El problema de la vivienda

Por Carlos Reyes

La dominación capitalista en su afán de acumulación y ganancias de riquezas a costa de la superexplotación de la clase trabajadora y el pueblo pobre, es indiferente en torno a las necesidades básicas de las masas oprimidas. Solo a costa de lucha y organización obrera y popular se han podido conquistar mínimos derechos sociales, los que constantemente corren el riesgo de ser arrebatados.

En los países dominados por el imperialismo (semicolonias) la situación es aún más grave. La dependencia económica y el saqueo de las riquezas, garantizada por gobiernos títeres, imposibilitan obtener o sostener en el tiempo mínimos derechos en salud, educación, entre tantos otros.

En la larga lista de carencias que impone el capitalismo, una de las que más duele es la negación al derecho a vivienda.

Históricamente las clases oprimidas han sido abandonadas a su suerte con el tema de disponer de un espacio donde residir. Las privaciones de todo tipo siempre han sido la norma.

Pero en la medida en que el capitalismo surgía y se expandía hacia cada rincón del planeta esta situación se exacerbo. Los centros urbanos crecieron como nunca antes, a costa de la explosión demográfica que produjo la presionada migración campo-ciudad, única forma para garantizar la dominación capitalista sobre la clase obrera y el pueblo pobre.

De este modo la burguesía impuso una configuración de las ciudades acorde a un diseño clasista, segregador y físicamente muy limitado, del que también sacan jugosas ganancias los capitales dueños de constructoras e inmobiliarias, quienes en la práctica controlan la edificación de las llamadas viviendas “sociales”.

Al dejar esta problemática al mercado, el estado burgués jamás pudo y podrá dar solución al derecho a techo. Siempre pondrá en primer lugar la propiedad privada ante las “soluciones habitacionales”.

Chile no ha sido la excepción a esta realidad. Los trabajadores hemos tenido que luchar constantemente por conquistar un sitio donde vivir.

A mediados de la década del 50’ del siglo pasado comenzaron una serie de tomas en las periferias de las ciudades que decantaron en grandes poblaciones. Se debió enfrentar al estado y sus fuerzas represivas para imponer el derecho a casa.

Posteriormente se establecieron desde los gobiernos de turno, escuálidas políticas públicas sobre la vivienda; en donde reina la especulación por parte de los propietarios de terrenos y la banca se enriquece a costa de endeudar de por vida a las familias de escasos recursos.

A partir de ese contexto han surgido múltiples organizaciones de pobladores que se organizan en torno a la demanda habitacional. Algunas de ellas solo con el afán de escalar en puestos de la institucionalidad burguesa, como lo es actualmente “UKAMAU”, y otras ubicándose desde una izquierda critica al modelo, pero en una lógica de presión al régimen que a larga altera muy poco la desidia del régimen en torno a esta materia.

La democracia burguesa al servicio de la propiedad privada y el capital inmobiliario.

La demanda de la “casa propia” siempre ha sido un factor de organización y lucha contra el estado y la propiedad privada.  Desde el nacimiento de históricas poblaciones con las tomas, las protestas contra la paupérrima infraestructura de las viviendas “sociales” (“casas Copeva” “casas chubi”) y el surgimiento de comités de allegados y agrupaciones de deudores habitacionales, hasta hoy se ha mantenido una continuidad organizacional en torno a esta problemática.

Los muy escasos avances en esta materia solo han sido fruto de la lucha de los cientos de organizaciones que se desenvuelve en este plano de la lucha contra el capitalismo. Pero es insuficiente.         La crítica situación que afecta a miles de familias trabajadores sin hogar nos obliga a desconfiar de los gobiernos y sus migajas.

Modestamente afirmamos que el derecho a vivienda se debe conquistar desde la clase obrera y sus sindicatos. Golpeando donde más le duele al capital, en sus industrias, faenas y servicios. Ejerciendo el control de los trabajadores sobre la patronal, la producción y la administración. De esa manera se podrá instalar e imponer la demanda hasta el final.

Al gobierno Boric no le ha temblado la mano a la hora de desalojar y reprimir con fuerza decenas de tomas, dejando a cientos de familias en la calle (toma “Dignidad”, “Cerro 18”, etc.).

Un caso dramático es el de la toma de San Antonio. Mas 4500 de familias trabajadoras se han enfrentado a meses de estigmatización y de amenazas de desalojos que se concretarían en enero del 2026.  Ante la potencial crisis humanitaria que produciría tal situación, el ministro de vivienda salió a poner paños fríos anunciando una falsa “expropiación” y un programa de construcción a largo plazo.

No debemos confiar en las instituciones del estado ni en las organizaciones que nos hacen sembrar esperanza en ellas.

Se debe expropiar esos terrenos y el de todas las tomas existentes sin indemnización y su reconstrucción y mejoras deben ser bajo control de las organizaciones obreras y populares. Todo esto en coordinación con los sindicatos de la construcción e industrias afines que deberán poner a disposición mano de obra pagada por sus patronales y también expropiar los materiales necesarios para las obras

Debemos imponer a la burocracia sindical un congreso de delegados de base que defina un plan de lucha para alcanzar una solución habitacional definitiva para todos los trabajadores.

En ese congreso se deberá desde señalar los métodos de cómo enfrentar la represión en los desalojos hasta pensar la planificación de los nuevos y mayores barrios obreros que se construirán sobre las ruinas del régimen burgués.