino, sobre quien pesa mayoritariamente la carga social de las labores domésticas y cuidado de los hijos y enfermos.

En el país las negociaciones colectivas en la mayoría de los casos han congelado los salarios. La cesantía se incrementó durante la pandemia así como las suspensiones al contrato de trabajo. Esto ha impactado directamente sobre la mujer trabajadora quien ha visto disminuir en mayor medida su participación laboral.

Ahora el gobierno prepara subsidio para las patronales que contraten trabajadores por menos salario. El incentivo para los explotadores será contratar mujeres y jóvenes como fuente de mano de obra barata. Asimismo prepara el retorno a las labores de los trabajadores suspendidos, cuando los índice de contagios del virus se han disparado, pues es el llamado de las patronales a producir a toda costa, no es la vida y salud de los trabajadores lo que mueve al capitalismo. Las condiciones laborales del personal de salud, así como el retorno a clases presenciales de los colegios, actividades sustentadas en su mayoría por mujeres trabajadoras, en una situación pandémica creciente, demuestra lo nefasto de un sistema caduco y la política de un gobierno criminal. La burocracia sindical al sostener estas políticas se muestra como un fiel agente político del empresariado

Del mismo modo durante la pandemia el gobierno ha exacerbado el control social sobre los trabajadores y el pueblo pobre, las cuarentenas “dinámicas” y toques de queda, llenando de milicos y pacos las calles, apuntan a fortalecer la línea represiva estatal, como el intento de meter el estado de sitio en la Araucanía el impulso de la militarización en la zona, con los votos de la oposición. La represión, la cárcel, las torturas, los vejámenes, las mutilaciones oculares, se han dirigido contra la juventud que lucha en general y la mujer en particular.

La burguesía busca cerrar el proceso semi insurreccional abierto el 18 de Octubre mediante un proceso constituyente. La mayoría de las directivas sindicales de la clase trabajadora no sólo han promovido esta salida, sino que han definido volcarse con candidaturas, como con Bárbara Figueroa de la CUT o Mario Aguilar del Colegio de Profesores. Pretenden transitar de la burocracia sindical a la burocracia estatal. Lo que es difundido como un gran triunfo, la convención paritaria, busca meter al movimiento de mujeres cooptándolo al Estado, estatizar sus demandas para una reforma al régimen burgués. Los actos barbáricos que ocurren por doquier contra mujeres, el actuar de las policías con su represión e impunidad, la existencia de la servidumbre doméstica, la desigualdad salarial, el problema de la vivienda, etc, etc demuestran que el capitalismo es un sistema en descomposición, que no puede ser reformado, sino que merece ser destruido, y que su sistema representativo no cambiará las condiciones de opresión y explotación mientras perdure su carácter de clase.

En este 8M, se trata de reponer el origen histórico obrero de lo que se conmemora, reponer las reivindicaciones de la mujer trabajadora y sus métodos de lucha, como la paralización de los lugares de trabajo, del proletariado en su conjunto. El separatismo de género sólo paraliza a la clase obrera escindiéndola internamente y dificulta la educación del proletariado en la lucha por la igualdad social.

Es prioritario impulsar el control obrero de la educación y la salud y desarrollar la organización obrera. Imponer protocolos de los trabajadores para enfrentar la pandemia, recuperar nuestros sindicatos expulsando a la burocracia, luchar por la incorporación masiva de la mujer a la producción, luchar por salarios acordes a la canasta familiar y condiciones de trabajo arrebatados durante la pandemia.

Los marxistas buscamos recuperar el programa revolucionario para poner fin a la explotación capitalista y eliminar toda forma de opresión.

Na última semana de fevereiro, trabalhadores da Ford de Taubaté e Camaçari retornaram aos seus postos de trabalho após semanas de resistência, selando a derrota dirigida pela burocracia sindical, em acordo com o imperialismo, na luta contra o fechamento das plantas. Em janeiro deste ano, a Ford anunciou o fechamento de todas as plantas no Brasil (Taubaté-SP, Camaçari-BA e a Troller em Horizonte-CE, além da planta em São Bernardo do Campo-SP fechada em 2019), mantendo apenas um centro administrativo. A empresa justifica essa decisão como parte de sua “reestruturação global”, termo utilizado pelas multinacionais e que significa redução de custos e aumento da lucratividade, através do aumento da composição orgânica do capital. Também joga no peso da decisão, o aprofundamento da crise econômica causado pela pandemia: em 2020, a venda de carros no Brasil caiu 26%; só as vendas da Ford caíram 39,2% em relação a 2019. A Ford possui 6.171 trabalhadores diretos e responde por 7,14% do mercado nacional automotivo, além de 280 concessionárias no país, das quais 160 devem fechar as portas. Com o fim das atividades, 5 mil trabalhadores diretos serão demitidos. O DIEESE calcula, contudo, que 118,8 mil postos de trabalho serão afetados, causando uma perda de R$2,5 bilhões na renda dos trabalhadores.

A tendência histórica de queda na taxa de lucros se aprofundou a partir da crise de 2008 e a introdução de estímulos fiscais e políticas de juros baixos resultando no aumento do investimento especulativo em detrimento do investimento produtivo, não reverteu essa tendência. As reestruturações das montadoras, com o fechamento de fábricas em todo o mundo a partir de 2008 e os recorrentes socorros estatais via injeções de crédito são exemplo da profunda crise capitalista dentro de um contexto mais geral de decomposição do imperialismo.

A crise de 2008 e seus efeitos nas montadoras

Em 2008, com a deflagração da crise econômica do seio do imperialismo, na forma de uma crise financeira, a retração do crédito atingiu em cheio o mercado de automóveis nos EUA, reduzindo ainda mais a participação das montadoras no mercado norte americano. Se na década de 50 essa participação estava em 45%, em 2008 reduziu-se para 28%, acelerando uma tendência de queda desde as últimas décadas. As “big three” – General Motors, Ford e Chrysler – berço da aristocracia operária norte americana, foram as mais atingidas. Em 2009, a GM pediu concordata e anunciou o fechamento de 14 fábricas, a maioria no Michigan. A cidade de Detroit – Michigan, conhecida como “Motor City” por abrigar a GM, afundou poucos anos após a deflagração da crise financeira. Em 2010, já era uma cidade quase abandonada, com 35% do território desabitado e com a população reduzida em mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda em 2008, o governo norte americano aprovou um plano de auxílio à Ford e à GM de US$17,4 bilhões para evitar a bancarrota da indústria automobilística. Na Alemanha e no Canadá, os governos também aprovam pacotes de auxílio. Em 2011, o governo norte americano viabilizou novo pacote de US$25 bilhões às montadoras, frente a desvalorização no mercado e novo risco de falência.

Com a deflagração da crise, as empresas passaram a recorrer, para além das ajudas estatais, a reestruturações na produção que buscavam reduzir os custos e aumentar a produtividade, buscando reverter a tendência de queda nas taxas de lucros. Isso significou o fechamento de muitas fábricas, especialmente aquelas mais antigas, cujos trabalhadores eram melhor remunerados, e abertura de plantas em outros locais cujos governos oferecessem pacotes fiscais de incentivo ao investimento e, claro, mão de obra sem forte organização sindical. Já em 2009, 35 mil postos de trabalho da indústria automobilística foram fechados no mundo todo; porém, somando programas de PDV, reduções de jornada e salários, layoff’s e férias coletivas, acredita-se que esse número foi três vezes maior.

Também a luta dos trabalhadores por salário e emprego acompanha esse processo, como nas duas das mais importantes greves do setor: a greve dos trabalhadores da GM nos EUA, após mais de uma década de controle da burocracia sindical e a de Matamoros no México.

