Muertes obreras y el derecho a la vivienda

El 07 de noviembre acaban de morir calcinados en un campamento familias enteras en un incendio en la ciudad de Coronel en la Región del Bio Bio. Según la prensa habría 14 fallecidos, entre ellos 8 niños y 6 adultos, donde por los precarios materiales de construcción de las viviendas el incendio se propagó rápidamente. Seguramente la investigación que se inicia concluirá que el problema es de haberse calcinados era de ellos mismos por estar viviendo en un campamento “ilegal” como si el capitalismo les dejara otra opción.

Se trata de familias obreras migrantes que se encontraban sobreviviendo en paupérrimas condiciones en busca del “oasis” que les prometieron. Ahí quedó la retórica del gobierno de ayudar a las familias que sufren de estos siniestros que ya son hasta naturalizados. Para lo único que han servido las políticas de éste y los anteriores gobiernos es para subsidiar a los negocios de las inmobiliarias, además de garantizar los negocios de las forestales en la zona.

La política del gobierno de bonos para la construcción de viviendas destruidas por incendio en anteriores tragedias que afectan a los sectores más pauperizados de la clase obrera y el pueblo pobre no atacan el principal factor del problema de la vivienda, que es el negocio de los capitalistas de las construcción así como la defensa de la gran propiedad del suelo. Es más el gobierno ha buscado aplacar la lucha por la vivienda con la cooptación estatal de dirigentes y leyes represivas como la recién aprobada ley “antitomas”, que prepara el desalojo de miles de familias que viven en campamentos y la criminalización de los sectores que luchan.

La única salida al problema de la vivienda vendrá de la mano de la clase obrera. Los sindicatos junto a las organizaciones obreras y populares deben imponer a las patronales un plan de construcción de viviendas, expropiando a la gran propiedad privada para la construcción de estas y la confiscación de los materiales de construcción.

Además de esto debemos levantar una investigación independiente a las instituciones del estado burgués, para establecer los culpables de estas muertes obreras e imponer sanciones y pago de indemnizaciones a los familiares ante las patronales tanto privadas como del estado.