No Brasil, em 2011, o governo já era o principal financiador do maior ciclo de investimentos do setor automotivo no país através de incentivos fiscais, recursos do BNDES ou entidades locais de fomento para investimento como, o BNB no Nordeste. Em desonerações às montadoras, foram estimados R$43,5 bilhões no governo Lula e R$458 bilhões no governo Dilma, um aumento dez vezes maior de isenções fiscais para as empresas. Outras formas de “auxílio” também foram aproveitadas pelas montadoras: o Programa de Proteção ao Emprego, em 2015, permitiu a redução temporária de 30% da jornada com redução proporcional de salário. O PPE foi celebrado pela Associação das Montadoras e pelos sindicatos dos metalúrgicos filiados à CUT e à Força Sindical. Mais recentemente, a MP 936 do governo Bolsonaro também cumpriu esse papel.

A conta da crise econômica para os trabalhadores: o fechamento da Ford no Brasil

Em São Bernardo do Campo (SP), a Ford encerrou a produção em 30 de outubro de 2019, implicando na saída de seu segmento de caminhões na América do Sul. O fechamento da planta resultou na demissão de 1,5 mil trabalhadores diretos; segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (CUT), 3 mil postos de trabalho foram atingidos. Durante o processo de fechamento, a burocracia sindical apostou nas negociações com o governo Dória (PSDB) como interlocutor para a venda da planta. Alimentou, entre os trabalhadores, a expectativa de que o grupo CAOA assumiria a fábrica e manteria os empregos, pois estariam aguardando apenas a liberação de um financiamento do BNDES, mas já haviam firmado um acordo para contratação dos trabalhadores com o pagamento de 80% da tabela da Ford. Em janeiro de 2020, o governador anunciou que o grupo havia desistido da compra da fábrica. Em outubro último, a Ford confirmou a venda da mesma para uma construtora e informou que “envolveu o sindicato nas negociações” para absorver parte dos funcionários demitidos, que até hoje estão vivendo do trabalho informal, pois muito poucos conseguiram recolocação no mercado de trabalho. Ao comentar a saída da Ford do Brasil, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmou ter esperança de que a Ford reverta a decisão, mas sendo “pragmático, a única saída seria a aquisição por parte de um outro grupo”.

Em Taubaté (SP), 130 trabalhadores voltaram aos seus postos em 22 de fevereiro para a produção de peças de reposição em cronograma apresentado pela Ford, após aprovarem negociação com a direção mundial da empresa com garantia de acesso aos documentos pertinentes à negociação pela direção sindical. Nessa negociação, caberia ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (CUT) a apresentação de “propostas concretas de alternativas para reverter o encerramento das atividades”. Além da negociação, o acordo firmado em audiência de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, garantiu a manutenção dos 830 empregos até o final da negociação. Para a burocracia, o acordo foi considerado uma vitória, pois conquistou uma “blindagem jurídica” para o retorno às atividades e “a luta possibilitou negociação com mais igualdade”. A luta a que se refere a burocracia consistiu na greve concretizada pela recusa dos convocados pela Ford para produção de peças de reposição em comparecer ao trabalho, protestos na porta da fábrica com uniformes pendurados nas grades, vigílias, assembleias virtuais, cobrança de apoio do governo federal pelos empregos e uma carreata à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, definida como um “ato de luta e fé pelos empregos da Ford”. O sindicato ainda alegou ao TRT que os trabalhadores não estavam em greve, pois o dissídio coletivo tinha sido imposto pela empresa. A “negociação com mais igualdade” com a direção mundial da Ford, no dia 25 de fevereiro, só confirmou a demissão dos trabalhadores e a promessa de uma indenização negociada.

Não muito diferente de Taubaté, os trabalhadores de Camaçari (BA) retornaram ao trabalho em 23 de fevereiro após acordo de retomada de negociações. O retorno é previsto por 90 dias, podendo ser estendido. Dos 740 trabalhadores da planta, 460 já estavam suspensos por contrato em layoff, 327 retornarão neste mês de março e cerca de 180 em abril. A burocracia sindical celebrou o acordo como uma “trégua” de 90 dias para que as partes cheguem a uma negociação sobre indenizações. Há determinação da justiça proibindo a demissão antes do fim das negociações. Três semanas após o anúncio do fechamento da planta, a Ford também convocou trabalhadores de Camaçari para a produção de peças de reposição e, em assembleia, a “orientação” da burocracia foi de ninguém entrar. “Como colaborar com quem te ataca? Como ajudar quem te desrespeita?” justificou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari (CTB) – grifos nossos. No final de janeiro, os trabalhadores protestaram na porta da fábrica e pendurando os uniformes com os nomes escritos de seus familiares que seriam afetados pelas demissões e houve a realização de um ato ecumênico para “fortalecer a fé dos metalúrgicos”.

Em Horizonte (CE), a fábrica da Troller, vinculada a Ford desde 2007, será fechada no final deste ano, atingindo 470 trabalhadores diretos. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Maracanaú (Força Sindical) “tranquilizou” os trabalhadores após o anúncio da Ford, já que têm “até o fim de 2021 e muitas encomendas para atender, temos esperança de estender o funcionamento até 2022” e, além da esperança em postergar o fechamento para 2022, afirma que a “estrutura da Troller é vendável”.

Além do fechamento da Ford, outras montadoras aproveitaram a pandemia para demitir em massa e, assim como na Ford, as burocracias trataram de jogar a pá de cal sobre os trabalhadores. Em São José dos Pinhais (PR), a Renault fechou o terceiro turno inteiro, demitindo 747 trabalhadores em julho do ano passado. Após 21 dias de greve com vigília na porta da fábrica, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (Força Sindical) conseguiu liminar na justiça para reincorporação dos 747 demitidos e fechou acordo com a empresa pela manutenção dos empregos até que fosse concluído o Programa de Demissão Voluntária (PDV) em agosto. Caso, o PDV não atingisse os 747, os demais cumpririam layoff por cinco meses com 85% do salário. A negociação do PDV foi celebrada como vitória pela burocracia sindical. A Mercedez Benz, com fábrica em Iracemapolis (SP) também encerrou a produção de automóveis no Brasil, permanecendo apenas com a produção de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG). A negociação também foi fechada pelo PDV para 370 trabalhadores.

O papel traidor das direções e a urgente necessidade de um programa operário de luta

“Nesse ambiente terrível para o proletariado, mas paradisíaco para o capital — é o seu próprio mundo (de barbárie) — a luta política maior se esvai em lutas fragmentadas que até mesmo no campo econômico tem sido, predominantemente, defensivas, se pensarmos na situação do sindicalismo atual, no qual crescem os sindicatos parceiros do capital.” (LÊNIN, 1902).

O papel das burocracias sindicais tem sido determinante nas últimas derrotas para a classe trabalhadora, especialmente depois do acirramento da crise econômica com a pandemia. O exemplo da Ford é extremamente didático, devendo servir para contrapormos os métodos operários de luta à política conciliatória e adaptada levada a cabo pela burocracia sindical. Na maior parte desses processos de reestruturação das montadoras, o papel da burocracia foi idêntico ao dos governos burgueses: vamos oferecer os trabalhadores em sacrifício para salvar o capital! A estratégia equivocada e conciliatória da burocracia com a justificativa de salvar empregos, rifou os trabalhadores que perderam salário, direitos e, por fim, o próprio emprego.

A recorrente desmobilização e a adaptação às instituições da democracia burguesa por parte das burocracias como pressão parlamentar, ajuizamento das negociações e submissão às imposições da patronal apartam a classe trabalhadora de suas formas de organização e luta próprias. Chegam ao cúmulo de utilizar o aparato para defender as empresas, exigindo desonerações do governo, numa ideia distorcida de que a riqueza do patrão aumenta “as migalhas que caem da sua mesa” para alimentar a classe trabalhadora. É necessária uma dura batalha no interior dos sindicatos contra a burocracia, disputando sua influência com os trabalhadores organizados. É urgente tirar “conclusões revolucionárias” das experiências em comum com os trabalhadores sob a direção traidora das burocracias sindicais.

O capital não tem moral, responsabilidade social ou inclinação religiosa e, diante de crises que ameaçam a manutenção de suas taxas de lucro, recorre ao aumento da exploração do trabalho. Não existem atalhos na relação entre capital e trabalho. E o papel que cumprem as instituições democráticas não são neutros, afinal essa é a ditadura da burguesia. Frente ao desemprego, é preciso reivindicar e escala móvel de horas e salários, contrapondo-a à traição da burocracia de negociar redução de jornada e salários. Frente aos ataques do capital monopolista, é preciso responder com métodos próprios de classe, intervindo diretamente nas relações de produção, com ocupações e comitês de fábrica, golpeando o cerne da propriedade privada. “Toda greve com ocupação coloca na prática a questão de saber quem é o dono da fábrica: se o capitalista ou os operários.” É preciso colocar na ordem do dia a questão do controle operário da produção no intuito de forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário. Tarefa árdua e que não se limitará às fronteiras nacionais.

Retomemos el camino del Paro Nacional

Estando aún frescas las palabras del ministro de economía Palacios acusando a los profesores de no querer trabajar, y aún más reciente el trauma ocular ocasionado por carabineros contra una profesora que manifestaba en Plaza Dignidad, la directiva del Colegio de Profesores corrió presurosa a sellar un acuerdo con el gobierno para darle paso a las clases presenciales.

Esto luego de que se abriera una campaña mediática por medio de todos los opinólogos a sueldo de la prensa burguesa, sumado al lobby ejercido por las referentes del instituto defensor de la niñez y el Colegio Médico, sobre la urgencia de sumarse al calendario de gobierno del inicio de clases.

Este acuerdo es al mismo tiempo un lavado de cara a un gobierno debilitado que ha profundizado su carácter represivo, agitando una vez más la militarización en la Araucanía así como el respaldo a carabineros ante los últimos asesinatos evidenciando toda la descomposición de esta institución y del mismo aparato de Estado.

Sellando este acuerdo con el contacto físico de sus antebrazos y respaldados con la autoridad mediática del ColMed la burocracia sindical llamó a que se las arreglen, cada quien como pueda, en cada comuna.

Si uno de los temas qué más se levantaron las luchas educativas ha sido la segregación entre los colegios según el estrato o clase social al qué le “prestan servicio”, esta decisión de localizar en cada municipio la tarea de fraguar los protocolos para la vuelta a clases incrementará no sólo las mentadas brechas educativas sino que prepara a su vez los focos de expansión de la pandemia acorde a la cantidad de recursos e infraestructuras que cada escuela posea.

Tan irresponsable es la medida adoptada por el Colegio de Profesores que llama a la presencialidad cuando aún no se ha inoculado la segunda dosis de la vacuna al personal docente y, menos aún, a los trabajadores auxiliares de la educación.

Esta decisión autoritaria de la burocracia del Colegio de Profesores intenta al mismo tiempo evitar que se desarrolle el activismo docente qué fue un protagonista central de las luchas del 2019 previas a la semi insurrección espontánea el 18 de Octubre de ese año, donde llevaron adelante un paro nacional que mantuvo durante meses al gobierno contra las cuerdas. Éste finalmente fue boicoteado por la anterior directiva del colegio articulando con las camarillas parlamentarias una serie de proyectos inconclusos como salida. Consecuente con su línea parlamentarista, la anterior directiva se volcó al intento de fraguar una reforma del Estado vía la convención constitucional. Una vez más la burocracia sindical mostró que prefiere atar los destinos de los trabajadores al aparato estatal antes que desatar las fuerzas de los trabajadores que puedan atentar contra la existencia de este mismo aparato.

Es necesario retomar el camino del paro nacional que el activismo docente supo conquistar. Hay que imponer en cada regional Asambleas presenciales de profesores que mandaten a sus delegados y levanten las condiciones reales para una vuelta a la presencialidad. Debe desarrollarse un plan de lucha nacional fraguado desde las bases, que levante un plan de infraestructura, el pase a planta de todos los trabajadores docentes y no docentes, los protocolos sanitarios, los tiempos y las condiciones del retorno, la lucha por los salarios acordes a la canasta familiar, el reconocimiento de las menciones (a igual trabajo igual salario), entre otros puntos.

Es necesario que la fuerza organizada los docentes pueda ser también un núcleo de tracción para coordinar a la juventud de los colegios y las poblaciones que, mediante sus centros de estudiantes y organismos, se liguen a los sindicatos de los trabajadores de la educación para encauzar en una lucha conjunta la energía desplegada por la juventud estudiantil año tras año.

Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha, expulsemos a la burocracia sindical.

Convoquemos a una Asamblea nacional de delegados

No al calendario escolar de Piñera. No al inicio de clases. Paso a los trabajadores de la educación y a la juventud.

Abramos las puertas de las escuelas y universidades a la clase trabajadora

A pandemia de covid-19 acentuou a crise econômica que perdura desde 2008, à qual o capitalismo não encontrou saída. A acumulação de capital pelo 1% mais rico do mundo foi maximizada, tendo como base profundos ataques aos trabalhadores de todos os países.

A intervenção estatal na produção veio com o objetivo de salvaguardar a burguesia e racionalizar a produção diante da possibilidade de um aprofundamento sem dimensões da crise. Enquanto os Estados aplicavam políticas de quarentena, subsídios às empresas e aos bancos, reconversão industrial, políticas fiscais mais agressivas e auxílios de renda, foram reservados aos trabalhadores ataques como destruição de conquistas trabalhistas com maior flexibilização do trabalho, redução salarial além das demissões em massas. A aplicação dessas políticas, além de dar breve salvaguarda aos sistemas de saúde dos países, contribuiu para a desorganização e isolamento dos trabalhadores, sendo que as burocracias sindicais tiveram e têm grande papel nisso.

Nessa conjuntura o endividamento público e privado cresceu de forma alarmante, demandando que, nesse momento, os governos acelerassem suas políticas para o retorno das atividades produtivas, através do controle da pandemia, exemplificado na busca e disputa pelas vacinas, as quais os países imperialistas já garantiram para si estoques que ultrapassam a real necessidade. Isso significa reativar os serviços e atividades produtivas, a fim de voltar a gerar valor através da exploração. É nesse contexto que está inserida a volta às aulas. Não por acaso, diversas instituições do imperialismo como a OMS, FMI e o Banco Mundial fazem declarações oficiais em defesa do retorno às aulas presenciais. Da mesma forma, os trabalhadores começam a mostrar resistência ao retorno sem segurança sanitária garantida, como nos EUA, Argentina e agora o Brasil.

Olhando para o cenário brasileiro, as reformas trabalhista e da previdência, junto com a lei do Teto de Gastos, vieram para ceifar direitos e salários da classe trabalhadora e sucatear ainda mais os já precarizados serviços públicos, que atendem a população empobrecida do país, situação posta anterior ao período pandêmico.

A pandemia escancara esse processo, dando visibilidade à situação de caos e abandono em que já estavam os hospitais públicos. Soma-se a isso, a política negacionista do governo Bolsonaro que contribuiu para acentuar os efeitos macabros da epidemia: em 1 ano temos quase 250 mil mortes, considerando a subnotificação por estados e municípios.

O governo federal buscou impor sua agenda ideológica, lançando mão de declarações estapafúrdias, incentivo ao uso de medicações sem comprovação científica para o tratamento à covid-19, medicações essas produzidas inclusive pelas forças armadas. Já os governadores dos estados, em disputa política com o executivo federal, criaram frágeis formas de promover o isolamento social, sem força suficiente para impor “lockdowns”.

Na educação, as atividades presenciais ficaram suspensas durante praticamente todo o ano de 2020 em quase todos os estados do país, sobretudo pelo fato de ser ano eleitoral para as prefeituras, responsáveis por essa determinação. Diversos estados passaram o ano de 2020 com os professores em trabalho remoto, aplicando aulas e atividades online, enquanto que nas escolas públicas trabalhadores da gestão e do quadro de apoio das escolas eram obrigados a comparecer presencialmente em suas unidades. O trabalho remoto para os professores significou precarização das condições de trabalho, arrocho salarial, tanto pelo corte e congelamento dos salários, quanto pelos custos desse trabalho com conectividade e equipamemento para produzir as atividades e/ou ministrar suas aulas, cujas eram acessadas por pouquíssimos alunos, também devido a falta de condições materiais para o acesso destes. O ensino remoto potencializou a exclusão e escancarou o desmonte da eduçação pública.

Agora, com a imposição do retorno às aulas presenciais, além dos enormes riscos sanitários, os trabalhadores sofrem mais um ataque que é a implementação do ensino “híbrido”, o que resulta em trabalho dobrado, intensificando a exploração e a precarização.

A pressão dos empresários torna-se voz reverberante na mídia burguesa em suas diversas facetas, isso faz com que os governos iniciem 2021 com protocolos, leis, decretos e instruções normativas legislando sobre o retorno às aulas presenciais. Medidas essas que de forma alguma foram discutidas com os trabalhadores que estão dentro das escolas e entendem de sua estrutura e dinâmica.

Frente a tão brutais ataques, as direções dos trabalhadores, sindicatos e centrais sindicais, mantiveram-se totalmente imobilizadas, rifando os trabalhadores em diversos setores, tomando para si a política burguesa da quarentena, não mobilizando os trabalhadores e não levando a cabo a tarefa de construção de uma greve geral.

Entre os professores do estado de São Paulo, a APEOESP, seguiu o exemplo do SEPE/RJ, sindicato dos professores do Rio de Janeiro, e realizou assembleias virtuais, de forma regionalizada, nas quais foi discutida e aprovada a chamada “greve sanitária”; na verdade um boicote, pois não suspende as atividades, somente as transpõe para o ensino remoto. Cabe aqui denunciar todas as manipulações exercidas pela sua burocracia durante esses eventos online, o que corrobora com a análise de que é um grave erro de método a realização de assembleias online e não presencialmente, por permitir esse tipo de ação traidora por parte dos burocratas.

No SINPEEM, a burocracia manteve-se encastelada em seus gabinetes, esmerou-se pela via eleitoral e conciliadora de classes. Tentou somente angariar votos para a vereança municipal, mesmo que nada estivessem fazendo de fato para impedir ataques, como a implantação do Ensino a Distância e o congelamento de quinquênios e evoluções. Agora em 2021, sob enorme pressão da categoria, declara greve junto de outras direções sindicais do município de São Paulo. Essa greve, cuja única reivindicação é que os professores fiquem em trabalho remoto, até que possam ser garantidas as condições de saúde. Ela NÃO foi deliberada com os trabalhadores, já que a direção do sindicato SUSPENDEU suas instâncias deliberativas, desde o início da pandemia, recusando-se a dialogar e debater com os trabalhadores organizados sindicalmente.

O reformismo e o centrismo não tiveram atuação muito diferenciada, enclausuraram-se por todo o ano de 2020, recusando-se a participar de mobilizações e atos de rua alegando o risco da pandemia. Ocorre que, durante o processo eleitoral, estavam nas ruas pedindo voto. Cada vez mais adaptam-se à democracia burguesa e renunciam aos métodos de luta da classe trabalhadora. Nessa greve sua postura é a mesma, ignoram que grande parte  da categoria já entende a necessidade de ocupar as ruas e preferem ater-se à twittaços, carreatas, protestos online, assembleias virtuais e panelaços, ações que geram muitos “likes” e “visualizações”, mas pouca ou nenhuma efetividade para a luta de classes.

É urgente que as burocracias sindicais mobilizem os trabalhadores com seus métodos próprios, com paralisação total de todas as atividades, atos de rua, manifestações e assembleias, com os devidos cuidados sanitários, para fortalecer as greves em curso. É urgente que as centrais sindicais, especialmente a CNTE/ CUT construam uma GREVE NACIONAL UNIFICADA dos trabalhadores da educação. Apenas com unidade e com os nossos métodos de discussão e organização para a luta conseguiremos impor nossas reivindicações de forma independente, ampliando nossa pauta à recuperação das perdas salariais e dos nossos direitos cortados, além das condições sanitárias seguras para o retorno presencial.

-Pela total autonomia das escolas e seus trabalhadores na organização para o retorno presencial;

-Pela recomposição e aumento do módulo de trabalhadores de limpeza dentro das escolas;

-Pela incorporação dos trabalhadores de limpeza ao quadro de servidores municipais; Salários e direitos iguais para todos os trabalhadores da escola;

-Pela reabertura das instâncias deliberativas sindicais;

-Por assembleias presenciais;

-Pela unificação da greve entre os trabalhadores das redes estadual e municipal;

-Pela construção de uma GREVE NACIONAL UNIFICADA;

Joe Biden asumió finalmente la presidencia el miércoles 20 de enero. En medio de un pomposo show de estrellas de Hollywood y de la industria musical, que no lograron ocultar la militarización del acto protocolar con la presencia de 25 mil miembros de la guardia nacional, Biden y su vice Kamala Harris juraron en el cargo. Los desafíos de la nueva administración son enormes: luego del fracaso de los anteriores gobiernos, intentará revertir el retroceso de la hegemonía yanqui en su papel de potencia imperialista dirigente del mundo. No debemos olvidar que Biden fue parte de la administración Obama como vicepresidente, y anteriormente desde el senado apoyó el belicismo de Bush hijo y otras aventuras imperialistas de ambos partidos. La coyuntura apremia, por lo que las primeras medidas apuntan a frenar la crisis económica que aceleró la pandemia del COVID-19, intentando poner bajo un mínimo control la situación sanitaria y continuar con las políticas de estímulo. Todo esto, en medio del deterioro de las relaciones con el resto del mundo determinadas por los antagonismos económicos establecidos por la crisis y por la errática política exterior de Trump y, más novedoso, en la urgencia de encarar una crisis sin precedentes de las instituciones de la democracia imperialista que dejó el 2020 y la toma del Capitolio del 6/1.

Pandemia y crisis económica

La curva que miran los imperialistas no es tanto la de contagios y muertes por el COVID-19 sino la de la variación del PBI y la ocupación de mano de obra. La recuperación, luego de la abrupta caída entre febrero y abril de 2020, comenzó relativamente fuerte, pero se viene moderando hasta llegar a una cuasi meseta. El crecimiento del PBI del último trimestre de 2020 apenas supera el 1%. El país ha recuperado un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos no agrícolas perdidos entre febrero y abril de 2020. El último número de enero arroja la creación de escasos 49.000 nuevos puestos de trabajo, y una revisión a la baja de los datos de los 3 meses anteriores. El balance de la era Trump de conjunto arroja un rojo de 2.100.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumiera a inicios de 2017 (Washington Post, 6/2/2021).

(ver gráfico 1)

Igual de alarmante es la acumulación de deuda que se viene registrando a partir de las políticas imperialistas para intentar dar una salida a la crisis de 2008, que se ha visto elevada a la enésima potencia con las políticas de estímulo implementadas por los diversos Estados imperialistas para enfrentar la pandemia y a través del mecanismo del sistema financiero privado, llevando a burbujas gemelas entre acciones y deuda oficial. La tendencia al debilitamiento del dólar, que se expresa en la suba de las llamadas commodities (mercancías genéricas utilizadas como materias primas y que se negocian a granel como metales, petróleo y granos) y de los metales-dinero (oro y plata), es otra cara tanto de esta crisis de endeudamiento como del deterioro de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui.

Para dimensionar el problema, un estudio de Bankia de diciembre pasado indica que “de acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda global del sector público y privado creció en 15 billones de dólares, hasta un total de 277 billones en 2020, máximo desde el inicio de la serie histórica. Como porcentaje del PIB, el IIF proyecta que la deuda global de un salto hasta 365% este año, desde 320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás.” Y continúa, “destaca EEUU, que puso en marcha un paquete de estímulo fiscal del 13% del PIB, así como la disponibilidad de múltiples ventanas de créditos a empresas por parte de la Fed. El país representó alrededor de la mitad del incremento de la deuda del grupo de los países desarrollados, con la ratio de deuda pública en torno al 125% del PIB, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.”

(ver gráfico 2)

Entre las primeras medidas de Biden, destaca la continuidad de estas políticas de estímulo fiscal y monetario, con un nuevo paquete de U$S 1,9 billones para asistencia por el coronavirus. El paquete quedó habilitado con la aprobación del presupuesto en el senado el viernes 5/2, 1º iniciativa legislativa de la nueva legislatura que incluyó el voto de desempate de la vicepresidenta (tras las elecciones, el senado quedó conformado en un 50/50 por representantes del PD y el PR). La diferencia es que Biden pretende dar este estímulo combinándolo con una política sanitaria agresiva, que va desde el ridículo “100 días de barbijo” que lanzó como uno de sus primeros decretos presidenciales, hasta el plan masivo de vacunación, al mismo tiempo un gran guiño a la industria farmacéutica, uno de los principales lobbies imperialista.

Política exterior

En este terreno existe una continuidad en la línea agresiva hacia China, que los demócratas ya habían lanzado con su “pivote asiático” bajo Obama. Hay un “acuerdo de Estado” entre ambos partidos y todo el establishment imperialista en la necesidad de avanzar sobre China, las diferencias tienen que ver con el cómo. La guerra comercial basada en aranceles para negociar acuerdos de comercio exterior de Trump no ha sido evaluada positivamente por la burguesía, que apuesta a una política aún más dura que incluye una ofensiva sobre terceros países, semicoloniales, para desplazar la influencia que viene teniendo China a través de financiación y proyectos de infraestructura (nueva ruta de la seda). La política hacia América Latina mantiene su hostilidad hacia Venezuela y una política de palo y zanahoria para apuntalar las medidas restauracionistas en Cuba, mientras se busca disciplinar a toda la región a partir de una mayor influencia del FMI (Chile, Argentina, Ecuador). En cuanto a Medio Oriente, es una maraña más difícil de desanudar, pero por el momento Biden ha suspendido la política de retirada que venía implementando Trump. Esto puede apreciarse en la reevaluación de la línea hacia el enclave israelí (que fue fuertemente respaldado por Trump en los últimos 4 años), que tiende a volver apoyarse sobre las alianzas con otras facciones burguesas de la región, reflotando la política de Obama, mientras respalda, veladamente o no, las ofensivas reaccionarias de Israel sobre Siria y territorio palestino.  Del mismo modo que la política de seguridad hacia Europa basada en la OTAN. Muy relacionado a esto último está la mayor ofensiva hacia el gobierno de Rusia, al que Biden salió a presionar fuerte por el caso Navalni. Faltan muchas definiciones en relación a la política exterior en Asia, aunque el golpe de Estado en Myanmar/Birmania ha acelerado el enfrentamiento entre el bloque chino-ruso con EEUU y sus aliados en la ONU.

En términos generales, sostenemos que el multilateralismo que ensaya Biden retrocediendo en todas las medidas de Trump de ruptura con las instituciones internacionales de posguerra como la OMS, el acuerdo de París, los cuestionamientos a la OMC, carece por el momento de un eje estratégico. Es imposible volver la historia atrás, menos aun cuando los efectos de aceleración de la descomposición del imperialismo a partir de 2008 continuaron su trabajo de zapa, y lo continúan a la fecha. En cualquier caso, el avance en la asimilación de los ex Estados obreros, sobre todo China, y en menor medida Rusia, y el establecimiento de una nueva relación capital-trabajo para aumentar la tasa de explotación intentando revertir la caída de la tasa de ganancias, si bien son objetivos generales, aparecen como los objetivos no resueltos que debe encarar el imperialismo yanqui si pretenden detener su propia caída. No se trata de tareas fáciles y tiene por delante la resistencia de la lucha antiimperialista de la clase obrera y los pueblos oprimidos que vienen haciendo temblar el planeta, desde Túnez, Myanmar, Kirguistán, India y Líbano, pasando por Bielorrusia, Francia e Italia, hasta Chile y toda América Latina.

La caldera

La erosión de las instituciones de la democracia imperialista, espejo de los sectores burgueses y pequeñoburgueses, de las semicolonias y de los ex estados obreros, que hacen suyo el programa de la asimilación bajo el ropaje de las promesas de la democracia burguesa, es la principal preocupación para Biden y su nueva administración. Debe encarar el impeachment de Trump bajo esta óptica, lo que no es sencillo, pero más grave aún es el problema del deterioro de los poderes del Estado y la relación del aparato burocrático militar con las masas en medio de la crisis y la descomposición social prevalecientes. Por el momento, la primera medida ha sido avanzar en la agenda antiterrorista, con apoyo de los republicanos, cosa que no debe extrañarnos ya que fue Bush (h) quién iniciara esta política luego del atentado de las torres gemelas. El avance en la política represiva del Estado parece ser la salida, confirmando que las tendencias bonapartistas generadas por la dinámica inmanente del capitalismo se despliegan por sobre las personalidades de los personeros del capital. Que las primeras medidas hayan sido tomadas a través de decretos (órdenes ejecutivas), algo que llamó la atención de los más acérrimos partidarios de Biden, va en el mismo sentido. Y es que la recomposición institucional de la democracia imperialista no puede pasar por otro camino, contra las ilusiones de los llamados progresistas, la supuesta ala izquierda del PD. Como indicaba Engels en su carta a Marx del 13 de abril de 1866, “… el bonapartismo es la verdadera religión de la burguesía moderna". Y los últimos 4 años de gobierno de Trump en EEUU han servido para dejar expuesto el carácter de esa democracia imperialista manejada por una élite, que tranquilizaba a muchos porque “no iba a dejar que Trump hiciera cualquier cosa”. El bonapartismo no significa el gobierno personal, aunque puede adquirir esa forma. Tomamos aquí otra cita de Engels: “... en la monarquía bonapartista moderna, el verdadero poder gubernamental se encuentra en manos de una casta particular de oficiales y funcionarios... La autonomía de esta casta que parece mantenerse fuera, y por decirlo así, por encima de la sociedad, confiere al Estado un viso de autonomía respecto de la sociedad” (F. Engels, Contribución al problema de la vivienda). Recordemos que, en la teoría política de la ilustración que fundamenta la constitución norteamericana, el presidente cumple ese papel de monarca.

Luego de la acción contrarrevolucionaria del 6 de enero, un importante sector de la izquierda centrista a nivel internacional ha caído en el error de centrar la táctica en la necesidad de enfrentar al fascismo, al golpismo o al protofascismo encarnado en las fuerzas pro Trump: se trata de un grave error porque el máximo peligro es la forma en la cual las fuerzas de la élite política, que dirige el aparato del Estado yanqui, va a utilizar los acontecimientos para reacomodar sus estructuras en búsqueda de una ofensiva bestial contra la clase obrera y los pueblos oprimidos del planeta. Cualquier frente único antifascista o similar con sectores de la burguesía no es más que una capitulación al enemigo de clase.

El desafío de recomponer las instituciones implica asimismo encarar la polarización política y social que tiene su origen en las bases económico-sociales derrumbadas por la crisis capitalista. Para ello, el plan de estímulos de Biden incluye un aumento del salario mínimo y un bono de U$S 1.400 por persona, que aún genera debate entre el gobierno y la gran patronal, así como al interior del dividido partido demócrata (PD). Estas concesiones no se dan sólo por el impulso de los aires de una suerte de desteñido neo keynesianismo, sino que responde a una serie de luchas que viene sosteniendo la clase obrera norteamericana. Los motivos son sobrados, todos relacionados al deterioro de las condiciones de vida a partir de la crisis de 2008 y a la recesión generada por la pandemia: por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, por salarios, por la sindicalización en empresas y sectores no organizados. También ejercieron una influencia importante las grandes movilizaciones contra la policía y el racismo luego del asesinato de George Floyd, sobre todo en ramas industriales donde prevalecen trabajadores afroamericanos y latinos.

Los últimos meses de 2020, la influencia de las direcciones reformistas/contrarrevolucionarias de los socialistas democráticos de América (DSA) y los llamados progresistas del PD llevaron a estos movimientos detrás de la campaña electoral, atribuyéndose sus principales figuras (Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar) que ejercen de ala izquierda de la bancada oficialista en la cámara de representantes del congreso (cámara baja), la victoria en los estados del medio oeste revirtiendo los resultados de 2016. En términos de lucha de clases, esto llevó a la paradoja aparente de que mientras el ala derecha del partido demócrata, con Biden a la cabeza, ganaba la presidencia y los reaccionarios partidarios del trumpismo mostraban músculo en las calles, siendo su máxima expresión la toma del capitolio del 6/1, mientras los movimientos antipoliciales y de la clase obrera se volcaban a las expectativas electorales. Esto no debe verse como una foto: a principios de 2021, las cosas han cambiado y estamos presenciando nuevas e importantes huelgas, como la de los trabajadores del mercado de frutas y hortalizas de Nueva York, que a través de una huelga de poco más de una semana lograron un aumento salarial (aunque no de U$S 1 hora como reclamaban) y frenaron la intención patronal de aumentar el descuento por la prima de salud. También se vienen desarrollados procesos de organización sindical en empresas como Amazon y la autopartista alemana Borgers en Ohio, y una importante lucha contra la vuelta a clases presenciales sin medidas adecuadas de salubridad en varios estados.

Problema de dirección

Es posible que los trabajadores de base que forman parte de estos conflictos puedan considerar que la salida de Trump del gobierno plantee mejores condiciones para la lucha, pero la vanguardia no debe dejarse engañar por el DSA y demás direcciones contrarrevolucionarias que ofrecen como orientación “disputar” el gobierno demócrata desde el interior, presionando por un lado por mayores concesiones de Biden, mientras por el otro defienden un frente único contra el fascismo y la extrema derecha, poniendo énfasis en la recomposición institucional bajo un prisma pretendidamente democrático. Se trata de una trampa mortal para el proletariado y los sectores de masas empobrecidas, para la juventud, las minorías y los inmigrantes en EEUU. La vanguardia de nuestra clase debe encarar la lucha por romper la tutela de esa élite política de la democracia imperialista en putrefacción sobre el proletariado yanqui, tutela ejercida a través del PD y de la burocracia sindical de la AFL-CIO. El desafío es conquistar la independencia de clase a partir de un programa obrero de salida a la crisis y de una dirección revolucionaria que enfrente al Estado y se proponga la unidad estratégica con los pueblos oprimidos del mundo tras la bandera de la lucha antiimperialista. Será un paso decisivo en la reconstrucción de la Cuarta Internacional y su sección norteamericana. Con ese norte, proponemos a las corrientes revolucionarias que a nivel mundial defienden el programa de la dictadura del proletariado que impulsemos en común una conferencia internacional por la reconstrucción de la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA, JUSTICIA PARA FRANCISCO MARTÍNEZ

El asesinato a mansalva por parte del paco de tránsito en Panguipulli del joven malabarista, Francisco Martínez, ha enardecido a las masas que salieron a tomarse las calles con barricadas e incendiar y atacar no solo la comisaria local, sino edificios públicos como el municipio, entre otros, algo característico del proceso surgido el 18 de octubre 2019. Asimismo se han extendido manifestaciones en diversos lugares del país exigiendo justicia para el joven asesinado.

La convención constitucional fue el mecanismo de desvío que eligió la burguesía para contrarrestar este proceso de masas, el que funcionará como una comisión donde tendrá expresión las fracciones burguesas y de la pequeñoburguesía. Éstas buscarán una reestructuración del aparato del Estado, con lo que cuentan reformar a carabineros o crear una “policía popular” como lo plantean los sectores reformistas. El programa que levantan estos grupos ( FA y PC) es la de reforma o refundación del Estado burgués, lo que no es otra cosa que tratar de enmascarar o endulzar el dominio de clase capitalista al servicio de una u otra facción burguesa.

El aparato represivo es la esencia del Estado, es el organismo auxiliar del que se sirven los capitalistas para someter al pueblo a sus intereses bajo el dominio del imperialismo. Las policías no se pueden refundar ni reformar, la policía debe ser disuelta. Este proceso no será pacífico, ni tendrá un carácter constitucional, será el escenario de lucha de clases en una dinámica de revolución y contrarrevolución donde se dirimirá esto.

La pandemia no solo ha venido a acelerar la crisis social con bajas salariales, despidos masivos (como las recientes desvinculaciones de cerca de cuatrocientos trabajadores del metro), o el colapso de los sistemas sanitarios sino que ha profundizado la descomposición de las policías, que se han evidenciado su lugar de salvaguardia del capital en cada lucha obrera, manifestación de la juventud y el pueblo trabajador.

Tampoco debemos olvidar que el oficialismo y lo oposición, que han votado una y otra vez leyes represivas, como la ley antibarricadas, la ley de control preventivo de identidad, etc., que le otorga más facultades a las policías para desatar su descomposición, donde han asesinado, mutilado, y reprimido a manos llenas al pueblo trabajador. 

Es por ello que se vuelve primordial que las organizaciones obreras convoquen a congreso obrero de delegados de base para tomar en sus manos la lucha contra esta institución de lúmpenes organizados por el Estado impulsando plan de lucha contra el gatillo fácil y la impunidad policial. Las organizaciones obreras deben inscribir en su programa la lucha contra el aparato burocrático militar del Estado burgués, contra la represión, etc, deben luchar por establecer comités de autodefensa, y ejercer la justicia obrera.

Justicia para Francisco Martínez.

Por la Disolución de la policía.

Por Comités de autodefensa obrera

Libertad a los Presos Políticos

Por Tribunales obreros para juzgar y castigar a los represores del pueblo

Más de 40 días en huelga llevaron a cabo los trabajadores del sindicato de la empresa Agrospec ligada a la fabricación de productos químicos para la agricultura.

Desde el comienzo del proceso la empresa apostó por el desgaste a la huelga apoyada en la infinidad de reglas legales, propias de los procesos de negociación colectiva, que el Estado pone a su disposición, sumado a todas las leyes represivas que se han aprobado desde el 18 de Octubre y las políticas estatales de control y represión, como las cuarentenas y toques de queda.

Esto quedó en evidencia, ya que la empresa buscó sacar productos para la venta y poner a producir la planta de la mano del personal jerárquico, los fines de semana y en la noche donde los trabajadores huelguistas eran perseguidos por el Estado para mantener medidas.

Fueron los métodos obreros de lucha como lo es la paralización de la producción, el corte de calle para impedir la normalidad de la producción, los que pusieron en jaque a la empresa, además de la resistencia misma de los trabajadores que mantuvieron la huelga casi un mes y medio sin percibir salarios.

La participación activa de los trabajadores inmigrantes en esta huelga fue considerable, e importantísima dado que los empresarios suelen utilizarlos como mano de obra barata para intentar abaratar los salarios.

También fueron importantes las diversas muestras de solidaridad expresada por distintos sindicatos y organizaciones políticas de izquierda, entre ellas nuestra organización, quienes aportamos con propuestas, aportes al fondo de lucha y diversas actividades.

El proceso había puesto de relieve los bajos salarios y las malas condiciones laborales y de salud a las que están expuestos los trabajadores en la producción de insecticidas, fungicidas, fertilizantes, y diversos productos tóxicos. A esto hay que sumarle la situación propia de la pandemia, que con protocolos de seguridad deficientes extendieron las jornadas laborales a 12 horas diarias durante todo el invierno, sin que, muchas veces, se les pagara ese sobretiempo, etc.

Los trabajadores con su lucha consiguieron un aumento salarial, otorgamiento de bonos y bono de término de conflicto cercano a los señalados en el pliego de demandas, aunque la patronal logró imponer una extensión del contrato colectivo a tres años licuando de este modo parte del beneficio obtenido. Tampoco renovaron el contrato de 5 trabajadores con contrato a plazo que fueron parte del proceso. Más allá de la adecuada solidaridad de los trabajadores con sus compañeros y familias, es necesario plantear el rol de los sindicatos en la lucha por el derecho al trabajo manteniendo la continuidad laboral y la incorporación de trabajadores desocupados a la producción.

Importante lección que deja esta huelga, que al igual que muchas luchas obreras duras que se han dado desde el 18 de Octubre a esta parte, muestran a los empresarios intentado utilizar la crisis económica del capitalismo y los efectos de la pandemia para descargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores, imponiendo entre otras cosas negociaciones colectivas sin reajuste alguno e incluso aumentando los ritmos de producción y las condiciones de explotación.

Fue fundamental haber logrado pegarles donde les duele paralizando la producción, lo que los llevó a ceder luego de que empezara a mermar el stock y no pudieran echar a andar la producción con sus supervisores, lo que da una muestra de la centralidad que tiene la clase trabajadora.

También es vital ligarse a otros sindicatos. La Federación pudo haber cumplido un rol más activo en la difusión y apoyo a este conflicto para hacer de esta lucha un puntal de organización de amplios sectores de trabajadores.

Es necesario vincularse en particular a los sindicatos de la rama agroquímica para dar estas luchas en conjunto, organizados, con fondos de huelgas para los días de paro que no se cobra salario, y no aceptar los chantajes de los empresarios en la competencia entre capitalistas.

Se debe comenzar a plantear la necesidad de luchar por aumento salarial de acorde a la canasta familiar básica, mejorar las condiciones de salud armando comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores, es necesario salir a pelear mejor organizados a través de un congreso de delegados de la rama de agroquímicos.

Las represalias de la empresa hacia los trabajadores y el sindicato ante la lucha desplegada no tardarán en llegar con amenazas de despidos, mayor presión en la producción e incluso con la persecución judicial hacia dirigentes sindicales. Este rico proceso de lucha debe dejar planteadas las fortalezas y debilidades para enfrentar las arremetidas de la patronal, fortaleciendo nuestra organización obrera.

El gobierno de Piñera que continúa extremadamente debilitado ha intentado retomar la iniciativa mientras su cuerpo de ministros se desgrana continuamente producto de las definiciones presidenciales que exige con celeridad el mando capitalista.

Y esta iniciativa del gobierno se ha desarrollado con la vieja política del garrote y la zanahoria. De este modo intentó una vez más montar un mega operativo en la zona de la Araucanía donde desplegaron 900 efectivos de la PDI armados hasta los dientes que ingresaron a la comuna mapuche de Ercilla para requisar 1200 plantas de marihuana. Un operativo qué fue realizado el mismo día del juicio por el asesinato del comunero Camilo Catrillanca asesinado por el Estado con este gobierno al mando. El resultado del operativo dejando a un hacendado pinochetista y un policía muertos hundió aún más esta jugada del gobierno que intentaba reafianzarse en su base social reaccionaria.

Al mismo tiempo ha vuelto a reflotar un conjunto de medidas estatistas dadivosas de bonos COVID o IFE para zonas en cuarentena que pretenden capear la crisis sanitaria que se ha agudizado críticamente en lo que va del año.

Hasta el momento también han sido infructuosas las gestiones de este gobierno tanto para apurar la votación del TPP 11 (ante el eventual retorno a ese tratado del imperialismo norteamericano) como para aprobar el proyecto de reformas de pensiones, pretendiendo rayar la cancha de lo que se pueda llegar a discutir en la convención constitucional. El congelamiento de estas iniciativas se debe más a la cautela de la oposición de no querer subirse un barco de un gobierno que sostiene pero que no sabe si terminará hundiéndose.

Conciliadores constituyentes

Con el telón de fondo de las componendas entre los diversos partidos y  aglomeraciones parlamentarias, en disputa por el botín de puestos del Estado y el posicionamiento de candidatos presidenciales de este año, se cerró la postulación a los cargos de la convención constitucional. Más de 1000 son los candidatos oficializados dispersos en los distintos distritos, muchos de los cuales bajo el mote de "independientes" postulan llevar a cabo una reforma del Estado en contraposición con los partidos "tradicionales". Tanto la dispersión de su representatividad como el mismo sistema electoral burgués vuelven bastante dudosa la posibilidad de conseguir peso en esa convención, por lo que es más seguro que ésta se transforme en un parlamento ad hoc de los mismos partidos.

Siguiendo la línea del impulso del "apruebo" organizaciones sociales tales como la coordinadora 8M, No + AFP, el colegio de profesores y la CUT, han presentado a sus principales representantes como candidatos a constituyente, ora en listas camufladas de "independientes" ora por su pertenencia a tal o cual partido. Así la burocracia sindical qué abierta o solapadamente apoyara el "pacto por la paz y el orden público para una nueva constitución", se presenta como candidatos de los trabajadores en este órgano del régimen burgués. Es así que Mario Aguilar del colegio de profesores o Bárbara Figueroa de la CUT pretenden mandar un mensaje al conjunto de los trabajadores organizados, que no pueden ser los trabajadores y sus organizaciones las que den una salida independiente del Estado y de los capitalistas. Es una forma indirecta de continuar lo que hacen al mando de nuestras organizaciones sujetándolas al Estado para que en caso de ser incorporados en la convención constitucional terminen de coronar el desvío del proceso semi-insurrección del 18 de octubre. De este modo Bárbara Figueroa junto al PC, llama a levantar una constitución de corte estatista donde entre otras cosas se deje por escrito el derecho al trabajo de la mano de organizaciones internacionales reaccionarias como la OIT. Ella junto a otros dirigentes sindicales candidatos (candidaturas amarradas con piola a sus cómodos puestos dirigentes en caso de no ganar) llaman a levantar un “nuevo pacto social" entre el capital y el trabajo. En otras palabras llaman a fortalecer las instituciones que garantizan la explotación la dominación del capital imperialista manteniendo maniatada y sometida a la poderosa fuerza de la clase obrera a una política de conciliación via el Estado burgués.

COVID para todos?

La pandemia ha pegado un nuevo salto en su gravedad aumentando la cantidad de casos positivos incluso mayores a los de la "primera ola" colapsando los servicios de urgencia de los hospitales y las clínicas impactando en las precarias condiciones sanitarias laborales y de infraestructura que enfrentan cotidianamente los trabajadores de la salud. Desde distintos sectores se llama a la aplicación de estrictas cuarentenas y expansión de las medidas con policías y militares para el "control" de la pandemia, como si esta intervención reaccionaria del Estado fuese una medida para proteger la vida de la población.

La feroz pelea internacional de los laboratorios y distintos países por apropiarse de los lotes de vacunación, y los suculentos beneficios que hay detrás de estas movidas, pretenden ser opacados con puestas en escena de un proceso de vacunación largo y tortuoso, proceso en el que la burguesía no dejará de pretender sacar una ventaja para descargar los efectos de la crisis sobre la población trabajadora aumentando los ritmos y condiciones de explotación con disminuciones salariales, despidos, subsidios a la contratación, utilización de mano de obra barata, flexibilización laboral etcétera etcétera, algo que quedó en evidencia en la casi duplicación de las fortunas acumuladas (de trabajo excedente expropiado) de los más grandes empresarios durante la pandemia.

Para dar una salida a esta crisis sanitaria es necesaria la intervención activa de la clase trabajadora la única que puede imponer verdaderos protocolos que se dirijan a proteger la salud de los trabajadores y del pueblo. En la actual situación, la única clase con la disciplina adecuada para cumplir y hacer cumplir verdaderos protocolos sanitarios, es la clase trabajadora. Es por ello que los sindicatos deben discutir y levantar las medidas de protección necesarias para proteger a las familias trabajadoras imponiendo medidas de control obrero. Es aquí donde los trabajadores de la salud juegan un rol prioritario para luchar y exigir todos los recursos necesarios para combatir los efectos de la pandemia. Las directivas de los sindicatos y federaciones de la salud se han dedicado a difundir el lema "quédate en casa" antes que preparar a los trabajadores para una lucha dura para combatir las causas de la precariedad del sistema de salud que hoy han llevado hasta el agotamiento de los trabajadores. Es necesario reunir a los delegados de los trabajadores en congresos por la rama productiva en reuniones presenciales, con las adecuadas medidas sanitarias, para discutir un programa y un plan de lucha para enfrentar tanto la pandemia como la crisis económica y las políticas del Estado.

Un importante desafío

Pese a que las masas no han sido derrotadas, la política electoral constituyente ha logrado dispersar, al menos coyunturalmente, su energía. Esto puede verse en el debilitamiento de las marchas semanales por la libertad de los presos políticos entre otras cosas. Contrario a aquellas corrientes qué ven mecánicamente en la crisis política del régimen un sinónimo de situación revolucionaria, la base espontaneista de estas lógicas los lleva a pensar en qué la revolución está a la vuelta de la esquina, ya que no avizoran la debilidad programática y organizativa de las organizaciones obreras, más aún cuando su perspectiva de transformación "revolucionaria" es coronada por el norte de la Asamblea Constituyente. Una vez más les decimos que la lucha de clases en su forma es nacional pero en su contenido es internacional, y por ende no puede tener salida dentro de procesos de transformación nacionales, menos aun cuando éstos están limitados a los marcos del régimen burgués.

Se vuelve prioritario un debate al interior de la vanguardia obrera juvenil y de cara a las grandes concentraciones obreras para preparar un periodo de conciencia y organización para los desafíos actuales y los que se vienen.

Declaración de la TRCI

La democracia imperialista, una envoltura rajada

El asalto al Capitolio de Washington, sede el Congreso de EEUU, el miércoles 6 de enero, sacudió en lo más profundo a la elite que dirige el país capitalista más poderoso del planeta. La corrosión institucional que lleva varias décadas, pero que se aceleró a partir de la crisis de 2008, da un nuevo salto.

Los hechos del 6 de enero fueron una acción contrarrevolucionaria, llevada a cabo por grupos paraestatales pero alentadas por la cabeza del propio estado imperialista, Trump, y con la complicidad de la policía y otras fuerzas regulares de represión. Una farsa de la “marcha sobre Roma”, que no se proponía tomar el poder en una suerte de autogolpe, sino llevar a cabo una demostración de fuerzas para marcar el terreno al establishment que dirige la democracia imperialista, empezando por la elite del propio Partido Republicano que acababa de romper con Trump al negarse a rechazar la certificación de Biden como presidente electo por mandato del colegio electoral. Es claro que, luego de perder la segunda vuelta para elegir los 2 senadores del estado de Georgia y por lo tanto el control de ambas cámaras legislativas, la acción del movimiento trumpista del miércoles 6 ha demolido lo que quedaba del PR, uno de los 2 pilares de la democracia imperialista. Ya habíamos comentado en nuestro balance de las elecciones presidenciales que la alta participación electoral dejaba en crisis también al Partido Demócrata, ya que la democracia yanqui está diseñada como un sistema de elites: la toma del Capitolio fue una acción directa, armas en mano, contra esta elite. Y fue impulsada desde el movimiento que llevó a Trump al poder en 2016, con base en sectores pequeñoburgueses y de desclasados y cuyo antecedente fue el Tea Party. Un movimiento claramente reaccionario, que se alimenta en el fracaso del imperialismo en dar una salida a las masas frente a la profundidad de su crisis histórica, que se aceleró en 2008 y se profundizó aún más en 2020 con la pandemia del COVID-19 y la entrada en una nueva recesión.

Pero no debemos olvidar que el año pasado también entró en escena un movimiento de signo opuesto, que puso en cuestionamiento lo que nuevamente vimos el miércoles: el rol de las fuerzas de represión, en particular de la policía, como pilares del Estado imperialista. Aunque sin llegar a derrotar a estas fuerzas, cosa muy difícil sin una intervención decidida del proletariado industrial, la relación de las masas con las fuerzas represivas y de los sectores de clase con el estado, cubiertas por el tenue velo de la democracia imperialista, han quedado completamente expuestas. Las bandas trumpistas rompieron un poco más ese envoltorio de la dictadura del capital que es la democracia burguesa. Y ahora, el problema de la dirección imperialista en crisis es cómo solucionar esa cuestión, más allá de las medidas disciplinadoras que pretenderán imponer demócratas y republicanos para intentar recomponer esta idea de democracia que sirvió, no hay que olvidarlo, como la ideología por excelencia para sostener el rol dominante del imperialismo yanqui en el mundo, justificando todo tipo de intervenciones en América Latina y últimamente las invasiones de Irak, Afganistán, Libia y Siria o el impulso dado a las ofensivas reaccionarias de Israel.

Las tareas que tiene planteadas Biden son arduas, y podemos hacer varias hipótesis de cómo puede desarrollarse la interna en ambos partidos imperialistas y el propio movimiento trumpista. Pero sin duda lo más granado del empresariado yanqui que, a través de sus cámaras patronales por ahora, son el único elemento que ha logrado disciplinar a Trump dentro de un muy limitado orden institucional, son quienes imponen la agenda. Su objetivo es redefinir la relación capital-trabajo profundizando la descarga de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, incluyendo la debacle sanitaria en la que está inmerso el país y las llamadas “concesiones” (entiéndase de los sindicatos a las empresas) para recuperar la tasa de ganancia a costa de las condiciones laborales y el salario obrero. Y una línea mucho más intervencionista en la política exterior, ambos elementos poniendo en el centro la relación con las fuerzas armadas y auxiliares que indicábamos más arriba.

Debemos seguir el pulso de estos desarrollos, pero sin duda es muy importante tener en claro que caracterizar de golpe o autogolpe la acción del miércoles, o livianamente de fascismo sin más a los elementos contrarrevolucionarios que conforman el trumpismo, lleva en su seno el error fundamental de, tras un programa de defensa de la democracia, mantener al proletariado y a los sectores de masas que se expresaron en las calles contra el asesinato de Floyd y otros afroamericanos, atados a la dirección imperialista del PD. Allí cumplen un rol nefasto los Bernie Sanders y los DSA. Por el contrario, el carácter democrático de la lucha planteada es su contenido antiimperialista, lucha que debemos sostener en las semicolonias cuyos presidentes han salido prestos a apoyar a su nuevo amo Biden, salvo el caso grotesco de Bolsonaro, no por paladines de la democracia sino por obsecuencia cipaya.

Los revolucionarios debemos luchar porque en EEUU el proletariado recupere sus sindicatos de manos de la dirección contrarrevolucionaria de los Trumka y demás burócratas. La tarea es enfrentar a su propio Estado imperialista, apoyando la lucha de liberación nacional de los trabajadores y pueblos semicoloniales en todo el mundo. Luchando también contra las consecuencias de las malas condiciones de salubridad en los lugares de trabajo en medio de la pandemia, contra los despidos, el desempleo y los recortes de salario y conquistas a partir de un programa de transición y, retomando las mejores tradiciones de la clase obrera norteamericana: las tomas de fábrica, los piquetes de autodefensa y la huelga. No se tratará de luchas meramente económicas, ya que la dinámica planteada por la situación hace necesario que, desde el minuto uno, se plantee el problema del armamento, de cómo desarmar al enemigo y del enfrentamiento al Estado burgués. Desde la TRCI luchamos denodadamente por aportar a construir un Partido Obrero Revolucionario en EEUU, que será una de las secciones pilares de la cuarta internacional reconstruida. Insistimos en la urgencia de organizar una Conferencia Internacional por la reconstrucción de la IV internacional, donde las corrientes que defendemos el programa de la dictadura del proletariado pongamos en marcha la gigantesca tarea de comenzar a saldar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase.

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina